El gobierno del Partido Popular impuso por vía de urgencia el viernes 24 de mayo un decreto de reforma de las prestaciones por desempleo que supone unos de los ataques más duros contra los sectores más débiles de la clase obrera, los parados, y va a influir en las condiciones laborales de todos los trabajadores aumentando la movilidad geográfica, empeorando los contratos de trabajo, terminando por determinar la baja de los salarios del resto de los trabajadores. Además, las medidas suponen la reforma del subsidio agrario que recibían los jornaleros de Andalucía y Extremadura, el llamado PER, Plan de Empleo Rural, con vistas a su progresiva desaparición lo que significará también un deterioro de la situación de los más de 200.000 jornaleros que viven gracias al complemento para sus salarios que suponen los subsidios del PER. El decreto de reforma del paro entró en vigor el lunes 27. La urgencia en aplicar las medidas antiobreras fue la respuesta de Aznar a la convocatoria de Huelga General de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT para el día 20 de junio.

La convocatoria de paro general se hizo coincidir con la cumbre de la UE que tuvo lugar en Sevilla para esas fechas, acontecimiento que significará también el fin de la presidencia de la UE para Aznar. Este hecho tenía la intención de amplificar la protesta, pues los medios de comunicación internacionales se harán eco de los sucesos y haciéndola coincidir con las manifestaciones en contra de la cumbre haría mucho más exitosa la jornada. Pues en boca de muchos sindicalistas y en especial de algunos cargos de CCOO era patente la desconfianza en la respuesta positiva de los trabajadores y en privado, con la boca chiquitita, comentaban "lo difícil que está sacar la huelga adelante". Lo que sí es evidente entre los trabajadores es la escasa preparación y la falta de trabajo sindical para extender los problemas de las empresas. Estas apreciaciones de un principio, han sido superadas por la respuesta de la clase obrera.

La respuesta masiva de los trabajadores

La respuesta de los trabajadores a la imposición de las medidas del gobierno ha sido masiva. Esta movilización obrera puede abrir nuevas perspectivas si se abre un proceso de conflictividad en el cual la clase obrera puede comenzar a luchar contra el deterioro de la situación social que la patronal y los gobiernos han ido imponiendo. El día de paro general ha sido seguido por millones de trabajadores. Las principales ciudades y pueblos del país aparecieron sin la actividad propia del trabajo diario, como si fuera un domingo. La jornada de paro fue total en la industria, la construcción y los transportes de las grandes ciudades y núcleos industriales. También fue masiva en los servicios y en menor medida en el pequeño comercio. Según las cifras dadas por los sindicatos más de 10 millones han ido a la huelga de una población activa de 18 millones de los cuales los ocupados son más de 16, con más de 2 millones de parados. El consumo de electricidad bajó a un 20% que es la cifra normal en un día feriado. Los polígonos industriales, las grandes empresas, todas pararon. En las manifestaciones que se realizaron durante el día, más de un millón de personas según cifras de la prensa, mostraron el rechazo al decretazo. Hay que destacar las manifestaciones de Barcelona con 400.000 según la Guardia Urbana, Madrid con 500.000 según los sindicatos, Vigo con 150.000 y Sevilla por encima de 100.000.

Sin embargo ha llamado la atención entre los trabajadores las informaciones manipuladas del gobierno para desprestigiar y negar la realidad de la huelga y las movilizaciones. El portavoz del gobierno ha llegado al extremo del ridículo por negar la evidencia de la huelga a las 8 de la mañana y se puso en evidencia cuando una de las cadenas de televisión emitió el comunicado del portavoz del gobierno mostrando las imágenes del aeropuerto de Barajas totalmente vacío. Tan ridículo como han sido los intentos de desinformación que cifró en Barcelona el número de personas en la manifestación de 15.000 personas, cuando la Guardia Urbana daba el número de 400.000, todo lo cual no evidencia más que una estrategia anti-huelga en el que los medios de comunicación jugaban su papel como ariete.

A esta política de desinformación contra la huelga, hay que sumar los intentos de boicotear el paro con los servicios mínimos impuestos por el gobierno central. Es usual que en las huelgas, la manera de boicotearlas por parte del gobierno para que no tengan repercusión, es imponer unos servicios que se llaman mínimos que en muchos casos rozan el 50% en servicios que no son esenciales. En Madrid por ejemplo, se le impuso a la EMT, los autobuses urbanos, unos servicios mínimos del 40%. Pero prácticamente en toda Andalucía la Junta gobernada por los socialistas, hizo la vista gorda- los servicios mínimos no se cumplieron en los transportes. Por ejemplo en Sevilla los autobuses urbanos, Tussam, que tenían previsto una salida del 25%, 70 buses, no salieron ninguno. Los trabajadores los boicotearon.

Otra de las medidas contra la huelga ha sido la presión policial y patronal a los piquetes de huelga impidiendo que muchos trabajadores mostraran su rechazo al decretazo yendo a la huelga. Porque las mismas condiciones de trabajo, el vivir del salario ya es una presión de la patronal y del gobierno para que no se pare. Las amenazas de despido, las presiones, y el miedo han sido las armas que la patronal y el gobierno han utilizado para intentar salir airosos de la protesta. Sobre todo en las pequeñas empresas y en los supermercados, donde la mayoría de los trabajadores son jóvenes y con contratos basura, las presiones y las amenazas han sido continuas. La rabia de muchos de ellos ante la explotación ha sido más fuerte que las presiones. De hecho ya se están dando casos de jóvenes que yendo a la huelga el 20 están siendo despedidos en represalia el mismo día después.

El decretazo

Los objetivos del gobierno Aznar son meridianamente claros. Para los "expertos" economistas, "asesores" financieros y patronal, el problema del mercado laboral en España es la "rigidez". Es decir, se mantienen sectores de puestos de trabajo en los que nadie quiere trabajar porque las condiciones de trabajo y el salario son bajos, y existe para los obreros la posibilidad de mantenerse con la ayuda de la familia o de las prestaciones de empleo, del PER, o por otras causas. El caso es que hay grupos de trabajadores que pueden mantenerse sin escoger trabajo basura ni cambiar de residencia. Para los "expertos" esto obedece a una "rigidez" del mercado de trabajo que hace que la oferta no se adecue a la demanda y se queden sin cubrir esos puestos de trabajo. Como bien decía Aznar hay 127.216 puestos de trabajo por cubrir y hay parados cobrando el desempleo. Pero lo que no dice es que esos trabajos ofertados por el INEM son empleo basura. ¿Quién en su sano juicio se desplazará a Huelva para ganar 4.700 pesetas en la fresa, si tiene chapuzas para ir tirando?. ¿Quién va escoger el empleo de guardia jurado por la noche para cobrar el sueldo mínimo?. Lo que pretende Aznar es precisamente que la patronal pueda explotar aún más a los trabajadores. Ya están saliendo en la prensa los primeros casos de trabajadores que han tenido que escoger empleos en peores condiciones para no perder el paro. A una cocinera madrileña en paro se le ofreció el puesto de trabajo en la carcel de Alcalá-Meco, por 15 días de trabajo, 814,74 euros (unas 135.000 ptas.), eso sí cerca de 30 Km de Madrid. Otro de los casos reseñados en la prensa le ocurrió a un encofrador cuya "oferta adecuada" del INEM era de soldador.

En su demagogia la derecha culpabiliza al parado y al que cobra el subsidio agrario, por no querer trabajar y vivir subsidiado del Estado, para así justificar la explotación del obrero. Pero estos argumentos no son más que demagogia derechista para bajar los salarios y las condiciones de trabajo para beneficiar al patrón. En una sociedad capitalista la inmensa mayoría de la población tiene que ser contratado por la patronal a cambio de un salario. La minoría que contrata tiene su poder por ser propietarios de dinero, tierras o fábricas y en la protección del Estado. La propiedad privada de estos medios productivos le permite ganar dinero. Su beneficios son la diferencia entre lo producido por el trabajador y su salario. Mientras más bajo sea su salario y más produzca, más será su beneficio. Todas las medidas económicas de los gobiernos capitalistas han ido encaminadas a mantener los beneficios de la patronal y la burguesía.

Y para bajar los salarios no hay más que aumentar la oferta de mano de obra que obligatoriamente tiene que acceder al mercado de trabajo pues la necesidad obliga. En épocas de crisis como la nuestra mientras más desprotegido esté el trabajador más obligado se verá a coger cualquier tipo de trabajo. Este es el verdadero objetivo de Aznar: obligar al parado a escoger cualquier trabajo por basura que sea, moviéndose de una ciudad a otra, hacer el despido más barato no pagando los salarios de tramitación y empezar a terminar con el subsidio agrario para que los jornaleros vuelvan masivamente a trabajar de un lado a otro.

El primer borrador de reforma de las prestaciones por desempleo lo presentó el gobierno a los sindicatos en el mes de abril. En este borrador estaban todas las medidas contra los trabajadores que se han aprobado ahora sólo con algunos retoques sin importancia. Las medidas consisten fundamentalmente en la disminución de los derechos y las garantías sociales de los parados y de los despedidos para obligarles a escoger trabajos cada vez más precarios e imponiendo una movilidad geográfica obligatoria si se quiere mantener el salario de paro. Entre las medidas más importantes contra los parados hay que destacar la obligación del parado que cobra el desempleo de aceptar cualquier oferta de trabajo sea temporal, por horas o a tiempo completo que esté a un máximo de 30 Kms. de su residencia habitual. La oferta de empleo que eufemisticamente se llama "oferta adecuada", hasta ahora era aceptada o no por el propio parado, será desde el lunes determinada por una comisión del INEM (Instituto Nacional de Empleo, que es el organismo estatal que se encarga de las prestaciones de paro). Si el parado no acepta la primera "oferta adecuada" se le retirará 3 meses de cobro de su salario de paro, si es la segunda 6 meses y si es la tercera se le retirará todo el salario. El sueldo a aceptar será el del convenio del sector, siempre más bajo si es contratado por una gran empresa, o en su defecto el salario mínimo que es de algo más de 416 euros mensuales. Para más cinismo el empresario recibirá ayudas para aquellas personas que tengan que desplazarse desde su residencia. Para colmo unos 180.000 trabajadores fijos-discontinuos, la mayoría en la hostelería y en la enseñanza que cobraban el paro por tener trabajo estacional fijo se quedarán sin paro. En España hay, según la última EPA, algo más de 2'075 millones de parados, el 11'47% de una población activa 18'13 millones. De todos los parados que cobran el desempleo, que sólo son el 56% de todos los parados, el 33'5% son mayores de 50 años, lo cual agrava aún más estas medidas de movilidad geográfica y precarización del mercado de trabajo.

Otra medida contra los trabajadores es la anulación de los llamados salarios de tramitación a los despedidos de las empresas. Estos salarios son los que se cobraban en el tiempo que el juez de lo social tardaba en dictar sentencia. Es decir si el juez dictaba que el trabajador era despedido ilegalmente, el empresario tenía que pagar una indemnización por despido si no quería readmitirlo y pagarle los salarios que correspondían al tiempo transcurrido desde el despido efectivo y la sentencia del juez. Ahora con la reforma el patrón se ahorra esos salarios si no lo readmite y tampoco si recibe la indemnización. Ahora para colmo la indemnización del trabajador está sujeta a la declaración de impuestos de la renta lo que antes estaba libre de impuestos. Además existen las subvenciones, los regalos, a los patrones para que contraten a mayores de 52 años, mujeres y si son maltratadas por los maridos también. Con las medidas contra los jornaleros de Extremadura y Andalucía se completa esta reforma. Hasta ahora estas dos regiones tenían un paro endémico.

La industria española ha sido tradicionalmente incapaz de absorber la mano de obra campesina. Esta ganaba el sustento trabajando desplazándose de una región a otra para las labores agrícolas. Los jornaleros andaluces y extremeños consiguieron con la lucha desde los años 70 que los primeros gobiernos posfranquistas pagaran un subsidio simplemente con unas jornadas trabajadas, que permitieran subsistir con un salario mínimo, actualmente está alrededor de 300 euros. Este sistema ha sido atacado por la corrupción que conlleva, ya que muchos pagan sin trabajar al patrón una cantidad para que le firme haber trabajado los días correspondientes, las llamadas "peonás". Pero en definitiva este sistema permitía mantener a muchos pueblos que si no hubieran casi desaparecido por la emigración. La reforma de este subsidio agrario realizada ahora por la derecha, aunque no lo elimina, impide que haya nuevos perceptores caminando hacia la desaparición. Esto significará a la larga la vuelta a la movilidad geográfica de la mano de obra jornalera y una mayor competencia a la hora de conseguir un salario con lo cual bajarán. Y este es uno de los objetivos de la derecha, obligar a los trabajadores a desplazarse para trabajar teniendo que escoger trabajos mal pagados y más precarios para beneficio de la patronal. Si ahora, por ejemplo, un joven jornalero del Coronil que nuevo en el mercado de trabajo podía apañarse con el subsidio y no ir a la fresa por un jornal de miseria que no llega a los 30 euros, con el decreto si quiere comer tendrá que aceptar ese salario. Es curioso que un subsidio agrario que sólo cuesta 900 millones de euros al Estado sea atacado como corrupción pública y de los, casi 5.000 millones de subvenciones a los agricultores, que se lo llevan los terratenientes la mayoría, no sea puesto en evidencia. La razón es clara, el gobierno y los gobiernos anteriores han funcionado siempre como servidores de los capitalistas.

Se agrava la precariedad de los jóvenes y los mayores de 50 años

Para los capitalistas y la patronal le vienen tiempos de crisis. Desde el año 2000 la economía internacional viene cojitranca a causa del reventón de la burbuja especulativa de las empresas tecnológicas, de lo que se ha venido a llamar el sector de la "nueva economía". Miles de despidos se han venido sucediendo en todo el mundo. Según el diario económico 5 Días, en lo que va de año 2002 hasta abril, las multinacionales han despedido más de 233.000 trabajadores en todo el mundo. En nuestro país tenemos el ejemplo de las empresas pertenecientes al grupo Ericson y la empresa Avanzit.

En una situación de crisis cíclica del capitalismo la política de los gobiernos se dirige a mantener la actividad económica de la única manera posible en el sistema capitalista: manteniendo los beneficios del capital. Esto se hace abaratando los salarios, aumentando la oferta de fuerza de trabajo y la competencia entre los propios trabajadores por un puesto de trabajo. En España las medidas del gobierno van en ese sentido. Las tres características de la explotación del mundo del trabajo en nuestro país son el paro masivo, la precariedad laboral y los accidentes laborales. A pesar de la bajada del paro en las estadísticas renovadas este no obedece a otras causa que el auge de la construcción y de los servicios y al envejecimiento de la población. Según un informe de CCOO sobre la situación de los trabajadores, el ciclo económico de relativo crecimiento que va desde el año 1997 al 2001, se caracteriza por una tasa de paro media del 13% - actualmente más del 11%-, y de la ocupación del 44'8%, tasas iguales a la década de los 80. Esto significa que el empleo se hace en España bajo bases débiles como son la construcción, que depende de factores especulativos y legales, como la última Ley del Suelo, y los servicios. De hecho la temporalidad se la lleva el sector de la construcción con un 77%, seguido de los servicios con un 27%. De ahí deducimos que el empleo que se ha creado en este ciclo es precario en su mayoría. Es decir se ha cambiado paro por precariedad.

La precariedad y el paro inciden fundamentalmente entre los jóvenes. De los más de 18 millones de que se compone la población activa española, 8'3 millones, el 60% son jóvenes menores de 30 años. Y las cifras son índice de que la explotación más abusiva recae sobre éstos. El 21% de estos muchachos está en paro y el 57% de los que están trabajando lo hacen en condiciones temporales, es decir en condiciones precarias. De todos los parados el 50% son jóvenes. Es evidente que las medidas del gobierno que se suman a todas las que ha habido hasta ahora inciden sobre este sector de trabajadores jóvenes para que cojan cualquier tipo de trabajo. Por otra parte las medidas del gobierno van a incidir de manera grave sobre los parados que cobran el desempleo mayores de 50 años que son más de la tercera parte de los que cobran algo. A esto hay que sumar que el ahorro para el gobierno y la patronal de los salarios de tramitación para los despedidos improcedentes puede incidir más en la capa de edad comprendida entre los 45/50 años, al mayoría de trabajadores con contratos estables.

La HG, ¿cambio de estrategia sindical?. ¿Hacia una política de clase?

Hay trabajadores que pueden pensar que ahora los sindicatos van a cambiar su orientación dándole una mayor combatividad. Otros piensan que esta huelga es una huelga del PSOE y de IU para aprovechar y combatir al PP. Pero tanto un caso como en el otro no podemos confiar más que en nosotros mismos, en la fuerza colectiva de los trabajadores.

Llevamos meses de conflictos obreros sin que las centrales sindicales las hayan ni siquiera popularizado entre los propios trabajadores. Como fue, por ejemplo, el conflicto de Sintel que después de meses de lucha acampados en la Castellana de Madrid, CCOO propuso unos paros parciales de apoyo, pero no se informó con la necesaria prontitud y efectividad a los distintos comités y federaciones. Su orientación ha sido siempre "el diálogo social", con los gobiernos de turno. Por eso a muchos trabajadores les ha cogido por sorpresa la convocatoria de paro. No se esperaban la reacción de las cúpulas sindicales después de una trayectoria pactista con el gobierno del PP que no ha impedido el agravamiento de la condición obrera y sí la movilización obrera y la unificación de las luchas que durante estos meses se están sucediendo fundamentalmente en defensa de los puestos de trabajo.

Ya desde la última reforma laboral que aprobó el PP del 2001, que no hubo acuerdo con los sindicatos, la dirección de UGT propuso por boca de su secretario general Méndez, la convocatoria de una HG a la cual Fidalgo de CCOO se opuso. En esta reforma laboral, entre otras medidas contra los trabajadores que potenciaban los contratos precarios, estaba la eliminación del tope de la edad de trabajar que estaba en los 65 años. En esta reforma se abrió la posibilidad de contratar más allá de esta edad, incluso complementando la pensión de jubilación, lo que supone un regalo añadido a la patronal y una sobreexplotación de los obreros de más edad y en peor situación económica. Tómese por ejemplo a los compañeros de Colaboración Social que ahora mismo trabajan en el Ayuntamiento de Sevilla y que a los 65 años, al no haber cotizado los últimos años, se verán obligados a seguir trabajando para completar su mísera pensión con el complemento que dé el Ayuntamiento. A esta reforma laboral se le sumó el acuerdo con CCOO sobre las jubilaciones que dejó bien atado este tema. UGT no lo firmó.

Esta ruptura de negociación entre las dirigencias sindicales y el gobierno viene a terminar con la luna de miel que la derecha y los sindicatos habían disfrutado desde 1996, desde la llegada de Aznar al poder después de los gobiernos socialistas. Y es que las direcciones sindicales mayoritarias no han hecho más que firmar pactos sociales y paz social a cambio de nada, o mejor dicho a cambio de una posición desahogada en el aparato de Estado reconociéndoseles su papel negociador intermediario entre la masa obrera y la patronal y el gobierno, y manteniendo su financiación a cargo de los presupuestos del Estado. Es "vox populi" las ayudas y subvenciones del Estado y la falta de financiación propia. Y aunque los datos totales son ocultados por las Centrales hay estudios, como por ejemplo el del profesor Antonio Ojeda-Avilés de la Universidad de Sevilla donde se detallan algunas fuentes de financiación estatal. Por ejemplo en los presupuestos de 1998 están consignados 725 millones de pesetas en gastos para la patronal y los sindicatos por "participar en órganos consultivos" del Estado. Ese mismo año se liberaron 1.666 millones de pesetas para formación sindical por parte del Estado y todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones dan subvenciones a estas organizaciones. Es evidente también que el funcionamiento de los sindicatos se hace posible gracias a los liberados sindicales, 230.000 en todo el país, de ellos 40.000 en la administración pública, sin hablar del control de las bolsas de trabajo que en las administraciones públicas cogestionan con los políticos ad hoc.

La justificación pactista de los sindicatos ha sido la necesidad de frenar la precariedad laboral para potenciar los contratos indefinidos. Precisamente el pacto que reformó el mercado de trabajo en 1997 introdujo el contrato fijo/discontinuo y subvenciones para el empleo fijo disminuyendo en este contrato el despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33. Pero por muchos pactos firmados la precariedad sigue en más del 30% de los trabajadores y el 90% de los contratos que se hacen son temporales, es decir en precario.

Pero esta ruptura nos preguntamos, ¿viene dada por un cambio de orientación sindical de las organizaciones obreras?, ¿significará un cambio hacia un sindicalismo más combativo y de clase?. Creemos que no. Viene dada, a pesar de la propaganda del gobierno en contra de los sindicatos, propiciada por el propio gobierno, que ha juzgado necesario imponer medidas duras contra los parados y los despedidos, rompiendo la rutina del pactismo llevado hasta ahora. Es el mismo gobierno que creyendo tener la fuerza suficiente ya no necesita mantener la ficción de la "concertación social" para imponer medidas antiobreras. Como el mismo Fidalgo reconocía en una entrevista a la pregunta sobre el qué había pasado para no llegar a un acuerdo: " Pasó que ahora no hubo acuerdo previo sobre lo que íbamos a negociar ni mesa de negociación. Se nos dijo "ahí tenéis eso y entendemos que no terminará con acuerdo."

En una negociación sindical si una de las partes no está de acuerdo con lo que se vaya a negociar, ni en cómo, está claro que no quiere la negociación. Y para Aznar estaba claro que había que pasar a los ataques sin marear más la perdiz, pues la situación económica toca crisis y es necesario mantener los beneficios empresariales. Para los sindicatos la negociación, el pacto social ha sido siempre el eje de su política y si ha habido convocatorias de huelgas generales de una jornada ha sido siempre porque los gobiernos de turno han impuesto sus medidas sin los pequeños "regalitos" a los sindicatos.

El gobierno desde un principio se negó a retirar las medidas y sólo quería negociar a la baja con los sindicatos. En un clima de un cada vez mayor deterioro social los sindicatos no tenían otro medio que intentar recuperar su fuerza para sus negociaciones convocando la huelga.

Las Huelgas Generales antesala de la negociación

En efecto, desde 1976 ha habido seis convocatorias de paros generales siempre después de etapas de acuerdos en los cuales se mareaba la perdiz de la condición obrera hasta llegar a la ruptura para imponer medidas drásticas contra los trabajadores. Los sindicatos eliminados ahora descaradamente de la negociación y por el chuleo que significa el "decretazo", no les queda otra salida que intentar que la huelga tenga la mayor repercusión posible, cosa que muchos responsables de la dirección de los sindicatos veían con pocas posibilidades de "sacarla" adelante. Pues no existía un clima de "cabreo", generalizado entre los trabajadores, desmoralizados y sin muchas esperanzas en sus propias fuerzas, de hecho las huelgas y conflictos más importantes que se están dando son en defensa de sus puestos de trabajo ante los despidos y las deslocalizaciones de empresas. Es una situación que en buena medida es provocada por las actuaciones pasadas.

La primera Huelga General de 24 horas, después de la muerte de Franco fue convocada en 1976. En ese año, todavía en la semiilegalidad, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, donde participaban CCOO y UGT, convocaron un paro que fue seguido por miles de trabajadores de las grandes industria y cinturones industriales de las grandes ciudades. Un año más tarde aceptaron los Pactos de la Moncloa por los cuales se congelaron los salarios y se abrió la posibilidad de la temporalidad. Con la llegada del PSOE en 1982 toda una serie de pactos y acuerdos mantuvieron la "moderación salarial" y una paz social que dejó campo libre para los despidos y las reconversiones industriales llegando a haber 3 millones de parados.

En 1985 una reforma de la jubilación que disminuía las cotizaciones y la política de los socialistas llevó a un deterioro social que colmó el vaso con toda una serie medidas que aceptadas por los sindicatos habían llevado a un desprestigio sindical de CCOO y a la pérdida de la hegemonía sindical a manos de la UGT. Comisiones pasó de ser la única central sindical con implantación en 1976 a compartir con UGT la hegemonía, con una sangría de afiliación y un cierto malestar en las bases. CCOO convocó entonces una huelga general en solitario en 1985, contra las medidas del gobierno. La crisis económica siguió golpeando a la clase trabajadora y en 1988 el 14 de diciembre la convocatoria de una HG por la "deuda social" que los trabajadores habían pagado desde los Pactos de la Moncloa y contra el Plan de Empleo Juvenil que suponía la introducción de contratos basura fue tan masiva que los mismos sindicatos convocantes CCOO y UGT- se asombraron del paro. Vuelta después a las negociaciones se perdió la continuidad de la lucha para no conseguir más que un aumento del paro y una precariedad creciente. En 1992 la cuarta fue la respuesta, esta vez huelga de 12 horas, a otro decretazo que disminuyó las prestaciones de desempleo a 6 meses después de haber trabajado año y medio.

Finalmente en 1994 se convocó la última contra una reforma laboral que provocó que la precariedad laboral se instalase en el mundo del trabajo. Siempre después de cada órdago sindical le han seguido los pactos sociales que han mantenido las medidas antiobreras en un deterioro de las condiciones laborales que siempre han beneficiado a la patronal. Las convocatorias de paro general no han tenido continuidad, ni se ha utilizado para unir a los miles de conflictos que dispersos, empresa por empresa, quedaban aislados. Se han utilizado como forma de recuperar prestigio ante sectores de trabajadores combativos y para mostrar al gobierno de que la burocracia sindical es necesaria en la negociación. No es raro, por tanto que los trabajadores no hayan tenido una respuesta desde ya, a favor y se esté en un clima general de desmoralización y de retroceso de la combatividad, que con matices se reducen a la defensa de las condiciones de trabajo y de los puestos de trabajo. Y para cambiar ese clima qué mejor que la huelga sea un éxito, como la manifestación en Sevilla del 9 de junio. Sólo habría que darle continuidad a la lucha hasta hacer retirar el decreto.

La convocatoria y las luchas obreras

A la vez que se hacia la convocatoria de paro para el 20 de junio decenas de empresas están en conflicto. Miles de trabajadores en toda España están movilizándose desde hace meses en lucha por mantener sus puestos de trabajo o por impedir que empeoren sus condiciones de empleo. La huelga de autobuses de Madrid, la de los autobuses de Barcelona y la del metro en la misma ciudad, la del metal de Cádiz, la de Acerinox y un largo etc., son ejemplos de esto. También los trabajadores de dos empresas, Sanmina y Flextronics, pertenecientes a Ericson, la empresa de telefonía, se encerraron en la Almudena, la catedral de Madrid, luchando contra los despidos de toda la plantilla. En contra también de los despidos está Fontaneda, Cocacola, Hofesa en lava con 84 despedidos, y los trabajadores de Sintel siguen en lucha. El viernes 24 de mayo se anunció que una empresa de Uralita va a cerrar en Sevilla dejando en la calle a todos sus empleados que no quieran irse a Alcazar de San Juan, Toledo. En Andalucía la patronal de la construcción tiene bloqueado el convenio pues no paga la subida pactada y mantiene la sobreexplotación de la mano de obra y los sindicatos amenazan con una H.G. en el sector. Toda esta conflictividad obedece a los ataques de la patronal que quiere mantener y aumentar sus beneficios despidiendo a trabajadores, subcontratando y empleando en precario para bajar los salarios. En el fondo los problemas de los trabajadores son fundamentalmente los mismos: despidos, falta de personal, bajos salarios y contratos precarios.

La convocatoria de paro se ha hecho intencionadamente coincidir con la cumbre de la UE en Sevilla. Esto nos expresa la orientación que las cúpulas sindicales tienen. Ellos piensan que la elección del día puede hacer daño a Aznar. Pues miran la repercusión en los medios de comunicación va a tener el acontecimiento si además está arropado por las manifestaciones contra la cumbre. Pues si bien es verdad que informativamente tendrá ese día una repercusión internacional, ¿va a cambiar las intenciones de la patronal y de su gobierno?. ¿Qué pasará en los días siguientes?. ¿Habrá una voluntad de volver a los únicos aliados que pueden mostrar la verdadera fuerza, los trabajadores?. Muy a pesar nuestro creemos que no. No, porque la trayectoria hasta ahora de las organizaciones sindicales han mostrado el camino contrario y porque una vez más esta convocatoria se hace sin la preparación de las asambleas y de los problemas reales que están teniendo los trabajadores. Se hace sin la orientación de unir las distintas luchas que ahora mismo se están dando contra los despidos. Y fundamentalmente porque falta la organización de militantes que supere los límites del sindicalismo y ayude a convertir las luchas económicas y defensivas en luchas políticas generalizando los conflictos con reivindicaciones comunes y generales para toda la clase obrera y que pueda permitir pasar de luchar a la defensiva a preparar la contraofensiva obrera imponiendo al gobierno y la patronal medidas que frenen el deterioro de las condiciones de los trabajadores.

Esta huelga del día 20 pudiera ser el principio para caminar todos juntos y demostrar que los trabajadores somos capaces de ganar, pero no podemos confiar en este tipo de convocatorias que se hacen a espaldas de los trabajadores, sin unificar las luchas y con las limitaciones de los que sólo ven en los acuerdos sociales y la negociación sus mercadeos. Sí debemos aprovechar esta huelga para mostrar las posibilidades de la fuerza unida de los trabajadores y extender los conflictos, para intentar conseguir echar para atrás las medidas contra los trabajadores del gobierno. Cuando la clase obrera se pone en movimiento su fuerza es imparable. Es la fuerza de los que dominan realmente la sociedad y que están sometidos a los dictados del capital y del gobierno a su servicio. Es posible que como otras veces tanto los sindicatos como los partidos políticos llamados de izquierdas intenten utilizar la lucha obrera para sus propios fines y agüen y diluyan el potencial de los trabajadores en lucha. Por eso es necesario mantenerse firmes en la no aceptación del decretazo con cambios, tiene que ser retirado y no podemos arrugarnos hasta su total retirada.

Sevilla junio de 2002