A principios del siglo XX, Argentina era considerada como el séptimo país del mundo en términos de riqueza nacional. Incluso el nombre del país y el del río de la Plata, que permite a Buenos Aires la salida al océano Atlántico, recuerdan que al principio de su historia el comercio de la plata fue la primera fuente de ingresos del país. Esta promesa de prosperidad atrajo a muchos inmigrantes venidos de todos los países, pero sobre todo de Italia y de España. Esta posición privilegiada contribuyó a hacer de la clase burguesa argentina, después de la ruptura en 1810 de la colonia con la metrópolis española, una clase arrogante, segura de sus privilegios, comparándose con la de los países europeos y considerándose como el puesto avanzado de Europa en una América del Sur atrasada con una mayoría indígena. El recuerdo de esta situación, hoy desaparecida, muestra la medida del retroceso al que se ha llegado hoy; retroceso que tiene como causa principal el carácter aberrante y devastador del funcionamiento del sistema capitalista, capaz de restablecer el trueque entre la gran mayoría para enriquecer a un puñado de privilegiados.

La crisis económica y social, que se había acelerado estos últimos meses, desembocó a fines del 2001 en una explosión social que hizo caer al presidente radical electo dos años antes, Fernando de la Rua, y a todo su equipo de gobierno, como también al primer presidente interino designado inmediatamente después por el parlamento, Adolfo Rodríguez Saa, gobernador de la provincia de San Luis y miembro del partido peronista, quien conservó su cargo presidencial menos de una semana. Ambos tuvieron que ceder ante la amplitud de la protesta de una población con enormes dificultades para encarar los actos más simples de su existencia, dado el marasmo económico en el cual el país ha sido sumergido.El último de los tantos planes de austeridad propuestos por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, durante los diez meses de presencia en el gobierno radical del presidente De la Rua, fue fatal para todo el gobierno y al propio presidente. Polarizado por la bancarrota financiera que amenazaba a la economía argentina, y en busca de imponer nuevas medidas de rigor a la población, el equipo De la Rua - Cavallo ha subestimado sus posibles reacciones. Sin embargo, a todo lo largo del año pasado, no le habían faltado signos de advertencia.

El aumento de la miseria de los mas pobres

Desde noviembre del 2000, mientras que aumentaba la miseria (se estiman en 1,5 millones los nuevos pobres en seis meses), se asistía al desarrollo de un movimiento de protesta de los desocupados, virulento en las provincias más desheredadas del país como por ejemplo Salta. El grupo más militante se concentraba en los suburbios de Buenos Aires, en la comuna La Matanza. Los principales dirigentes de este movimiento están influenciados por los dirigentes sindicales reformistas de la CTA Bcentral sindical minoritaria que organiza principalmente a los trabajadores del sector público, víctimas de las diferentes olas de privatizaciones de los diez años de presidencia del peronista Menem (1989-1999)- y también por una corriente de origen maoísta.

A todo lo largo del año 2001 los desocupados han multiplicado las obstrucciones de carreteras intentando paralizar la actividad económica y dar a conocer sus reivindicaciones. En particular la de un ingreso mínimo social, indispensable en un país donde el seguro de paro es prácticamente inexistente. Los enfrentamientos con la policía han sido muchas veces violentos. Ha habido miles de detenciones. Pero los desocupados han continuado multiplicando las jornadas nacionales de acción. Paralelamente, se ha desarrollado también un Frente nacional contra la pobreza (FRENAPO) que reclama un ingreso mínimo para aquellos que no cuentan con ningún recurso y ha organizado para ello un referendum popular extraoficial que ha reunido cerca de tres millones de sufragios.

Durante todo este período las dos centrales sindicales argentinas, las dos CGT, separadas en un ala moderada y otra "rebelde", también han multiplicado las jornadas de acción, en la tradición politiquera de esos dos aparatos sindicales ligados al partido peronista, que consiste en criticar al partido radical cuando está en el gobierno, con el objetivo de preparar la ruta de retorno a los peronistas. Incluso si ellas tienen menos influencia que en el pasado, las dos CGT conservan aún hoy la mayor capacidad de movilización de la clase obrera argentina, pero se han cuidado muy bien de provocar la convergencia de los trabajadores con empleo y de aquellos que lo han perdido, así como de utilizar la presión de que disponen los trabajadores activos sobre la patronal, dado el lugar que ocupan en el corazón del aparato productivo. Esta actitud de los dirigentes sindicales peronistas, responsable ante la clase dominante, disminuye considerablemente el peso que podría ejercer la clase obrera en esta crisis.

Dos presidentes barridos por el viento de la calle

El presidente De la Rua no tuvo en cuenta la advertencia de las elecciones del 21 de octubre del 2001 que, habían no solamente dado la mayoría parlamentaria a la oposición peronista, sino que habían sido marcadas también por una progresión visible de la extrema izquierda, y por encima de todo, una cantidad importante de votos en blanco y de abstenciones que alcanzaron un 40% en algunas provincias -siendo el voto en Argentina obligatorio-.

Al fijar un límite a los retiros de dinero en líquido para tratar de impedir la asfixia del sistema bancario, Domingo Cavallo encendió la mecha. Los 19 y 20 de diciembre, convergieron en la calle la exasperación y la rabia de los más pobres, reducidos por la miseria al robo de los supermercados, y de una parte de las clases medias que salieron a protestar contra las limitaciones de retiros bancarios golpeando cacerolas con gran estruendo.

Para no perder la partida, De la Rua decretó el estado de sitio, pero éste no fue respetado por los manifestantes. Y la violencia de la represión policial que ocasionó más de treinta muertos, otros tantos heridos y que echó a muchos otros en la cárcel, no ha salvado al presidente radical quien dejó todo y se escapó en helicóptero después de firmar la renuncia.

En el parlamento, entre bastidores, los dirigentes de la oposición peronista mayoritaria juzgaron que su hora había llegado y eligieron un presidente interino. Adolfo Rodríguez Saa fue nombrado el 23 de diciembre. Intentando apaciguar la cólera popular, éste multiplicó las promesas (moratoria de la deuda, disminución de los salarios de los altos funcionarios, creación de un millón de empleos, anuncio de la extradición de los militares argentinos reclamada por los tribunales europeos, excusas públicas de la represión), pero su reputación de político corrupto, cuya familia entera se ha enriquecido en la provincia de San Luis, considerada desde principios de siglo como su feudo, no logró, a pesar de las promesas, convencer a la opinión pública. El 28 de diciembre fue saludado por un cacerolazo que también lo hizo abandonar el puesto.

Los parlamentarios recomenzaron entonces la búsqueda de un sucesor. Esta vez, buscaron un hombre que acercara los dos partidos políticos históricos, el partido radical y el partido peronista. Nombraron a Eduardo Duhalde, uno de los dirigentes del partido peronista de la provincia de Buenos Aires, una de las regiones más industrializadas y por consiguiente más obrera. Con excepción de unos cuarenta parlamentarios, obtuvo la investidura de la mayoría de los diputados y senadores.

Ha hecho algunos gestos para demostrar su interés por una población que permanece reactiva. Pero en el fondo, como sus predecesores, su prioridad sigue siendo la defensa de los intereses básicos de las clases dominantes que conjugan las clases privilegiadas argentinas y los grandes grupos capitalistas extranjeros instalados en ese país, es decir exactamente la orientación que ha conducido el país a la catástrofe.

Desde su llegada al poder, hizo adoptar una "ley de urgencia económica". Como intento de salir de las tenazas financieras, puso término a la política monetaria anterior suprimiento la paridad de 1 a 1 del peso argentino con el dólar norteamericano. Esto trajo aparejado en teoría, una devaluación del peso, que vale ahora oficialmente 1,40 dólares (1,95 en la práctica) lo cual debería favorecer a las empresas exportadoras, es decir a la mayoría de los capitalistas argentinos más ricos. Ha anunciado la suspensión provisoria del pago de la deuda argentina (140 000 millones de dólares). Las deudas contraídas en dólares son convertidas en pesos no obstante con un límite de 100.000 dólares, para no penalizar a los banqueros. Sin embargo, el sistema de limitación de retiros de los depósitos ha sido mantenido, lo cual le ha valido a Duhalde varios cacerolazos sin costarle por el momento su puesto.

Queda pendiente el riesgo de inflación que es real, dado que las medidas de control de los precios son mínimas: bloqueo por seis meses del total de los alquileres expresado en pesos, bloqueo de las tarifas de los servicios públicos (una decisión que atañe sobre todo a grupos como France Télécom, EDF o la Lyonnaise des Eaux quienes con empresas españolas se habían repartido lo esencial de los servicios públicos en el momento de la privatización). Duhalde ha agregado una tímida suspensión de los despidos "sin motivo válido" por tres años, con indemnizaciones muy débiles en los casos de despidos que serían "aceptables", una parodia de prohibición de despedir aprobada por la CGT pretendida "rebelde".

La economia capitalista puesta fuera de servicio

Desde principio de año, la actividad económica está paralizada por falta de numerario a causa de las restricciones bancarias y ello hace difícil las compras comunes y corrientes de la población. En los barrios pobres se sobrevive gracias a los diferentes bonos monetarios emitidos en las provincias (patacones, lecop, etc.) para pagar todo o parte de los sueldos de los empleados de las administraciones públicas. Este modo de pago de los salarios está haciendo escuela incluso en las pequeñas empresas privadas que heredan esos bonos en sus actividades y se sirven de ellos a su vez para pagar al menos una parte del salario de sus empleados. Pero los más expuestos a la crisis han vuelto al trueque. La producción está paralizada. Una sociedad como Renault, ante el marasmo de las ventas de automóviles, acaba de decidir cesar toda actividad productiva en el país. En un sector como la construcción, la actividad ha bajado de más de 36%. La tasa de desocupación es oficialmente de 18,6% y oficiosamente de 25%, lo que significa que en las regiones más activas como la provincia de Buenos Aires, alcanza 40 y 50%. Y detrás de la desocupación, está la miseria creciente: 14 de los 37 millones de argentinos, es decir, más de un tercio de la población, viven ahora en la pobreza.

La miseria, ya en aceleración desde estos dos últimos años, se generaliza aún más, dado que los salarios y las pensiones no son pagos. Sin hablar del destino de todos aquellos que sobrevivían gracias al trabajo no declarado, paralizado hoy por la falta de líquido. La situación de las finanzas del Estado no es brillante: los ingresos fiscales han retrocedido el 30%. No solamente el Estado argentino está aplastado por el peso de una deuda que representa la mitad del producto interior bruto, sino que para poder asegurar un mínimo de socorro a la población más pobre, tiene que mendigar préstamos a los banqueros, si no quiere ver a ésta tomar por asalto los supermercados. Por sus causas más inmediatas, esta catástrofe económica tiene como origen la recesión desencadenada por la crisis financiera que ha alcanzado Asia del Sudeste, luego Rusia y más tarde América latina en 1997-1998. Pero ese choque causado por la especulación financiera, venía a golpear una economía en dificultad desde hace veinte años. Un estudio universitario datando de 1998 acerca de la distribución de los ingresos, que alababa los méritos de la economía capitalista, mostraba que de 1980 a 1998, se había asistido a una disminución constante de los ingresos de las clases pobres. En 1980, cuando el ingreso de la mitad más rica valía 100, el de la otra mitad de argentinos valía 31. Dieciocho años más tarde, la diferencia se ha acentuado. El ingreso de la mitad más pobre cayó a 20.

Más profundamente, ese retroceso marcado por el acentuación de la dependencia de la economía argentina hacia las grandes potencias y las grandes multinacionales, derivaba del hecho que contrariamente a las esperanzas de hace un siglo, la Argentina no había logrado alcanzar un umbral de desarrollo económico que le permitiera escapar a la dominación de las grandes potencias. En efecto, el corto esfuerzo de industrialización que se ha proseguido de 1930 a 1955, ha disminuido más tarde. Paradójicamente, las múltiples intervenciones despóticas de los militares en la vida política entre 1955 y 1983 han tenido como consecuencia en el plano económico, la reducción del peso del Estado en la economía y la penetración de los grandes grupos internacionales en la mayoría de los sectores económicos, a tal punto que hoy se encuentran en el corazón del sistema bancario y de los servicios públicos.

... principalmente por el saqueo de la burguesia nacional

No obstante, sería erróneo deducir que la burguesía argentina no ha podido prosperar en esas condiciones desfavorables. Ha podido conservar de sus orígenes los rasgos de una oligarquía de terratenientes, por la importancia que adquirió la ganadería en el siglo XIX, con un gusto marcado por las inmensas estancias, -hubo quienes decían que esta burguesía estaba compuesta de personas enriquecidas en la industria que reinvertían sus ganancias en la ganadería-. Esta burguesía cuenta en sus filas muchos multimillonarios (en dólares) al mando de verdaderos imperios económicos, cuyo peso sobre la vida económica y política no sólo en la Argentina sino en el mundo, es enorme. Y ese peso debe mucho a los favores con que el Estado les ha gratificado.

La clasificación de los ricos del mundo que publica la revista norteamericana Forbes, citaba en su edición del 2001, en el mismo momento en que millones de argentinos veían desmoronarse sus condiciones de vida, a varios dirigentes capitalistas argentinos cuya fortuna -bien al contrario- prosperaba.

Gregorio Pérez Companc, cuya fortuna alcanza 1700 millones de dólares, está al mando de un grupo que se ha enriquecido con el petróleo. Hoy se cotiza en la Bolsa de New York. Prospera también en el negocio del gas, la petroquímica, el refinado del petróleo, la electricidad. El grupo Pérez Companc controla Pecom Energía, quien a su vez controla otras empresas del sector energético. Pérez Companc ha sido uno de los grandes beneficiarios de la privatización de la energía bajo la presidencia de Menem. Posee igualmente un grupo agroalimentario que comercializa leche, arroz, soja, maíz, etc. Estas diferentes actividades representan 25% de la actividad de la Bolsa de Buenos Aires. El grupo Pérez ha beneficiado del apoyo sin falta del Estado. Ha recibido de él en 1946, bajo la presidencia de Perón, una indemnización suntuosa por la expropiación de una tierra en la Patagonia, lo cual le ha permitido lanzarse en el transporte naval. El otro empuje serio ha venido bajo la presidencia del radical Frondizi, en 1959, cuando recibió del Estado la primera concesión petrolera. No ha sido olvidado ni por los dictadores militares ni por el peronista Menem. Ese grupo ha sacado provecho de las privatizaciones, no solamente para sus actividades en el petróleo sino también para las del gas y el teléfono.

Roberto Rocca, originario de Milán, reina sobre Techint. Su fortuna es estimada a 1600 millones de dólares. El grupo Techint ha sido fundado por su padre Agostino Rocca, uno de los proveedores de fondos del dictador fascista Mussolini, quien recibió a cambio la vicepresidencia de la empresa pública de siderurgia más importante de Italia. El enriquecimiento de esta familia en Argentina proviene esencialmente de los mercados públicos que el Estado le ha concedido desde 1945.

Techint es una empresa de obras públicas que ha construído puentes, túneles, líneas de alta tensión, gasoductos, etc. ¡Sus relaciones con los militares han sido tan benéficas como las que tuvo antes con Mussolini! Sus actividades se han ampliado al negocio en la siderurgia, la ingeniería, la construcción, el petróleo, el gas, las máquinas industriales. La actividad principal seguía siendo el acero y los materiales de construcción, pero la diversificación lo ha conducido a interesarse también a la energía, la informática, los transportes, el teléfono y la salud. Techint integra un centenar de empresas de las cuales algunas figuran entre las primeras empresas exportadoras del país, con ramificaciones en el resto de América latina, los países árabes y Asia.

Pérez y Rocca huyen de la publicidad. No pasa lo mismo con Amalia Lacroze de Fortabat, quien pesa "solamente" mil millones de dólares. Es conocida por sus compras de obras de arte a través de todo el mundo (6,4 millones de dólares por un cuadro de Turner en 1980, una suma elevada por un cuadro en aquélla época), pero su fortuna, construída por el que fue su marido, viene del cemento. Su grupo, Cementos Loma Negra, que "Amalita" pilotea desde 1976, fabrica en efecto, 55% del cemento argentino. Esta empresa ha comenzado en los años cincuenta y ha beneficiado varias veces de la ayuda del Estado. En 1978, dos años después del comienzo de la dictadura militar sangrienta, fue el año del Mundial de fútbol organizado en Argentina; fue también un muy buen año para el cemento de Loma Negra.

Existen otros grandes empresarios como Francesco Macri, cuyo grupo Socma interviene en la construcción automovilística, la alimentación, la alta tecnología informática y la comunicación, quien ha sacado también provecho de la dictadura (las deudas de sus actividades habían sido entonces tomadas a cargo por el Estado) y de las privatizaciones de Menem. Y toda una serie de grandes empresas que han conocido un desarrollo importante, como el grupo Acindar, especialista del acero en la construcción, quien explica en su último informe destinado a los accionistas que si bien ha tenido altibajos en el mercado interno a causa del derrumbamiento de la actividad, sus ventas han progresado globalmente de 20% gracias a sus actividades en el Mercosur. Todo marcha tan bien, según él, que ha anunciado que sus dificultades en Argentina estaban ya sobrepasadas y que el desarrollo iba a continuar. También están las empresas metalúrgicas del grupo Pescarmona, el fabricante de calzado deportivo de sport Gatic, perteneciente a la familia Bakchellian, el grupo Benito Roggio, especialista desde 1908 en la construcción de infraestructuras y en servicio a las empresas (puede también administrar empresas, reciclar los desperdicios como construir un estadio, una refinería o un matadero) y otras tantas aún.

Todos han sacado partido de una manera o de otra del apoyo del Estado, dirigido por los militares o por los civiles, radicales o peronistas. Tienen en común el haber ampliado sus actividades también fuera de la Argentina, lo cual significa que una parte de su fortuna, que se ha desplegado malversando a beneficio propio una parte de la riqueza del país, se invierte también en el exterior. El gobierno devalúa los ahorros de los argentinos que poseen algunos, pero los dólares que un Pérez Companc invierte y multiplica siendo cotizado en la Bolsa en la plaza de New York, escapan a la Argentina. Los expertos que discuten actualmente del futuro de la economía argentina denuncian la evasión de la riqueza social hacia el exterior por medio de las grandes empresas exportadoras argentinas que como las otras empresas capitalistas, buscan por todo el mundo inversiones que den beneficio.

Es esta realidad que debería constituir uno de los puntos de mira de los trabajadores argentinos, realidad que se niegan a ver aquéllos que designan como únicos responsables de la situación actual a las directivas del Fondo Monetario Internacional o a la presencia de empresas extranjeras, y que de esta manera cultivan además, el veneno nacionalista en Argentina.

El Fondo Monetario Internacional no es sino un instrumento del mundo capitalista destinado a ayudar a los grandes grupos industriales y financieros a continuar prosperando a pesar del saqueo del cual son responsables, y que agotan los recursos de los países sometidos a los predadores de la economía capitalista. Por supuesto, el FMI no es neutro y su solicitud va antes que nada a los grupos más poderosos. Pero denunciarlo como el gran responsable del derrumbamiento de la economía argentina, sin atacar al sistema capitalista en su conjunto es abandonar la presa por su sombra. Y en la Argentina, es darle el mejor papel a los capitalistas nacionales, quienes desde hace mucho tiempo han sido herederos de los oligarcas de la ganadería o quienes desde 1945 cuando se beneficiaron de los favores del primer gobierno peronista, han sido siempre los primeros, los mejor servidos del país. Una actitud del Estado que ha permanecido constante e idéntica con los gobiernos que se han sucedido, sean dirigidos por los radicales, los peronistas o ... los militares.Entonces claro, si los trabajadores argentinos se movilizaran para impedir que la riqueza nacional fuera a invertirse en el mercado mundial en detrimento del bienestar de la población, denunciando los movimientos de capitales, para prepararse a tomar el control, habría que controlar también los movimientos de las otras empresas venidas de afuera que sacan provecho de una correlación de fuerzas favorables por la situación de semidependencia de una economía del tipo de la Argentina. Esto parece difícil pero estaría sin embargo al alcance de los empleados que en el corazón mismo del sector bancario justamente, pasan las órdenes y las decisiones de unos y otros. Pero no habría que olvidarse, que en régimen capitalista, en materia de economía, para todo trabajador, el enemigo también está en su país. Y los enemigos de los trabajadores, son antes que nada los patronos, los explotadores. Porque es en su retaguardia, en su propio país de origen, donde éstos reciben el apoyo de su aparato estatal, que los trabajadores tienen los medios de golpearlos, cuestionando, desde el centro mismo del aparato productivo, lo que les da su poder social. Esto, los trabajadores pueden realizarlo a condición de apoyarse en la fuerza que les da su número y su lugar en el seno de la producción.

Un presidente y un gobierno en manos de los poderosos

Desde que es presidente, Duhalde ha tratado de calmar la cólera de una población que se ha acostumbrado, en muchos barrios, a reunirse en asamblea general para discutir de la situación. Ha hecho algunos gestos, consultado las diferentes fuerzas políticas, los representantes de los sindicatos, los movimientos de desocupados y los medios asociativos. Pero sobre todo ha rendido cuentas a las clases privilegiadas, buscando un compromiso con los dirigentes norteamericanos y las buenas gracias del FMI. Estos quisieran estar seguros de que el dinero que prestan será utilizado para los intereses que ellos defienden y no los de la población argentina. Duhalde, quien desearía atraer las ayudas de la Unión Europea, trata también de seducir a los dirigentes españoles y franceses, ya que las empresas de estos países, muy implantadas en Argentina, no quieren pagar los platos rotos de su rapiña económica y hacen presión sobre el gobierno argentino para obtener garantías.

No obstante la posición del nuevo equipo sigue siendo frágil. En sus orígenes, hace casi sesenta años, el partido peronista, que representaba los intereses generales de la burguesía nacional, había encontrado el apoyo de una clase obrera que acababa de desarrollarse sobre la base de la industrialización entablada en los años treinta. El movimiento peronista había adquirido un cierto crédito en el medio obrero al otorgarle a éste algunas de sus reivindicaciones como fueron aumentos de salarios y aguinaldo (pagas extra).

El ligazón con la clase obrera se hacía por intermedio de la CGT, cuyo aparato dirigente había sido seleccionado por el general Juan Perón. El partido peronista ha mantenido este ligazón, pero en más de medio siglo, a este partido le ha pasado un poco lo que al partido gaullista en Francia. La referencia de Perón primera forma, ya no es sino una etiqueta descolorida que calienta aún el corazón de algunos viejos electores, pero éstos han tenido ya varias veces la ocasión de constatar que entre tanto el partido peronista ha demostrado abiertamente su naturaleza profunda, que es la de un partido de politiqueros arribistas y corruptos que llevan adelante la política que conviene a las clases privilegiadas. Ello les ha conducido durante los últimos diez años de reinado de Menem sobre todo, a barrer con las conquistas que los trabajadores habían podido obtener en 1945 y a amenazar con suprimir lo que subsiste aún. Demás está decir que el crédito que pueden tener los dirigentes peronistas es muy relativo. Se acaba de tener una muestra con la caída de Rodríguez Saa.

Por otro lado, los representantes del mundo capitalista son desconfiados. Estiman que para salir de la crisis, los dirigentes argentinos tienen que administrar al país un remedio de caballo. Predicen que sólo para el año 2002, el producto interior bruto tendrá que contraerse de 8,5% (contra una disminución de sólo un medio punto en el 2001, con las consecuencias catastróficas que hemos visto). Deducen que el gobierno tiene que hacer recortes severos en los presupuestos del Estado, reduciendo notoriamente su parte de financiamiento en el presupuesto de las provincias.

Cuando sabemos que en las regiones, donde el nivel de vida es tradicionalmente más bajo que en la capital, y donde todo a lo largo del año pasado, en las provincias, el Estado no ha respetado sus compromisos financieros, creando una penuria tal que la mitad de ellas sólo han hallado como solución crear bonos monetarios para mantener un mínimo de intercambios, se ve mal cómo, en nombre del rigor presupuestal, el gobierno argentino podría acentuar aún la presión sobre ellas. Presidente peronista o no, Duhalde corre el riesgo de enfrentarse, si aplica esta política, al hecho de que una parte de los responsables políticos de las provincias son justamente peronistas que no tienen forzosamente ganas de soportar las consecuencias políticas de esas opciones presupuestales.

Por otro lado, el mundo de los negocios dispone de muchos medios para imponer sus exigencias. Los primeros efectos ya son visibles. El 21 de enero, Duhalde dio marcha atrás en su promesa de restituir los depósitos en dólares y anunció que el conjunto de las cuentas bancarias sería convertido en pesos a la tasa de cambio oficial. Esta medida, recibida por todos aquellos que de golpe vieron sus economías devaluadas, con un cacerolazo, ha sido saludado por los banqueros.

El 30 de enero, el parlamento argentino ha votado una ley acerca de las bancarrotas muy favorable a los deudores, pero desfavorable para los bancos que en un plazo fijado a 90 días deben proveer a 100% los créditos dudosos y registrarlos como pérdidas. La presión se ejerce ahora para que Duhalde haga uso de su derecho de veto para anular ese voto.

La Corte suprema ha declarado anticonstitucionales las restricciones de los retiros bancarios. Pero en el nuevo plan de austeridad, anunciado el domingo 3 de febrero por el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, y que ha entrado en vigor el 6 de febrero, ha sido decidido, en nombre de las medidas de urgencia impuestas por la situación, que esta medida impopular sería mantenida por lo menos durante seis meses (no obstante con modificaciones).

Por lo demás, ha anunciado que los flujos de capitales hacia el extranjero, inclusive las ganancias de las empresas, deben ser autorizadas por el control del Banco central, una medida que es presentada como provisoria para tranquilizar el ámbito de los negocios.

Además, los bancos han sido invitados a enviar sus reservas de dólares al Banco central. Estos han hecho saber su descontento de que los deudores puedan reembolsar en pesos deudas contraídas en dólares, ya que podrían perder 14 000 millones de dólares. Pero su situación no es finalmente tan mala si han podido proveer las pérdidas. El presidente Duhalde ha interpretado la ausencia de reacción del portavoz de la patronal bancaria contra el nuevo plan de austeridad como un signo de que la mayoría de los grandes bancos, que tienen importantes reservas, tienen la intención de proseguir sus actividades en la Argentina.

El gobierno argentino navega entonces entre diferentes contradicciones. Si quiere apaciguar la indignación popular y conservar un cierto crédito político tiene que dar muestras de dar razón a la parte de la opinión que reduce las responsabilidades de la situación actual únicamente al FMI, y eventualmente a las empresas extranjeras, lo cual tiene la ventaja de no designar las responsabilidades de las clases dominantes argentinas en la crisis actual. Pero en la práctica, tiene también que preservar lo esencial de los intereses de los capitalistas argentinos sin herir demasiado los intereses de las compañías extranjeras, si quiere encontrar un arreglo con el Banco mundial y el FMI.

Los dirigentes del mundo capitalista, en Buenos Aires, Washington, Londres, Madrid y París, son muy conscientes de ello. Podemos

constatarlo en una publicación de la dirección del Tesoro en Francia : El gobierno (argentino) está sometido a una multitud de presiones exteriores (de parte de la población, de la clase política, de los intereses privados argentinos, de los bancos y de las empresas extranjeras, de los Estados extranjeros y del FMI), y no podrá integrar simultáneamente el conjunto de estas obligaciones sociales. Será necesario un arbitraje.

Si bien el FMI espera ver lo que resulta del nuevo plan de austeridad para otorgar nuevos préstamos a la Argentina, ha otorgado desde ya un crédito de mil millones de dólares para que el gobierno pueda hacer frente a las necesidades sociales más elementales (alimentación, salud, educación).Los intereses de los diferentes grupos dominantes son en parte comunes y en parte antagónicos, y el gobierno tiene que tratar de mantener un equilibrio que satisfaga lo esencial de los intereses de esas clases. Nadie puede saber si el nuevo plan de austeridad permitirá satisfacer esos intereses y restablecer la confianza entre los diferentes actores del mundo capitalista. Sin embargo, las orientaciones tomadas desde principios de año, sólo pueden conducir a un agravamiento de las condiciones de existencia de las clases populares.

Estas, al contrario de las clases dominantes, no pueden contar con la complicidad del gobierno y del Estado. Si las clases trabajadoras no quieren pagar en totalidad la cuenta de la crisis, aunque más no sea por medio de una devaluación, lo cual constituye un agravamiento de sus condiciones de vida, tienen que hacerse oír, y para ello sólo pueden contar con su fuerza y su determinación, y también dar a la movilización obrera objetivos que se ataquen a las verdaderas causas y no a molinos de viento que preservan a los verdaderos responsables de la crisis argentina: las clases dominantes.

7 de febrero del 2002