Estas últimas semanas solo se oye hablar de las negociaciones por la financiación autonómica. Producto de las reformas económicas fiscales, se libra una competición entre representantes políticos para bajar los impuestos del Estado en el territorio que gobierna. A su vez tratan de pedir más dinero de los presupuestos generales para la financiación autonómica.

En este circo para ver quién baja más los impuestos se resume en el juego del trilero; hay intereses reales que marcan la gestión y destino final de ese dinero desviando además la atención sobre el gran problema: la bajada de salarios generalizada por el aumento de la inflación. Tratan que la población no vea en los medios la verdadera realidad y todo se quede en subir o bajar impuestos y en ver cuánto puedo conseguir para la autonomía. Esta guerra de poder la lidera la derecha, sobre todo el PP, en su defensa de las rentas más altas. Un ejemplo de ello lo ha dejado patente Moreno Bonilla en Andalucía, que primero elimina el impuesto sobre el patrimonio y ahora pide más financiación del Estado.

La eliminación de impuestos a los más ricos, Ayuso ya lo eliminó en Madrid y Núñez Feijoo también ha llevado esta idea a las comunidades gobernadas por su partido. Y aunque desde el gobierno aseguran que han frenado las intenciones del PP creando un nuevo impuesto para las rentas más altas, el “impuesto de solidaridad de las grandes fortunas”, se trata tan solo de una medida temporal que solo busca ganar enteros en las próximas elecciones.

Se trata de una lucha por conseguir y de paso controlar el máximo de la partida económica, por la que todos pujan. En esa puja los signos políticos compiten anteponiendo intereses artificiales que nacen de la necesidad de diferenciarse unos de otros. Se trata de fórmulas burguesas empleadas para confundir, haciendo creer que los presupuestos, los impuestos, la financiación autonómica y las leyes fiscales son iguales para todos pero que hay que prestar atención a esas diferencias para satisfacer a todo el mundo. Pero vemos que, en esta guerra por el reparto del dinero de la población, son siempre los mismos los que salen ganando, que no es otro que la burguesía y sus negocios.

El punto aquí es que el conjunto total de la renta procedente de los impuestos la nutre principalmente la población trabajadora; el IVA es el impuesto de mayor recaudación y el más injusto pues lo pagamos todo por igual. España ingresó 223.382 millones por impuestos en 2021, la mayor recaudación de la historia. Los recursos de 2021 fueron superiores en un 5% a 2019, un año sin crisis sanitaria.

El PIB en el segundo trimestre de 2022 fue de 323.810 millones de euros. Es el producto de la riqueza producida por la clase trabajadora en forma de bienes y servicios. Ese mismo producto debería reflejarse en la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población, en forma de mejoras sociales, vivienda e infraestructuras, en más y mejores servicios públicos, en más y mejores recursos. Y también en crear más puestos de trabajo y en elevar los salarios. Evidentemente eso no está ocurriendo. No ocurre porque una parte importante de esa riqueza, se la queda la burguesía. Por el contrario, el peso de los salarios ha disminuido considerablemente desde el inicio de la crisis económica.
En el caso de España, si en el 2009 alcanzó el 66,6% del PIB, ocho años más tarde supone poco más del 61%. Es decir que un puñado de grandes empresarios y accionistas se llevan el resto de porcentaje del PIB. Y hay que tener en cuenta que en la producción nacional el PIB subió 7,5 veces desde 1980. Si en este año el PIB fue de 159.100 millones de euros en 2021 fue de 1 billón, 206 mil millones de euros en números redondos.

Con el reparto de la riqueza en función de las comunidades autónomas se oculta el hecho que la burguesía se apropia de la riqueza creada por el trabajador. Independientemente de la forma en que se administren los impuestos, con autonomías o sin ellas, son siempre la burguesía y sus lacayos políticos quienes se arrogan el derecho de repartir el producto de la riqueza nacional.

A los ricos se les perdona determinados impuestos, los eluden y a la larga reciben un trato de privilegio en el reparto de los recursos del Estado. El problema de fondo es que la clase trabajadora está pagando los beneficios de las grandes empresas a través de la inflación y de los impuestos, que tendrían que ir a pagar los servicios públicos, pero que en realidad se van a las grandes industrias, entre ellas la armamentística.