El 20 de noviembre pasado fue el 25 aniversario de la muerte de Franco y, tres días más tarde, la coronación de Juan Carlos como rey de España, que abrió la etapa de la monarquía parlamentaria. Oficialmente los actos del aniversario de la proclamación del rey Juan Carlos han sido la referencia política de estos últimos días y han ido acompañados de toda una parafernalia propagandística a través de los medios de comunicación en la cual con total unanimidad, sin oposición, ni siquiera de matiz, de la izquierda, se ha presentado, enaltecido y loado como paradigma de hombre de estado moderno y democrático al monarca que ha "pilotado" la nave del estado hacia la "democracia" desde una dictadura. Durante esos días asistimos a todo el despliegue de los medios de comunicación para celebrar el acontecimiento. Sin embargo, el aniversario de la muerte del dictador, que también se conmemoraba ha pasado intencionalmente a un segundo plano. El mismo gobierno de Aznar presionó, hasta eliminarlo de la programación, para que la televisión pública eliminara un programa especial sobre el franquismo para dejar en exclusiva los programas alusivos al rey. Toda una legión de corifeos de la monarquía, periodistas, historiadores y políticos, a sueldo del régimen, no han dejado de elogiar los 25 años de reinado, llegando la adulación hasta extremos ridículos. Para ellos el rey ha sido "el piloto del estado", "el motor del cambio democrático", "el hombre excepcional que ha sabido moderar por encima de los intereses partidistas", "el garante de la paz y símbolo de la unidad y democracia de la nación", y hasta la izquierda lo presenta como "el rey republicano". Como tampoco la realidad social del paro, los accidentes laborales, la subida de precios y la precariedad laboral etc., pueden ocultarse detrás de toda la verborrea monárquica y democratera de los medios políticos.

No deja de sonrojar los piropos que recibe con su actuación en el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sus hagiógrafos y dirigentes políticos, desde los socialistas, hasta del PCE, pasando por la derecha, destacan su actuación como "salvador de la democracia". Su actuación tan "democrática" llama la atención cuando la mayoría de los integrantes del golpe no fueron juzgados y los que lo fueron, a penas de prisión muy suaves. Se intentó que el aparato de estado no sufriera, pues los políticos de la burguesía tratan con benevolencia a sus verdugos que son un arma insustituible cuando peligra el orden establecido. En toda la tradición de pronunciamientos e intentos de golpes de estado reaccionarios, la burguesía ha protegido y protege siempre a los facciosos. Sus hombres políticos saben bien que un día pueden utilizarlos si los necesitan. Desde Sanjurjo en 1932, hasta Pinochet los políticos de la burguesía tratan de proteger la integridad de los cuerpos represivos y suavizar al máximo las condenas si se ven obligados a juzgarlos. El intento de golpe de estado del 23-F fue la culminación desesperada de una serie de complots reaccionarios que los gobiernos de la monarquía dejaban hacer y que todo el mundo sabía que el ruido de sables conspiraba en los cuarteles, a cargo de un pequeño sector del ejército franquista que intentó volver a los tiempos de la dictadura pero sin apoyo de la población, ni institucional. La estabilidad política no estaba en entredicho y los apoyos de los golpistas en el propio ejército como en la sociedad eran débiles.

Los aduladores del monarca dicen de él, que está por encima de los partidos, comparan la casa real española con la británica para explicar su moderación en los escándalos, que los medios de comunicación ocultan. Intentan hacer de él una figura por encima del bien y del mal que encarna la nación y de las clases sociales. Estas ideas no son más que falsificaciones de la realidad del sistema burgués. La realidad es que son los poderes económicos los que gobiernan este país y la monarquía su pantalla protectora. Se ha llegado a extremos tan ridículos que la multinacional automovilística Mercedes ha pagado un anuncio periodístico agradeciendo al monarca habernos conducido "hasta aquí con tanta seguridad". Los servicios prestados a la burguesía han sido importantes. La confirmación del agradecimiento al rey es el regalo que un grupo de empresarios le ha hecho: un yate de lujo de cientos de millones de pesetas. Resumiendo, se ha presentado a Juan Carlos como el "prestidigitador" que supo con astucia pasar a la "democracia" sin violencia, simplemente con una reforma legal del franquismo.

La monarquía juancarlista, una herencia de la dictadura franquista

A pesar de toda la propaganda del régimen es difícil de ocultar el papel de Juan Carlos, como heredero de una dictadura, al servicio de la burguesía española y como recambio de ésta en el mantenimiento del orden establecido. Por mucho que hablen de las "intenciones" democráticas del monarca el hecho indiscutible es que Juan Carlos fue durante años, príncipe instituido por Franco, y ocupando la jefatura del Estado en las enfermedades del dictador responsable, por consiguiente, de un régimen de terror en el cual, cualquier movilización obrera terminaba con la represión y se perseguía con saña a los militantes de izquierda.

La dictadura franquista fue un régimen político nacido de una guerra civil contra la clase obrera. La guerra civil y la primera década del franquismo supuso la exterminación física de toda la vanguardia obrera que durante años habían construido el movimiento obrero español. Miles de obreros y militantes fueron fusilados en las tapias de los cementerios, o en los patios de las prisiones o en las mismas comisarias después de interminables torturas. Fueron años de miseria y explotación de los trabajadores y de grandes beneficios de la burguesía.

Y es en estos años que Franco elige como forma de estado a la monarquía y pacta con Juan de Borbón, la venida de su hijo, su educación y formación como futuro rey. En 1948 llega a España Juan Carlos, un año antes Franco había proclamado que España era un reino. En 1969 Juan Carlos era nombrado príncipe y se prepara para asumir la jefatura del Estado. Mientras era príncipe y heredero del dictador y movía sus hilos para quedarse de monarca, no movió un dedo para ni siquiera frenar la represión. Tampoco hizo nada contra los últimos fusilamientos de Franco agonizante, cuando él había asumido días antes, la jefatura del Estado. Y muerto Franco, fue responsable como jefe de estado de la represión y los asesinatos del régimen de los años que "pilotó" la transición, ahora tan alabada. El régimen franquista no fue más que la forma política de dominación de la burguesía contra la clase obrera con la brutalidad y el ensañamiento del fascismo en el temor de verse desplazada del poder. Su herencia, la monarquía Juancarlista la perpetuación de esa dominación a través del parlamentarismo y la integración de las organizaciones obreras en el Estado.

Al final de los años de dictadura, el país, la clase obrera había cambiado, nuevas generaciones habían formado otro movimiento obrero distinto al anterior de la guerra civil. La burguesía y los mismos políticos del régimen sabían que la brutalidad y la represión podían desembocar en un periodo de inestabilidad que pudiera hacer peligrar su estabilidad. Lo sabían, porque estaban padeciendo como las huelgas y los conflictos obreros desbordaban una y otra vez el sindicato vertical y la legalidad y que la represión lo único que hacía era aumentar y extender los conflictos. Pero para eliminar la brutalidad y la represión era necesario controlar el proceso hacia el parlamentarismo manteniendo el aparato de estado, y crear las fuerzas políticas derechistas creíbles que permitieran mantener el orden social con imagen "democrática". Y para eso era fundamental pactar con la izquierda su integración en el nuevo régimen pues eran las opciones políticas de izquierda las únicas, que con su aprobación, darían el carnet democrático a la monarquía. Para ello las fuerzas burguesas jugaron con el papel del rey como gozne que abriera otra etapa, manteniendo sin fisuras el aparato de estado clave para el mantenimiento del poder de la burguesía.

Juan Carlos y la transición política

Se está presentando al rey como el genial político que comandó el cambio hacia la democracia. Podemos decir que el papel del monarca durante estos años garantizó la continuidad del aparato de Estado y garantizaba la dominación de la burguesía. Ya desde los años 70 y acentuándose desde la mitad de la década el gran capital representado en los gobiernos franquistas a través de lo que se llamaba los "tecnócratas" del Opus Dei, comenzó a buscar el recambio a la dictadura. La revolución de los claveles portuguesa en 1974 encendió las luces de alarma. Pío Cabanillas ministro de Información y Turismo, del sector "evolucionista", mandó en secreto a Manolo Alcalá y a un equipo de TV a filmar los sucesos. Este reportaje que no fue emitido públicamente, lo vieron exclusivamente el gobierno Arias al completo. Había que procurar el recambio. Estaban advertidos de lo que podía ocurrir.

Juan Carlos comenzó a mover los hilos tanto en el exterior como en el interior. Buscaba los apoyos necesarios que le permitiera mantener la monarquía y trabajaba para que los hombres del régimen crearan una fuerza política que estabilizara la situación en un contexto parlamentarista creíble. Desde la muerte de Franco y con el gobierno Arias el franquismo intentó reformar lavando la fachada al régimen. Pero los acontecimientos políticos y sociales del momento impedían cualquier salida al régimen que no fuera pactada con la izquierda ante el auge de las movilizaciones. Cualquier problema social o laboral se convertía en un problema político que ponía en solfa el aparato del régimen. Pues el dogal que era el franquismo, se cuestionaba cada vez que las necesidades obreras se exigían ya que la legalidad era subvertida. No había otro remedio. Desde una protesta vecinal, hasta un conflicto obrero o estudiantil, rompía el límite que imponía el franquismo y la solución de los problemas llevaba inevitablemente a vulnerar la legalidad. España era en 1969 uno de los cinco países europeos con más huelgas, estando prohibidas. A mediados de los 70 y con la muerte de Franco la conflictividad subió a cotas insoportables para el régimen franquista. Felipe González declararía en una entrevista: "la fragilidad de la dictadura era infinitamente mayor de la que nosotros estimábamos entonces", puesto que él y su partido estaban prestos a pactar.

A partir de los acontecimientos de Vitoria en marzo de 1976 los políticos reformistas del franquismo tuvieron que acelerar el recambio. La disolución de una asamblea obrera de huelguistas del metal en Vitoria que estaban reunidos en una iglesia concluyó con el asesinato de 4 obreros por la policía. La huelga general que ocurría en la ciudad se extendió por todo el País Vasco y hubo actos de protesta por todo el país. Juan Carlos ante la crisis de gobierno nombró a Suárez que puso en práctica la "reforma" política y desde el poder pactó con la izquierda. El rey había contactado ya con Santiago Carrillo, secretario general del PCE en esos momentos, y le trasmitía a través de intermediarios la necesidad de frenar las movilizaciones para que fuera legalizado. Lo mismo había ocurrido con Felipe González secretario general del PSOE.

Las luchas obreras de hace 25 años habían desbordado el sindicato franquista, que se veía impotente para encuadrar a los trabajadores e imponer la congelación salarial que la patronal demandaba. El asesinato en enero de 1977 de los abogados del gabinete laboralista de CCOO de la calle de Atocha, probó la fuerza militante y el control político del PCE de los acontecimientos. El Partido Comunista organizó la manifestación de duelo en el entierro, pactado con el gobierno Suárez, y dio la orden de mantener en silencio todo el recorrido. No hubo más protestas. Santiago Carrillo había mostrado a Suárez, a Juan Carlos y a la burguesía que era un partido de "orden" y que podía ser legalizado, lo que ocurrió poco antes de las primeras elecciones.

La crisis económica acentuaba la necesidad de estabilidad para la burguesía. Vuelven miles de emigrantes y los salarios pierden poder adquisitivo pues los beneficios del capital se obtienen por la subida de precios. En este contexto económico y social, plagado por doquier de conflictos obreros, la inestabilidad política hace que miles de millones de pesetas huyan hacia paraísos fiscales en una total impunidad. La lista de los evasores de capital es de más de 100 personas todas ellas conocidos apellidos de la burguesía española. El sumario judicial es sobreseido.

Para poner en cintura al movimiento obrero y pasar el trágala de las medidas antiobreras era necesario que Juan Carlos y su gobierno lograran la legitimidad de la población. Esta sólo era posible si la izquierda se la daba. Jordi Solé Tura, que fue dirigente del PCE y ahora del PSOE escribió hace unos días en El País que gracias al pacto de la izquierda con la Monarquía tenemos la democracia. Para muchos militantes de base del PCE que tenían mitificada la República, la aceptación de Santiago Carrillo de la bandera y de la monarquía fue un trago amargo que aceptaron a cambio de la legalización. Con los Pactos de la Moncloa y los que vinieron después las organizaciones obreras y partidos de izquierda pactaron medidas contra la clase obrera que supusieron la bajada de salarios y la desmovilización y como consecuencia el paro aumentó vertiginosamente. Un semanario de la época Cuadernos para el Diálogo - escribía en su editorial a propósito del Pacto de la Moncloa: "...Saben de antemano los partidos de izquierda- que para enderezar el sistema económico en que estamos inmersos, el fondo de las recetas aplicables son de índole capitalista. Es decir, soluciones de una clase en detrimento de otra". No caben dudas en la responsabilidad del PSOE y PCE en el mantenimiento de la monarquía. Justificándose en la crisis económica y en la necesidad de sacrificios los grandes empresarios cerraron cientos de empresas, el paro fue subiendo, de 230.000 en 1975 a los 2'3 millones de hoy. De una seguridad en el empleo se ha pasado al 50% de los trabajadores en paro o con trabajos precarios y a la congelación de los salarios. Todos los gobiernos de un color u otro de la monarquía han hecho un buen trabajo a la burguesía: han reflotado bancos, subvencionado empresas, beneficiando a la burguesía y han hecho pagar a los trabajadores con sus salarios, sus impuestos, el paro y la precariedad, el beneficio y el privilegio de los más ricos de este país.

¿Monarquía o república?

En los ambientes de la izquierda durante el franquismo nadie aceptaba la monarquía como forma de gobierno. La idea extendida era que Juan Carlos alias "el breve", era el representante de una monarquía que había instituido Franco y que poco duraría a la muerte de su padre político. Pero he aquí que en los programas de la Junta Democrática organismo interclasista que al PCE y a personalidades burguesas, fundamentalmente agrupó y después la Plata-junta ya con el PSOE y otros partidos de extrema izquierda -, se indicaba la necesidad de obtener las libertades democráticas dejando a un lado la polémica de la forma de Estado. Es más el PCE con Carrillo a la cabeza intentó que el manifiesto inaugural de la Junta Democrática fuera firmado por Juan de Borbón que naturalmente se negó. Cuando Carrillo impuso la aceptación de la bandera borbónica roja y gualda, la monarquía, sin previo aviso y ni debate en el orden del día, - en el célebre pleno del comité Central en Madrid previo a la legalización en 1977 -, lo hizo argumentando los momentos difíciles que vivía España con el Ejército franquista en el poder y que el problema político no pasaba por la oposición "monarquía o república" sino entre "dictadura y democracia". Había que conseguir las libertades públicas y eso era lo que importaba. Para muchos militantes del PCE esto supuso tragar sapos y culebras, más cuando habían sido formados en la idea de la II República como legalidad democrática, legítima por tanto, que el franquismo aplastó. Durante años, habían vivido una idealización de la II República, en la cual se intentaron hacer las reformas sociales que el cerrilismo reaccionario de la derecha no dejó realizar. La República, sería en esta mistificación, el régimen progresista que haría avanzar al pueblo español. Actualmente cuando algún dirigente de la izquierda quiere hacer un gesto izquierdista levanta la bandera de la república. Anguita por ejemplo, en la fiesta del PCE de Madrid de hace algunos años, levantó los aplausos de los asistentes cuando defendió y propugnó el régimen republicano. En cualquier actividad o mitin de las Juventudes Comunistas se ve destacada la bandera republicana y en sus publicaciones tienen a gala de izquierdismo su defensa de la República. Este verano fueron juzgados en Huelva militantes de la JCA por levantar una pancarta contra el rey en una visita de éste a la ciudad. Entre algunos sectores de la extrema izquierda la República es levantada como régimen más progresista opuesto a la Monarquía. Todo ello no obedece más que una idealización de lo que la República representó en nuestra historia del movimiento obrero.

Pero la II República en realidad no fue más que un régimen burgués que reprimió con saña cualquier intento del proletariado español de mejorar sus condiciones de vida Casa Viejas, Octubre asturiano etc.- y que protegió a golpistas, como Sanjurjo o Mola, le dio poder a militares africanistas, como Franco para reprimir y asesinar obreros, - Asturias en el 34- e impedía con toda su "legalidad" las legítimas aspiraciones de los jornaleros a la tierra en manos de los latifundistas.

La tradición republicana en la izquierda española viene de lejos y su idealización corresponde al contexto social y político en el cual nace el movimiento obrero español. En el siglo XIX España es un país atrasado con una burguesía débil con rasgos feudales arraigados y un sistema político caciquil que hacía de la farsa electoral una evidente dictadura de la oligarquía terrateniente y capitalista. Para los hambrientos jornaleros y campesinos españoles, entonces la inmensa mayoría de la población vivía en el campo, la República era la aspiración idealizada a la tierra y en la ciudad la solución a los problemas de los obreros, el paro endémico, la miseria y el hambre, así como el federalismo la solución al problema nacional. Era la Arcadia feliz que dirigentes socialistas y anarquistas se encargaron de difundir. Ya con la I República y la revolución cantonalista, Engels criticaba la postura de los anarquistas que negándose a "la política" terminaron apoyando a los republicanos burgueses, en una primera edición de lo que sería después la participación en los gobiernos del Frente Popular, mientras que se negaban a crear un partido obrero y a participar en las elecciones con independencia de la burguesía.

Al final de la década de los años 20, ya en el siglo XX, la crisis social, acentuada por la guerra colonial rifeña, hacía imposible mantener la farsa caciquil del turno de partidos con el que mantenía la dominación política de las clases dominantes. La dictadura de Primo de Rivera no hizo más que acelerar la crisis. La Monarquía como forma de estado apresuraba más que estabilizaba, la lucha de clases. La II República llegó para el proletariado español, como agua de mayo en primavera. Para los trabajadores, jornaleros u obreros industriales, la Monarquía encarnaba toda la explotación de las clases dominantes con el dominio asfixiante de la Iglesia. La República era la panacea idealizada de la justicia por fin llegada. Pero resultó, cruda realidad, que la República fue todo lo contrario: era una forma burguesa de poder, y como la monarquía, reprimía más que otra cosa a los obreros y en definitiva protegía a los de siempre. Sólo había hecho posible una cosa: había ampliado todas las contradicciones de la explotación burguesa y había permitido que las fuerzas obreras se desarrollaran. Pero este objetivo político, que es el que de verdad necesita la clase obrera, no era explicado por los partidos que se decían de la clase obrera. Si algunos anarquistas y sectores de la CNT apoyaron las ansias revolucionarias de los trabajadores, su incapacidad política de comprender la necesidad de utilizar los resortes de la república burguesa, debido a su "apoliticismo", les lanzó a un insurreccionalismo estéril que agotaba las energías revolucionarias, para terminar por apoyar a la república burguesa entrando en el gobierno en plena revolución. Para los socialistas y el PCE la "legalidad" republicana había que defenderla contra la revolución y las aspiraciones del proletariado español, lo cual no hizo más que facilitar el camino al fascismo. La derrota de la República ante el fascismo no fue realmente la derrota de la "democracia" frente a la "dictadura", como si las formas políticas de gobierno fueran autónomas, sino que fue la derrota de los trabajadores españoles frente a la burguesía, en un combate en el cual sus dirigentes les hicieron confiar en la República, cuando era un régimen burgués, en vez de utilizarlo para desenmascarar y destruir la verdadera dominación que subsiste en estos regímenes, a saber, la dominación de los poderes económicos de la burguesía.

El franquismo cortó de raíz, con la guerra civil y la represión, el movimiento obrero anterior. Años de tradiciones de luchas, experiencias sociales y políticas fueron anuladas. Pero el propio desarrollo del capitalismo hizo crecer nuevas generaciones de trabajadores que continuaron la lucha, casi desde cero. Las condiciones sociales habían cambiado. España en los años 60 se había convertido en un país urbano e industrial. El papel de la tierra había pasado a un segundo plano y el movimiento obrero había vuelto a renacer dentro de los sindicatos franquistas. CCOO había nacido como creación propia de la clase obrera ante las condiciones de la dictadura y, una y otra vez, ponían en crisis todo el aparato del régimen incapaz de mantener su legalidad. Pero la clase obrera era fruto de experiencias distintas a la anterior a la guerra. La emigración, el esfuerzo personal, la negociación de los convenios habían logrado mejoras en los niveles de vida de los trabajadores, se habían creado capas de trabajadores industriales que conformaron una aristocracia obrera en la cual se apoyaron los dirigentes de CCOO y de la izquierda para buscar una integración en el aparato de Estado. Sólo faltaba que legalizaran su situación de sindicalistas y diputados. Por eso la conciencia sindical y económica creada en esos años estaba potenciada por los sectores más reformistas de la izquierda que no iban más allá de la consecución de un régimen parlamentario. Carrillo tenía razón cuando decía, que lo importante eran las libertades públicas. El problema fue que las quería para buscar su sitio reconocido, su sillón en un sistema parlamentarista al uso europeo y no para desenmascarar la verdadera dominación de clase y avanzar en las conquistas obreras. Porque el PCE - el PSOE no se queda a la zaga -, nunca había explicado la naturaleza de clase de la II República, le fue fácil aceptar la monarquía, pues tampoco explicó la naturaleza de clase de ésta, sino que promovía y promueve la explicación ramplona del democratismo burgués. Cuando la extrema izquierda intentó recoger la bandera de la República que había abandonado el PCE al aceptar a Juan Carlos, se encontró que para la mayoría de los trabajadores la república no significaba nada y no respondía a sus intereses inmediatos.

La extrema izquierda no se había enterado de que era necesario utilizar la legalización de las organizaciones obreras para preparar el futuro ganando militantes y credibilidad entre los trabajadores y no creando ilusiones infundadas en sus pocos militantes con un activismo y agitación fuera de la realidad. La estabilización del régimen monárquico, apoyado por PSOE e IU, y la defensa del "democratismo" por la izquierda, impide una aproximación a la realidad de la clase trabajadora. Es precisamente esta falta, entre otros factores, lo que hace necesario crear la organización política que explique los problemas sociales y políticos desde el punto de vista de los trabajadores. Actualmente para los trabajadores habría poca diferencia entre una república como la francesa por poner un ejemplo, que el régimen actual de monarquía. Porque el problema de fondo no es monarquía o república, es la dominación de clase, el orden social de la explotación de los trabajadores y de los más débiles por la burguesía. Naturalmente hubiéramos preferido una república democrática a la monarquía Juancarlista, pero siempre para poder permitir a los trabajadores y a los revolucionarios avanzar en nuestras conquistas de clase y no como anestesia a la situación de explotación.

La democracia hoy como sustituto de la república de ayer

En los días del aniversario todas las posiciones políticas parlamentarias hacen uso de los argumentos liberales de la defensa de la "democracia", "superada la alternativa republicana", como panacea política y bálsamo milagroso contra cualquier enfermedad política y social. Parece como si se viviera en el mejor de los mundos posibles. Con las elecciones, las libertades, vienen a decir, se puede conseguir cualquier objetivo político. Sólo hace falta presentarse a las elecciones y difundir tu programa político. Venden la falsificación de que parlamentarismo y libertades políticas son sinónimos de poder del pueblo que elige libremente la opción política que desea. Para ellos papeleta de voto y cambio social son los términos de una igualdad. Cualquier vía que no sea la electoral está invalidada pues es la garantía de "la paz y la libre convivencia". La izquierda parlamentaria defiende estas ideas contribuyendo así a la ilusión de que el pueblo tiene el poder y si vota a la derecha, pues "tendrá lo que se merece", y a esperar otros cuatro años. La defensa de la Constitución que hacía Anguita exigiendo que se cumpliera o la que hacen los socialistas de la "monarquía democrática" se enmarcan en este contexto. Estos políticos mezclan y asocian libertades políticas con todo el sistema estatal y jurídico para parecer que el que se oponga a la democracia de los capitalistas propugna una dictadura. Para los trabajadores la libertad de expresión y asociación, como toda protección jurídica ante el capital es un bien precioso. Pero esto no significa la aceptación del sistema político que sirve a la burguesía.

La opresión política bajo el régimen dictatorial del franquismo ofrecía más claramente, a los ojos de la población la naturaleza de la clase social que domina. La prohibición de las mínimas libertades políticas, ofrecía a los trabajadores una idea evidente de quiénes utilizaban el aparato de estado y para qué. La misma represión era la disuasión a cualquier intento de cambio social. Dominio político y dominio económico y social estaban unidos y era más fácil descubrir al servicio de quiénes estaban los políticos y el estado. En cada pueblo, en cada ciudad todos sabían a quienes estaban ligados los políticos de la dictadura. El terrateniente, el banquero, la patronal dominaba directamente los aparatos de estado. Por eso cualquier problema por nimio que fuese que la clase obrera lo luchara, provocaba un conflicto que descubría al patrón detrás del sindicato vertical o del ayuntamiento y se convertía en un problema político.

En los regímenes parlamentaristas europeos, donde los poderes económicos son muy fuertes, hace más difuso la visión de la dominación de la burguesía y permite a ésta en periodos de más o menos prosperidad de mantener una paz social con todo un entramado sindical y político que cumplen la función de integración en el estado de sectores de los trabajadores. La llave que le permite a la burguesía mantener el espejismo de que es el pueblo el que tiene el poder mediante las elecciones libres es la separación de la esfera económica de la sociedad y de la política. Para la idealización burguesa de la sociedad el poder político bajo el llamado "estado de derecho" y la "democracia" es el que legítimamente gobierna y decide sobre la sociedad sea cual sea su clase social. Todos somos ciudadanos iguales en derechos y deberes. En la Edad Media, bajo el feudalismo, el poder político y poder económico y social eran una unidad. El señor feudal era el estado en su feudo, impartía justicia, cobraba impuestos etc., recaía sobre él los atributos del poder y a su vez era el poder económico. Con el desarrollo de la burguesía era necesario romper esta unidad pues su poder económico basado en la mercancía y en la propiedad privada necesitaba de las libertades que permitiera separar las dos esferas la económica y la política- para así poder desarrollar el capitalismo. La Revolución Francesa del XVIII impuso ante el antiguo régimen feudal conquistas políticas que abrieron paso a la era de la burguesía. La democracia burguesa fue un paso adelante de la humanidad que desarrolló el capitalismo. El que fuera un paso adelante respecto al antiguo régimen no significa que anulara el conflicto de clases. Todo lo contrario: el capitalismo como sistema económico acentúa el conflicto. El dominio del capital es absoluto en todos los niveles de la sociedad e internacionalmente lleva muchos años imponiendo su imperio. Es una verdadera dictadura la del capital que impone su política contra los trabajadores para mantener sus beneficios. Es la propiedad privada y el poder económico que le confiere el capital el que verdaderamente domina y todo ello bajo la mira del beneficio de la explotación de los trabajadores en los negocios de la burguesía que hace de aquel el móvil sine qua non de toda actividad económica.

El verdadero dominio de la sociedad está en los poderes económicos de las grandes empresas, la banca las multinacionales, los truts, reales potentadores de la sociedad. Este poder del capital lo trastoca todo y creer que en la democracia política bajo este sistema hay posibilidades de cambiarlo o mejorarlo es estar en el limbo. Cualquier mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad en este sistema es temporal y de una desigualdad sangrante. Creer que con sus sistemas políticos a estas alturas es engañar. No hay más que ver a donde recalan los ministros "demócratas" después de una legislatura. Los Boyer, Solchaga, Martín Villa etc., se convierten en dirigentes de las grandes empresas o en gestores de sus negocios. Hasta la "democracia" americana paradigma de "libertades" ha mostrado lo que es en las últimas elecciones presidenciales: un aparato propagandístico de los ricos. La burguesía ha impuesto su dictadura política cuando su dominación en la sociedad se ha visto cuestionada o necesitaba una estabilidad política o ha hecho su "transición" a un régimen parlamentario cuando lo necesitaban. Desde 1848 en Francia la burguesía en todo el mundo ha preferido adelantarse para aplastar con la mayor violencia a los trabajadores cuando estos empiezan a tener conciencia de su fuerza. Son sus hombres políticos y del aparato de estado los que utilizan dependiendo de sus necesidades en unos regímenes u otros. En el Chile de Allende, impusieron una dictadura con los militares que el propio Allende había nombrado. Cuando la ocasión se hace propicia y eliminaron físicamente a toda una vanguardia obrera esos mismos hombres hicieron su "transición" a la "democracia". Lo mismo pasó en Argentina y después de la muerte de Franco en España.

No denunciar la naturaleza de clase del Estado y de la monarquía "democrática" es un engaño y una traición a los trabajadores. Que lo haga la derecha es lo lógico, pero que lo hagan los que dicen defender a los más débiles contra los poderosos es una ignominia a la clase trabajadora.

Los 25 años y la clase trabajadora: no hay nada que celebrar

La muerte de Franco y la monarquía permitió ciertas libertades públicas dejando que los trabajadores puedan organizarse y expresar a los revolucionarios sus ideas políticas, la situación de relativa calma social se encarga de aparentar el "España va bien" y los logros de la "democracia" ante la opinión publica. Pero en toda "democracia" lo es más para unos que para otros y en un sistema capitalista la relación social de explotación hace imposible la realidad de la igualdad. Con la pantalla de la "democracia" el balance para los trabajadores no puede ser más negativo. La regresión social para la mayoría de los trabajadores es un hecho. Y aunque parezca paradójico, existe una opinión extendida entre sectores de trabajadores, que vivieron la transición y los años finales del franquismo, que perciben estos años como una época en la cual se avanzó económicamente y socialmente y que ahora "se está peor". Sectores de trabajadores se han empobrecido respecto a años anteriores y en la memoria de esos sectores obreros están los años de lucha y la consecución de reivindicaciones ante la patronal. Y no es extraño. En estos 25 años se ha producido una vuelta atrás en la protección social, la contratación y los salarios de la mayoría de los trabajadores.

Las nuevas generaciones que conformaron el nuevo movimiento obrero en los años 60 y 70 no tenían mucho en común respecto a las tradiciones de lucha, ideas y hábito de clase de los trabajadores anteriores a la guerra civil. Los dos millones de jornaleros andaluces y el hambre crónica dio paso a los casi 200.000 de hoy en día y en una progresiva regresión. La sociedad rural y caciquil dio paso a la sociedad urbana donde la mayoría de los asalariados están en la industria y los servicios. La emigración del campo a la ciudad y al extranjero, el esfuerzo acumulado produjo una clase obrera que comenzó a hacer su experiencia en la dictadura, utilizando la legalidad franquista, las asambleas, las negociaciones de los convenios y la lucha por las reivindicaciones económicas fundamentalmente. A mediados de los 70 los cinturones urbanos estaban poblados de chabolas, chozas o casas precarias. Barrios enteros carecían de alcantarillado y de las condiciones higiénicas mínimas. A la vez que se desarrolla un auge en las huelgas y movilizaciones obreras que aumentaron significativamente los salarios, los barrios obreros se organizaron para mejorar sus condiciones urbanas y s ociales, consiguiendo

esas mejoras.

Por ejemplo, a mediados de los 70 los barrios de la zona de Su Eminencia en Sevilla eran la mayoría producto de las ocupaciones ilegales hechas por los trabajadores venidos de las áreas rurales. Las movilizaciones de esos años fuerzan la legalización de las parcelas, se construyen colegios e institutos y Centro de Salud. En su calle central el PCE contaba con una sede importante y la extrema izquierda tenía una librería que servía de reunión y propaganda del movimiento obrero y vecinal. Hoy en esta misma calle el PCE y la extrema izquierda han desaparecido, el clima social se ha enrarecido por el problema de la droga y el paro, y la marginalidad campan por la zona. Otras zonas de la ciudad han llevado la misma suerte. Hace unos días un informe de Cáritas, indicaba en la prensa que el 23'7% - 387.000 personas - de la población de Sevilla y su provincia era pobre, ganaba menos de 50.000 ptas. al mes. Si el paro en 1975 era de 230.000 trabajadores en el país, hoy ronda los 2'3 millones. La precariedad y el paro afectan al 50% de la clase obrera.

Los sectores de la clase trabajadora más débiles y los más pobres sufren más las consecuencias de las políticas que han permitido enriquecer a la patronal y a la burguesía. Mientras que los trabajadores han sufrido los ajustes con miles de despidos en estos años, el bloqueo de salarios, el paro y la precariedad, el Estado ha reflotado bancos, subvencionado empresas y despidos, privatizado empresas públicas, manteniendo al alza los beneficios del capital. Muchos trabajadores que conquistaron algunas mejoras durante esos años, han tenido poco tiempo para disfrutarlas, pues tienen que mantener a sus hijos que a duras penas consiguen un empleo y si lo consiguen en precario.

No es extraño tampoco, que hayan pasado sin pena ni gloria los actos políticos de estos días, pues los trabajadores sólo tenemos que celebrar las conquistas arrancadas a la patronal y al Estado pues éste no es más que el poder político de una clase social que se nutre del trabajo de la clase trabajadora.