A día de hoy, lunes 24 de junio, los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide cumplen 13 días de encierro. El lunes 11 de junio en pequeños grupos y procedentes de las zonas freseras de Huelva alrededor de 500 marroquíes, argelinos y mauritanos, llegaban para realizar el encierro y llamar la atención de su situación aprovechando la cumbre de la Unión Europea que se ha realizado en Sevilla durante los días 21 y 22 de junio. Precisamente esta cumbre tenía como eje central de discusión el tema de la inmigración y la manera de como impedir la continua llegada de personas en busca de su sustento. Sus exigencias estaban situadas en relación al trabajo jornalero que legal o ilegalmente han realizado en la zona fresera y que desde hace meses se encuentran desplazados y sin trabajo por los contingentes de inmigrantes contratados por la patronal procedente del este europeo de acuerdo al cupo que el gobierno les había concedido. Entre sus principales reivindicaciones está su legalización, es decir la obtención de los "papeles" que le permitan por lo menos trabajar en condiciones normales.
La cumbre de Sevilla: acuerdos contra los pobres
Las discusiones entre los mandatarios y los presidentes de la UE han girado principalmente entorno a la necesidad de resolver el "problema" de la entrada "ilegal" de miles de personas que huyendo del hambre y la miseria de los países pobres, principalmente africanos, se arriesgan a morir pasando el estrecho de Gibraltar, escondidos en camiones o por cualquier otro medio a través de la fronteras que limitan con estos países. Y en sintonía con las posturas más agresivas y derechistas contra los más pobres se situaban las propuestas de Aznar, Berlusconi y el "izquierdista" Blair, que pretendían que se castigaran a los países, no por casualidad los más pobres, de donde proceden la emigración.
Son precisamente las hambrunas que asolan estos países que provocan la huida de millones de personas hacia otros mundos donde por lo menos la explotación del trabajo le permita sobrevivir.
Estos países que pretenden en grados más o menos duros, cerrar las fronteras, expulsar a los inmigrantes y controlar por los medios más sofisticados la entrada de los pobres, no hacen nada para resolver o siquiera aminorar el hambre y la miseria. Es más, con las medidas que toman para beneficio de la patronal y del capital de los países de la UE, no hacen más que acrecentar y mantener la miseria creando ellos mismos las condiciones para la llegada de inmigrantes que al ser además ilegales y perseguidos compondrán una mano de obra barata y dócil que reportará millones de beneficio a la patronal europea. No hay más que ver la riqueza de los propietarios agrícolas y patronal de pueblos freseros o del poniente almeriense que se ha amasado con el trabajo explotado de jornaleros en buena parte proveniente del Magreb.
Su cinismo demostrado en esta cumbre no tiene límite. Limados los aspectos más duros de las propuestas de Aznar, Blair o Berlusconi, todos están de acuerdo en la necesidad de controlar la entrada, de expulsar y de impedir los flujos migratorios de los países pobres y todo ello con leyes bárbaras de extranjerías, con coordinación policial, pretendiendo "defendernos" de los "salvajes" que vienen del otro lado. Pero esta hipocresía sólo esconde la realidad de la defensa de los ricos y de la patronal que explota a la inmigración legal e ilegal. Pues por una parte los grandes capitales y sus gobiernos han saqueado durante siglos y saquean actualmente estos países provocando las hambrunas y la huida de millones de personas. Recordemos la trata de esclavos, el saqueo de sus recursos naturales, la explotación de la mano de obra, la implantación de dictaduras a su servicio, el reparto geográfico y político de países, la potenciación de guerras tribales... Solo mencionar el ejemplo de las subvenciones a la agricultura y la ganadería pone de manifiesto esta política.
Mientras que en Europa con dinero público se regala a los grandes terratenientes y empresas miles de millones para que no planten cereales o se sacrifiquen vacas lecheras y mantener unos precios que permitan unos beneficios para estos capitalistas se impide la compra de productos que estos países producen subiendo aranceles. Toda la riqueza que se desperdicia en Europa podría eliminar las hambrunas si en vez de buscar los beneficios de unos pocos se buscara el bienestar de la mayoría. Y si son los propios países imperialistas los que con la defensa del propio sistema capitalista provocan y mantienen la miseria, provocan también las emigraciones que proveen de mano de obra barata y en muchos casos esclava a la patronal de los sectores freseros y de invernaderos españoles. Es la pescadilla que se muerde la cola. En este sentido las políticas de estos gobiernos, los acuerdos de la cumbre de Sevilla no son más que la protección de los capitalistas europeos que no contentos con explotar a su propia clase obrera obtienen más beneficios con la mano de obra emigrante. Estos últimos en definitiva, no son más que parte de los trabajadores que contribuyen a crear riqueza y que como los demás se quedan sin recibir el excedente que producen y además sin los derechos mínimos legales.
El encierro de inmigrantes consecuencia de la aplicación de una política del gobierno y de la patronal
El encierro de inmigrantes de estos días es la respuesta de un sector de éstos ante la práctica de una patronal fresera y de su gobierno que apoyándose en la ley de extranjería está creando las condiciones para abaratar los salarios aumentando la competencia en el trabajo entre trabajadores inmigrantes de varios países y con los jornaleros andaluces. Han potenciado la competitividad aumentando el número de trabajadores en expectativa laboral.
A partir del mes de febrero se abre la campaña de recogida de la fresa en las comarcas agrícolas de Huelva. Miles de inmigrantes jornaleros recalan en los pueblos de Cartaya, Lepe, Palos y Moguer para la recogida de la fresa que es cultivada intensivamente en grandes invernaderos. Los trabajadores tienen que soportar temperaturas de más de 50°C por un jornal que no supera los 30 euros diarios según el convenio agrícola y que la mayoría de las veces, cuando son ilegales, el salario no supera los 20 euros.
Desde que comenzó la campaña agrícola fresera ha cundido la alarma entre la población, sindicatos y asociaciones de emigrantes ante la situación de alrededor de 5.000 jornaleros de origen magrebí que todos los años se dan cita en la campaña agrícola contratados por los empresarios. Pero este año se han encontrado sin trabajo al contratar directamente de Polonia, Rumanía, Colombia, y Marruecos un contingente de 7000 jornaleros que cuando termine la temporada volverán a sus países de origen. Al quedarse sin trabajo los 5.000 magrebíes y por consiguiente sin medios de subsistencia, deambulan por la comarca hambrientos y sin cobijo, alojados en chabolas improvisadas de cartones y plásticos y al amparo de las organizaciones caritativas que ayudan con comida y ropa. El miércoles 19 de marzo unos mil jornaleros emigrantes convocados por sindicatos agrícolas y asociaciones de emigrantes realizaron una marcha por los pueblos hasta llegar a la capital, Huelva, en protesta por la situación.
Sin embargo de los 5.000 jornaleros sin trabajo una parte muy importante de ellos tiene permiso de trabajo, es decir están legalizados, sólo para las labores agrícolas de esta comarca. Precisamente se legalizaron el año pasado después de encierros en los cuales consiguieron los permisos de trabajo. Todo indica que la actual situación ha sido provocada por los empresarios y el gobierno para impedir que los jornaleros pocos "sumisos" a la ya de por sí sobreexplotación de la patronal, puedan trabajar y justificar así la expulsión a su tierra. Son habituales las declaraciones de la patronal acusando a los "moros" de "problemáticos" y pocos seguros ya que "después de unos días de trabajo se van". Además de esta forma se aseguran la mano de obra necesaria con un excedente de ésta que les permitirá explotar aún más a los trabajadores disminuyendo los salarios. Y más cuando los contingentes contratados en los países de origen contravienen las propias cuotas de inmigrantes que el gobierno había determinado para la comarca que eran de 3.500, cuando han contratado a 7.000.
Desde sindicatos, ONG, organizaciones caritativas, incluso desde el gobierno regional, denunciaron la situación y el riesgo de brotes racistas y xenófobos. El encierro de estos días en la Olavide no es más que la consecuencia de esta situación creada por el gobierno y la patronal para controlar y aumentar sus beneficios. De esta manera la patronal y el gobierno están preparando una explosión social, como el Ejido, que si estalla va a permitir justificar la represión contra los inmigrantes y el aumento del racismo y la xenofobia.
Estas situaciones permite también que cale la idea de que los inmigrantes "nos quitan los trabajos" y promueven medidas racistas y xenófobas aceptadas por la población allí en los lugares donde habita la clase obrera que es la que tiene el contacto directo con la inmigración.
Y ante esta situación sólo atacando a la raíz del problema podremos atajarlo. Cualquier política que se base en la denuncia moral deja desarmado a los trabajadores sean inmigrantes o no. Sólo la posibilidad de defender una política igualitaria contra la patronal haciendo que retroceda podrá avanzar en la solución del problema. Para ello es necesario que haya una orientación militante entre los trabajadores que unifique sus problemas señalando al enemigo: la patronal y la burguesía.
Sevilla junio de 2002