A partir de este año entra en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por el que empresarios, asalariados y autónomos están obligados a aportar dinero de sus ingresos para volver a llenar la “hucha de las pensiones”. El gobierno quiere así recaudar suficiente dinero para cubrir las futuras pensiones, este año cerca de 3.000 millones y alrededor de 22.000 millones de euros hasta 2032, fecha en la que previsiblemente se ponga fin a este impuesto.

Se trata de una aportación extraordinaria y temporal de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales. De este impuesto del 0,6% los empresarios pagarán el 0,5% y los trabajadores el 0,1% restante. En cuanto a los trabajadores autónomos, éstos pagarán de media 3 euros al mes.

La hucha de las pensiones se creó a partir del Pacto de Toledo, un acuerdo firmado en 1995 entre todos los partidos políticos para garantizar las pensiones en tiempos de crisis. A esa hucha iban a parar los excedentes de ingresos que financian las prestaciones contributivas y llegó a acumular casi 66.000 millones de euros. A partir de la crisis de 2008 el paro alcanzó cifras astronómicas debido al cierre de empresas y a la destrucción de puestos de trabajo. A su vez las cotizaciones sociales, cuyos excedentes alimentaban la hucha de las pensiones, comenzaron a descender. En 2012 el gobierno de Rajoy suspendió la cantidad límite que se podía sacar de dicha hucha y autorizó que el Ejecutivo pudiera disponer de todo ese dinero si fuera necesario a golpe de decreto y así, durante seis años, la hucha descendió a 8.095 millones.

La puesta en marcha del MEI es la prueba que el capitalismo no es capaz de ofrecer soluciones a los problemas de la población. Y es que para garantizar las pensiones hay que empezar por mejorar las condiciones laborales y los salarios, mediante el reparto del trabajo entre tod@s, prohibir los despidos, equiparar los salarios al nivel del IPC y éstas medidas están ausentes.

Mientras vamos de crisis en crisis, y la siguiente es cada vez peor. Los únicos que salen airosos, año a año son los empresarios, a los trabajadores solo les queda empleos precarios y bajos salarios. Ni siquiera la última reforma laboral ha resuelto esto. Bajo el sistema capitalista, el sistema público de pensiones está sometido a los intereses del gran capital y las sucesivas reformas están en esa dirección.

Para poner fin a esta espiral de rapiña y precariedad es necesario que la clase trabajadora se imponga como fin tomar en sus manos los medios productivos, expropie los beneficios empresariales y organice la sociedad bajo criterios sociales.

Esa riqueza expropiada a los capitalistas, administrada por la propia clase trabajadora crearía puestos de trabajo, garantizaría las pensiones y sería un comienzo.