2018, otro año que hay que seguir lamentando los accidentes laborales. En lo que va de enero a septiembre y según datos provisionales del Ministerio de Trabajo, se han incrementado un 3,7% los accidentes con baja respecto al mismo periodo del año anterior.

Y es que, en todo el año 2017, se produjeron 596.606 accidentes con baja, lo que representa un aumento del 5,4% respecto a 2016. Además, entre esos accidentes 618 trabajadores perdieron la vida. En 2018 entre enero y septiembre llevamos 451.677 accidentes con baja.

En todo el año 2016 el número de trabajadores que murieron como consecuencia de accidentes laborales alcanzó la cifra de 496, en 2017 esta cifra se mantuvo. En el periodo de referencia de 2018 llevamos 368 muertes.

Aunque la patronal pueda explicar estos aumentos de los accidentes laborales de muchas formas distintas, estas cifras hablan por sí solas. Pues son el resultado de la extrema precariedad laboral reinante y de las consecuencias del ritmo de explotación que vienen aplicando los empresarios

Por sectores es sobre todo en la construcción donde el aumento de la siniestralidad laboral es más destacado, seguido de la industria extractiva (minería) y les siguen de cerca la industria manufacturera y la de transporte y almacenamiento.

Estos datos sobre siniestralidad laboral son lógicamente los oficiales, en los que la autoridad laboral ha intervenido, haya o no ocurrido baja. Por lo tanto, cabe esperar que exista un número considerable de estos accidentes que sufren los trabajadores, cuya relación laboral con la empresa no está formalizada, es decir, trabaja sin contrato laboral y sin alta en la Seguridad Social.

Venimos asistiendo a un deterioro generalizado de las condiciones de trabajo, a la par que, gracias ello, la patronal aumenta sus beneficios año tras año y goza además del beneplácito de las leyes a su favor.

La responsabilidad de evitar los accidentes y de prevenirlos, es íntegramente del empresario puesto que, teniendo en sus manos los medios para aplicar unas normas básicas, en la práctica, no las aplica. Y, por otra parte, al trabajador le impone, en demasiadas ocasiones, tareas para las cuales es obligatorio estar protegido empleando los Equipos de Protección Individual (EPIs), sin embargo, no se le proporciona adecuadamente o simplemente la empresa no los pone a disposición. Esta situación, para el trabajador es una trampa doble pues, si se niega a trabajar sin EPIs, es amonestado, sancionado o amenazado con el despido. Por otra parte, si realiza el trabajo, pone en riesgo su propia salud o incluso su vida.

Hay que acabar con esta lacra fruto de la explotación laboral. Los trabajadores deben hacer causa común ante este tipo de actuaciones de la patronal. La fuerza de los trabajadores está en su número y debe hacerla efectiva demostrando que si tocan a uno les tocan a todos.