Durante el gobierno de Zapatero y mediante acuerdo meteórico entre el PP y el PSOE, se acordó modificar, en la Constitución, el art. 135 estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.

Además de anteponer el pago de la deuda a las necesidades del pueblo trabajador, este cambio en la Constitución abrió las puertas al control del presupuesto de las entidades públicas a estamentos europeos que establecen límites en el gasto presupuestario.

Rajoy terminó aprobando en las Cortes el 27 de diciembre del 2013, la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, llamada por algunos, ley Montoro. Entre un batería de leyes anti obreras, como la ley mordaza o la tasa de reposición cero de empleados públicos, se impone también un techo de gasto en las administraciones públicas.

Con esta ley se pretende la reforma de la Administración Local Española, acomodarla a la nueva realidad de las cuentas públicas, resultante de la crisis económico-financiera; que, entre otras cargas, impone la reforma (estructural) de las Administraciones públicas. Los objetivos a seguir son: clarificar las competencias, racionalizar la estructura administrativa, control financiero y presupuestario más riguroso y, sobre todo, favorecimiento de la iniciativa económica privada.

Esta situación está provocando que la mayoría de las empresas públicas del país no creen, incluso reduzcan empleo, deteriorando paulatinamente el servicio que prestan a los ciudadanos y favoreciendo a las empresas privadas a que crezcan al no exigírseles un techo de gasto presupuestario. El gobierno de Sanchez prometía la derogación de estas leyes y no lo ha hecho, mientras tanto el malestar de los trabajadores sigue creciendo día día.

Los trabajadores de la EMT, Empresa municipal del transporte de Madrid, ya se han cansado y han emprendido un calendario de movilizaciones y huelgas exigiendo la creación de empleo público, aumentando la plantilla y adaptando los servicios a las necesidades reales de la población de Madrid. Por otro lado, las declaraciones del Alcalde de Sevilla anunciando que TUSSAM, transportes urbanos de Sevilla, tendría que reducir servicios para el año que viene o privatizar algunas líneas, han creado una desazón en la plantilla que ha provocado la recogida de firmas por parte de los trabajadores para la convocatoria de una Asamblea General donde se decida acciones a tomar si no hay salida con las negociaciones de los sindicatos.

Leyes absurdas cuyo objetivo es privatizar el sector público y precarizar aún más a la clase trabajadora, solo pueden ser abolidas si los trabajadores se unen y luchan.