El 18 de febrero los andaluces están llamados a las urnas para votar en referéndum el nuevo Estatuto de Andalucía. Décadas después de tener un Estatuto de autonomía, el nuevo pactado por la izquierda y finalmente consensuado con el Partido Popular, se presenta como un Estatuto de progreso para el pueblo.

La reforma del estatuto en Andalucía: una oportunidad para los políticos, no para los trabajadores

Todos los partidos del parlamento andaluz, excepto el PA, han aprobado la reforma. Hasta el PP a última hora la aceptó con algunos cambios semánticos para no quedarse descolgado. El PA sin embargo juega a la oposición nacionalista, a recobrar la pátina nacionalista, perdida entre gobierno y gobierno, elección tras elección, con sus luchas internas y escisiones.

Desde un primer momento PSOE e IU apostaron por la reforma del estatuto. Presentan este nuevo estatuto como un logro de la izquierda que "profundizará" nuestro autogobierno y permitirá avances sociales. Para ellos el nuevo ordenamiento jurídico significa mayor posibilidad de gestión de los recursos, es decir más dinero, más competencias en una vertebración regional del poder político. Significa también un paso más en la identidad andaluza en igualdad con el resto de las autonomías y en concreto con las históricas.

Como en el Estatuto catalán, una de las disensiones que aparecieron desde un primer momento es el término nación. Mientras que para PSOE e IU podía vadearse con frases tipo de "nacionalidad histórica", para el PP era imposible mantener los términos expuestos y para el PA se quedaba corto, era necesario y condición sine quam non explicitar el término "nación". Exceptuando este tema el PP estaba de acuerdo. El PA además aducía que la gestión de los recursos nos hacía estar por debajo de las competencias de otras autonomías como el caso de los catalanes.

Como veremos más adelante en realidad hay más de teatro y cálculo político que desacuerdo con el estatuto. En los principios el Estatuto fue aprobado por el PSOE e IU, casi el 70% del electorado andaluz y una mayoría holgada en el parlamento regional. Sin embargo, el PP se opuso desde un primer momento en su clásica postura de atacar a los socialistas. Tuvo que llegar al congreso en Madrid, para que a última hora lo aceptaran. Sabían que con su oposición y con sólo el apoyo de PSOE e IU quedarían en desventaja tras el referéndum y más aislados de la población. Podemos decir que se hicieron de rogar lo suficiente para que al final se acogieran a la normativa después de insistentes llamadas de los socialistas al consenso.

No fue así con el PA que ha calculado a largo plazo. Criticando cuestiones como la no inclusión del término "nación", o lo competencial, se han situado en una posición aún más nacionalista. Así tendrán un caballo de batalla nacionalista para reivindicar hasta las kalendas griegas, el pedigrí andalucista. Desde este prisma todos los problemas sociales se solucionan más fácilmente: somos una nación, exigimos más copetencias. Bajo esta perspectiva esperarán su futuro. El problema que tienen es quedar aislados en los márgenes del parlamentarismo.

No sabemos el índice de aceptación popular del estatuto. En general ha sido una discusión entre los políticos y la población no ha prestado interés por el tema. Tampoco a los políticos les ha interesado que haya salido de su ámbito. Pero lo que es una evidencia es que la izquierda parlamentaria andaluza va a presentar el nuevo Estatuto como un logro suyo, como un progreso para la sociedad y los trabajadores y desde una perspectiva autonomista, nacionalista, asumiendo el andalucismo de "izquierda" como algo suyo. Desde luego poco espacio le van a dejar al PA, el partido nacionalista andaluz.

El estatuto y su articulado está organizado para gestionar la explotación del trabajo

El estatuto de Andalucía será probablemente aprobado por la mayoría de los votantes andaluces el 18 de febrero. La izquierda parlamentaria va a poner toda la carne en el asador. Por eso es necesario explicar y analizar si esta nueva norma jurídica, esta ley de leyes, va a aportar algo nuevo.

Como todo estatuto autonómico será una constitución en pequeñito, para la región andaluza. Y como toda constitución, aún dentro de la constitución de 1978, supone las reglas legales por las que se regirá la población de Andalucía. Ésto supondrá que dentro del aparato de Estado nacional, un subconjunto de él, regirá el mando y el poder en Andalucía. Ésto es, una organización estatal para Andalucía con sus jueces y administración de justicia, sus servicios y administración pública, su policía, su parlamento y su gobierno. Y todo este aparato político y administrativo gestionará y mantendrá el orden social vigente basado en la propiedad privada de los medios de producción y de la explotación del trabajo en la llamada economía social de mercado.

Se podrá argumentar que el nuevo estatuto permitirá mejores servicios sociales, mayores posibilidades de participación política, mayores derechos sociales. Es posible que se pueda mejorar algo las condiciones de vida de la población e incluso de los trabajadores. Pero siempre será dependiendo de la movilización popular, del contexto económico, y no de la ley, y siempre con la frontera inquebrantable de los intereses de la gran patronal, los terratenientes y la burguesía en general que son los que tienen poder efectivo.

Los olvidos de la historia política autonómica

El nuevo estatuto avanza en lo que ha dado en llamar la "identidad" andaluza. Toda la estructura jurídico legal se justifica en la existencia de una identidad nacional, basada en una historia, una cultura diferenciada, en nuestro caso la cultura andaluza, un territorio propio y una historia política en busca de la autonomía basada en la voluntad de la mayoría del pueblo a gobernarse a sí mismo. Esta base ideológica nacionalista está presente en el estatuto. Podrán tanto la derecha del PP poner los límites en la constitución del 78, o en el caso del PA tratar de ampliarlos hacia una "nación" más diferenciada. Pero en definitiva el nuevo estatuto avanza en la constitución política de Andalucía y sus habitantes, en un pueblo diferenciado, con sus límites geográficos determinados, su cultura propia y hasta su especificidad lingüística - por cierto no se nombra el castellano como lengua-. Su legitimidad se obtiene del 28 de febrero, fecha mítica donde las haya, cuando el pueblo andaluz mediante referéndum conquistó la autonomía en contra del gobierno de Adolfo Suárez de la época, en 1981. Es su participación por el estatuto de autonomía lo que legitima la autonomía, incluso por encima de otras autonomías: "la única en reivindicar con fuerza su autonomía".

Pero habría que recordar esos tiempos para que las lagunas históricas no dejaran los olvidos que le interesan a nuestros gobernantes. Primero habría que contar el contexto donde ubicar todo ese proceso autonómico.

El general Franco ha muerto en la cama del hospital de la Paz en Madrid el 20 de noviembre de 1975. La crisis económica mundial del sistema capitalista golpea fuerte. El paro obrero sube como la espuma. A los problemas sociales, el atraso educativo, en salud, etc., hay que añadir el problema político de la dictadura. Para la clase dominante había que buscar una salida parlamentaria al estilo europeo que permitiera salir de la crisis económica y política manteniendo los privilegios y la dominación de la burguesía y de su aparato de Estado. La represión policial y de la extrema derecha atacaba a la izquierda y a los trabajadores. Los obreros muertos en Vitoria, en 1976, son un ejemplo de las más de 100 personas asesinadas por la policia o las bandas de la extrema derecha sostenidas por el aparato de Estado durante los años siguientes.

A cambio del reconocimiento institucional y la legalización, PSOE y PCE, pactan el olvido de los crímenes franquistas, el sometimiento de la clase obrera a la economía del capital por los pactos de la Moncloa y todo ello bajo la Constitución de 1978. En esta situación política el clima económico se deteriora cada vez más y los trabajadores pagan el mantenimiento de los beneficios del capital, con despidos, bajos salarios, una subida de precios galopante y paro.

En Andalucía se viven estos problemas aún más acentuados. La emigración ha sido una válvula de escape social que ahora no existe. Cientos de miles de jornaleros viven en paro. En las ciudades no hay industrias que puedan absorber la mano de obra, el latifundismo impide una reforma agraria en el campo. En esta situación los estatutos de autonomía de las llamadas nacionalidades históricas ofrecen el agravio comparativo perfecto para desviar la energía de la lucha obrera hacia las reivindicaciones autonomistas. Si los catalanes, vascos, gallegos tienen un estatuto con todas las competencias, ¿por qué no nosotros, los andaluces? Si hemos sido la mano de obra barata para los catalanes y el centralismo de Madrid, ¿por qué no exigir esa deuda histórica? A partir de estos agravios, en la situación social descrita, las manifestaciones por la autonomía del 4 de noviembre se convierten en ríos humanos exigiendo la solución del paro, la reforma agraria y la autonomía. Un muchacho muerto en Málaga, Caparrós, en 1977, por balas de la policía todavía está sin aclarar. Después vino el referéndum del 28 de febrero, la conquista de la autonomía por el artículo 151, pero no vino ni la reforma agraria, ni cambios en las estructuras sociales y todo siguió marchando por los cauces de la economía de mercado, con los problemas que hoy mantenemos: la especulación de la vivienda, la precariedad y malas condiciones de trabajo, los cierres de empresas, la falta de industrialización y el mantenimiento de una relación social de explotación en unos momentos de vacas gordas para el capital. Con una renta per capita de unos 20.000 € por habitante en todo el país, unos pocos se llevan más de la mitad del pastel producido por todos los trabajadores. Sin embargo, sí tenemos un pequeñito aparato estatal autonómico con miles de funcionarios, con cientos de políticos que viven del presupuesto público.

Hacia el imaginario nacionalista andalucista

Es en su preámbulo donde se contiene este basamento ideológico. Aún a costa de interpretar la historia a su forma, incluso falsearla, creando una evolución social que para nada se corresponde a los intereses de los trabajadores y de los más pobres. Y para ésto se oculta el problema social propio de Andalucía que no es ni más ni menos que la explotación social de los obreros, campesinos y jornaleros a manos de la clase dominante.

En este preámbulo se imagina un idílico encuentro de culturas y civilizaciones. Andalucía se convierte en un "espacio de encuentro". Pero, ¿es que estos políticos no saben de las invasiones bélicas de la península?, ¿no saben acaso de la violencia de estos periodos históricos?, ¿no saben de la explotación social de las clases populares, de la esclavitud, cuando hablan de mestizaje?, ¿no conocen lo que fue la Inquisición? Desde las invasiones de la antigüedad hasta el franquismo y la guerra civil, son las guerras y la violencia de las clases dominantes en la península las que han conformado nuestra sociedad actual y es la misma clase dominante en cualquier punto del Estado, conformado por un mercado nacional y unos intereses de dominación únicos.

Para avanzar en ese nacionalismo seudo andalucista, se busca la legitimidad histórica y política en Blas Infante, el "padre de patria andaluza". Cualquiera que vaya a ver su casa, ahora museo de la autonomía, puede darse cuenta del pensamiento de este hombre fusilado por los franquistas en 1936. Notario y abogado de profesión se instaló en Coria del Río, Sevilla. Construyó su casa basándose en la idea del esplendor árabe de Al- Andalus. Su arquitectura y decoración son copias de la artesanía árabe. Hasta recrea en la pared pinturas de hechos históricos de la dominación musulmana. Es en este pasado reivindicado como cuna y origen andaluz, expoliado por los castellanos, en el pasado de Tartessos en la antigüedad, donde Blas Infante busca su legitimidad histórica. Claro que nadie, dentro de este imaginario nacionalista, sostiene la realidad de la cuestión. Tartessos fue si acaso un reino colonizado por fenicios y Al-Andalus un estado medieval o estados dependiendo de los periodos, en lucha contínua con los reinos del norte cristiano dentro de las estructuras feudales de explotación social de la época. El carácter pequeño burgués de Blas Infante, por no decir burgués, se denota claramente en su concepción y solución política del problema andaluz por antonomasia: la tierra y su propiedad. Para él su reforma agraria no significaría la expropiación efectiva de los latifundios y ni la colectivización de las tierras, sino la potenciación de la pequeña propiedad agraria. Un ejemplo histórico: Mientras que desde las desamortizaciones en el siglo XIX, se reorganizan y se constituyen extensos latifundios en manos de una nobleza y burguesía agraria, una clase obrera campesina luchadora y explotada se organiza en la Iª Internacional, para después mayormente en la CNT, y en menor medida en la UGT. Sus objetivos fueron siempre internacionalistas y contra la clase dominante. Así, mientras la pequeña burguesía y la burguesía organizan levantamientos por una república federal - la de Antequera de 1983, entre otras-, los jornaleros organizados en los restos de la Internacional - la FTRE- tienen un congreso de la Federación Comarcal de Andalucía Oeste en el Puerto de Santa María y hacen un llamamiento a todos los obreros a organizarse en "una Gran Federación Universal de los productores regenerados y emancipados". Estos obreros tenían muy claro quiénes eran sus amigos y quienes sus enemigos y Blas Infante no se situa en ese terreno, que es el nuestro, el terreno de los trabajadores.

Desde el preámbulo, que justifica todo el posterior articulado, el nuevo estatuto no hace sino legitimar la sociedad capitalista bajo la pintura andalucista. Así se sustrae cualquier explicación de clase y oculta el sistema de propiedad capitalista que se sostiene bajo ese imaginario nacionalista.

El timo de los derechos sociales

En el resto del articulado en esta nueva reforma del Estatuto, se ofrecen un catálogo de derechos sociales que permiten a los que lo han pactado figurar de progresistas. Estos objetivos a conseguir comienzan por el pleno empleo, la educación permanente, la mejora de la calidad de vida, el estudio de "la modalidad lingüística andaluza" etc., hasta unos derechos y deberes donde se explica que los poderes públicos estarán obligados a una promoción pública de viviendas, habrá una renta básica para todos y hasta la posibilidad de un testamento vital.

Pero una vez más se cae en la formalidad burguesa. ¿Cómo, quiénes van a garantizar estos derechos? ¿Con qué recursos? Si ni siquiera se especifican las cuantías de los servicios sociales y la cantidad de las viviendas públicas a realizar etc. En nuestro sistema de mercado donde domina el capital, ¿cómo, sin lucha, podemos conseguir los trabajadores nuestros derechos y garantizarlos, si no tenemos los medios de producción en nuestras manos?

Y sin embargo, a partir del artículo 42 hasta el final de un total de 250, el nuevo Estatuto se dedica a reglamentar y especificar las competencias, la economía y la administración del territorio bajo la economía privada del capital; es un Estatuto para organizar el aparato de Estado dentro de Andalucía, con todo lo que ello conlleva. Se nos dirá que el desarrollo de los derechos "democráticos" y de los avances sociales que expresa el Estatuto va a depender del uso de los gobiernos elegidos en cada elección. Es posible que dependiendo del gobierno se puedan desarrollar más o menos esos derechos. Pero el Estatuto tiene sus límites. El primer límite está en los mismos artículos que aparecen como los más democráticos y sociales. Pues no se especifican ni se garantizan. ¿Cuánto va a ser la renta básica?, ¿Desde cuándo y cómo se desarrollará?, ¿Cómo se concreta la laicidad de la enseñanza?, ¿será manteniendo las ayudas a la religión y los privilegios de la Iglesia? Estos objetivos y derechos quedan muy bien sobre el papel, pero son tan amplios, tan ambiguos, que quedan convertidos en un cajón de sastre que cualquiera puede utilizarlo para no hacer nada. En definitiva será éste, el capital, quien salga beneficiado, y nuestros políticos que gestionan la sociedad de mercado.

Los trabajadores no podemos esperar nada de este referéndum

En los años 80 había dos problemas fundamentales entre los trabajadores andaluces. En primer lugar el paro obrero que atacaba a una parte importantísima - la más débil además- de los trabajadores. El paro y la explotación bárbara en el campo habían hecho emigrar a millones de andaluces. En segundo lugar la estructura agraria latifundista. Dos décadas después, a pesar de los cambios tecnológicos se sigue sufriendo la misma situación en la relación social, trabajo-capital. Ahora, en momentos de crecimiento económico basado en la especulación de la construcción, seguimos a la cola del paro obrero y de la precariedad. Si hay menos parados, hay más precariedad. Y las estructuras agrarias siguen estando en manos de los grandes terratenientes ahora cobrando millones en las subvenciones europeas. Y esta situación no está afincada sólo en Andalucía. Extremadura, Castilla, por ejemplo, tienen la misma estructura agraria. El paro y la precariedad es el azote de la clase trabajadora en cualquier rincón del país.

Por eso fundar expectativas de progreso en este estatuto es engañar a los trabajadores, puesto que sin estar los medios de producción en manos de los que producen, sin expropiar al capital, sin control obrero de la producción y de la sociedad mediante la elección y revocación en cualquier momento de los cargos políticos, sin el control de las cuentas públicas y de las empresas por los trabajadores y la población, y lo que es más fundamental: sin la movilización popular... haya las leyes que haya, no servirá para nada.

Por ésto el referéndum no será más que una maniobra política para medir sus fuerzas los políticos y reforzar un aparato de Estado que mantedrá a burócratas y políticos que gestionan los negocios del capital. La presentación del nuevo estatuto de autonomía como un logro de progreso es falsa y engañosa. Porque mantiene los privilegios de la clase social dominante. Porque por mucho que se hable de derechos y de logros sociales, será papel mojado sin ninguna garantía, dejando todo al arbitrio de cada gobierno y al amparo de la sociedad dominada por el capital y basada en la explotación del trabajo. Porque la construcción política de la nación andaluza, en su versión autonómica, es la voluntad de una pequeña burguesía que falsea la historia para construir su aparato administrativo y de privilegios, ligado a los negocios de las grandes empresas.

Mirando al pasado y haciendo memoria, los trabajadores en Andalucía han estado sometidos a la miseria, la explotación de la burguesía agraria terrateniente y la burguesía industrial y financiera. De esta situación se deducía una estructura agraria dominada por la propiedad latifundista en el campo y el dominio del capital financiero e industrial en las ciudades, en una débil estructura productiva dominada por los sectores de la construcción, los servicios y el turismo.

En esta situación los trabajadores han sufrido dos lacras sociales: la explotación del trabajo y el paro, que obligó a millones de personas a emigrar.

Cuando las manifestaciones por la autonomía llenaron las calles de Andalucía y de Barcelona, el 4 de diciembre de 1977, el grito de reforma agraria y de lucha contra el paro era unánime.

Han pasado los años y han cambiado cosas, pero más en la superficie que en el fondo.

Los problemas sociales no han desaparecido y la relación de explotación social tampoco. Que ahora se explote el trabajo de los emigrantes, además del de los andaluces, no cambia el fondo del problema. Que ahora los miles de millones de beneficios de los terratenientes se hagan a través de las subvenciones a los cultivos tampoco. El 3,9% de los propietarios tienen el 58% de la tierra cultivable.

Si hay menos paro, hay más precariedad. Los sectores productivos siguen siendo la construcción y el turismo, puntales del crecimiento económico. La patronal sigue campando a sus anchas, empeorando las condiciones laborales y provocando cientos de accidentes laborales y muertes en el tajo. La vivienda está por las nubes y aquí los negocios especulativos, la corrupción, ¿quién los para? Las pocas industrias y fábricas que había se reducen poco a poco. Y para colmo el sistemafinanciero hace el agosto con los préstamos. ¡Ya la deuda es igual que el PIB -todo lo que se produce en un año- en el ámbito de España! Y los problemas de los trabajadores andaluces son los mismos que en cualquier parte del país. Porque hay un mercado único en manos del capital.

Entonces, ¿para qué han servido las autonomías? ¿Para qué va a servir el nuevo Estatuto? Si hemos progresado como dicen los políticos, es nada más por las migajas del gran pastel que se llevan los de siempre. ¿Dónde están, si no, los 20.000€ que toca a cada españolito de renta per capita? Están en los bolsillos de los banqueros, los terratenientes y la burguesía de este país.

Por eso nuestra autonomía, como las demás, sirve para gestionar un presupuesto de 30.000 millones de euros, pagar una burocracia, unos políticos y gestionar los negocios de los de siempre.

No habrá democracia mientras que los ciudadanos - cualquier ciudadano- no controlen y se hagan públicas las cuentas de las administraciones, de las empresas. Mientras que la elección de los políticos no sea revocable en cualquier momento y cobren como un obrero. Mientras que las empresas no estén sometidas al control de los trabajadores y éstos verifiquen la contabilidad. Mientras que las empresas que despiden, reducen personal, o cierran aún teniendo beneficios, no sean expropiadas sin indemnización alguna. Mientras que la vivienda no sea un bien social y público, al igual que el suelo, y haya medidas contra la especulación mediante la expropiación. Mientras que el patrón no se encuentre con la cárcel cuando muere en accidente un obrero y se acaben las subcontratas y los contratos basura.

Desde esta perspectiva obrera hay que decir la verdad: este Estatuto, como el resto de los que hay en España, no es más que la autonomía de la gestión de los negocios del capital, con algunas buenas palabras. Porque el problema social y político no está en más o menos autonomía, ni siquiera en la independencia o no, está en quiénes tienen el poder económico y social, que no está en manos de los trabajadores sino en manos de los que poseen el capital.