Carles Puigdemont ha nutrido este verano el noticiario politiquero. Entre burlas y ataques de la derecha a Pedro Sánchez, su venida/huida con motivo de la investidura de Salvador Illa dio muchos titulares. Y ahora se continúa con el tema de la financiación catalana: para unos, un acuerdo fiscal que rompe la solidaridad entre las autonomías; para otros, el camino lógico para que Cataluña abandone el “procés” pero gestione sus propios servicios y tributos. Sin embargo el problema de fondo es quiénes pagan: el proletariado o la burguesía.
Los pactos PSOE/ERC, nada nuevo para la clase trabajadora
Es evidente que Pedro Sánchez necesita a las fuerzas independentistas catalanas; los necesitó tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y la ley de amnistía era el primer paso que tenía que dar para poder gobernar, pues necesitaba contar con todos los partidos que aprobaron la moción de censura en julio de 2018. No era suficiente una parte del nacionalismo catalán, sino que era imprescindible la inclusión de todo el nacionalismo catalán de la cámara para la mayoría de investidura.
Si con los indultos se había podido conseguir una mayoría de investidura con ERC exclusivamente en 2019, para conseguirlo en 2023 era precisa la amnistía, ya que había que contar con Junts, cuyo máximo dirigente, Carles Puigdemont, no podía ser indultado: era necesaria la aprobación de una ley de amnistía que despejara el horizonte penal de Carles Puigdemont, en ese momento era parlamentario europeo. Con los resultados del 23J de 2023 no era necesario el voto de Carles Puigdemont, pero sí el de los siete diputados de Junts; y estos no darían el sí sin nada a cambio.
Tras la investidura de Salvador Illa en Cataluña, hay que poner las cartas sobre la mesa y mostrar el juego: en el reparto toca la financiación catalana. La derecha y extrema derecha -e incluso algunos barones socialistas-, han puesto el grito en el cielo por considerar que es un concierto para Cataluña, que rompe la “solidaridad” entre las autonomías, al igual que existe un concierto especial para País Vasco y Navarra y que conllevará la salida de Cataluña del régimen común de financiación de las Comunidades Autónomas. Del “España nos roba” nacionalista catalán, se ha pasado al “Cataluña nos roba” del nacionalismo españolista de la derecha.
Según la ministra Montero, quien ha sido la encargada de presentar el nuevo modelo, no es un concierto económico con Cataluña sino un modelo de financiación “especial”. Dejando la semántica de lado, sea como sea, lo principal no está en que sea un acuerdo de financiación para esta legislatura o un concierto perenne, sino su contenido y a quién beneficia, que desde luego no va a ser a las clases populares y trabajadoras tanto de Cataluña como del resto del país. A la vista está, por ejemplo, que en el nuevo gobierno de Salvador Illa figura como Consejera de Salud Olga Pané, la misma que públicamente ha declarado que los médicos en Catalunya trabajan pocas horas o hablaba de la cooperación con el sector privado en la gestión sanitaria.
La polémica está, en definitiva, en quién maneja la recaudación de impuestos y su distribución, es decir, quien es el “croupier” de la partida. Recaudar y controlar los impuestos es una reivindicación histórica de los partidos independentistas, y para parte de la población catalana una cuestión de soberanía. Pero ni socialistas ni los independentistas van a hacer soberanos a nadie, todo lo contrario, Illa ha usado las aspiraciones de parte de la población catalana para investirse presidente, ante el fracaso “indepe” al tiempo que con el pacto se distancia de la política de confrontación de la época de Rajoy, aprovechando el peso de tener los resortes del gobierno central.
El acuerdo fiscal entre ERC y PSC pone en el centro de todo a la agencia tributaria catalana, que será la que recaude todos los impuestos. Este es el quid de la cuestión porque hasta el momento es justo al revés: el Estado central el que recauda todos los impuestos, salvo los locales, y luego pasa a las autonomías el coste que implican las competencias transferidas. Ahora, de aprobarse la reforma que tienen que sacar adelante, sería la agencia tributaria catalana la que recaude y luego transfiera al Estado central el coste del gasto estatal en Cataluña. También habrán de transferir, al igual que ocurre ahora, un porcentaje para el fondo de compensación o redistribución por el cual se ayuda a otras comunidades de forma solidaria para equilibrar la prestación de servicios. También en este punto hay trifulca pues se apostilla que el fondo de solidaridad lo recibirán aquellas comunidades que lo necesiten para servicios básicos siempre que hagan un esfuerzo fiscal similar al catalán, es decir, que paguen un nivel equivalente de impuestos y no los bajen, y se preserva el “principio de ordinalidad”, es decir, que ninguna comunidad autónoma pueda superar a Cataluña en recursos per cápita una vez aplicados los fondos de nivelación.
El problema es quiénes pagan los servicios públicos: la clase trabajadora o los capitalistas.
Resumiendo: lo que aquí está en cuestión es quien reparte las cartas y tiene las llaves de la caja fuerte; lo que está en cuestión no son los intereses de la población catalana ni tampoco la de otras comunidades; en esta partida lo que se está jugando es el reparto de una tarta que desde la crisis de 2008 es cada vez más pequeña y donde los que llevan las mejores cartas son las grandes empresas –entre ellas, muchas de la gran burguesía catalana-. Y como ejemplo de la desigualdad en el pago de impuestos está el IRPF: así mientras los rendimientos salariales pueden rozar el 50% en la tributación, las rentas del capital no llegan más que al 28%.
No, la pelea de los recursos no es para prestar mejores servicios públicos, mejorar la muy maltratada sanidad catalana o revertir los recortes en Educación. De hecho los grandes recortes y privatización de servicios públicos fueron hechos de forma brutal por Artur Mas -mientras Rajoy a nivel estatal hacia lo mismo-, pasando de 9.875 millones de euros para la sanidad en 2010 a 8.290 millones en 2014.
No, los servicios públicos están maltrechos en todas las comunidades autónomas, tengan el signo político que tengan porque bajo el capitalismo en crisis hay que seguir sacando beneficios y todo se convierte en una mercancía de la que hay que extraer en cada momento lo máximo que se pueda, sin importar que sea la salud, la educación, la vivienda…¡Todo vale!
Una verdadera política obrera no es la que busca enfrentamientos entre trabajadores de una comunidad u otra, o la que hace distingos con acuerdos que se pactan a espaldas de todos; la única fiscalidad posible para la clase trabajadora no mira hacia los distintos territorios, sino hacia un compromiso con los de nuestra clase, para que la burguesía pague. Porque el problema no es el reparto de cromos entre Estado y autonomías, o Cataluña, es el robo a la población trabajadora que hace la burguesía y los ricachones de este país que no pagan al fisco, defraudan, reciben subvenciones de dinero público y un largo etcétera. Quienes pagan impuestos son los trabajadores a través del IVA, IRPF, etc., mientras que las grandes empresas, bancos y multinacionales se van de rositas y son amnistiadas fiscalmente. De hecho, según datos de “El periódico.es” del 18 de agosto, “empresas de defraudadores y beneficiados por la amnistía fiscal figuran entre las más subvencionadas”, como por ejemplo, los hermanos Gallardo, principales accionistas de la farmacéutica Almirall, la hostelera Meliá, la petrolera Dúcar que presidió el ex ministro Cañete…
La realidad es que la burguesía saca sus beneficios de la plusvalía que produce la clase asalariada en su conjunto. Es decir es la producción colectiva de la fuerza de trabajo de toda la sociedad. La diferencia entre lo producido y los salarios es la plusvalía que se apropia el capitalista cuando la realiza, se compran y se venden las mercancías en el mercado. Al existir un mercado nacional la burguesía se apropia de la plusvalía producida por los asalariados, tanto de Andalucía, Extremadura, Cataluña, de todo el país. Un coche producido en Cataluña lleva la plusvalía internacional producida por cientos o miles de trabajadores. Al venderse en Extremadura los capitalistas realizan sus beneficios por el aporte también del trabajador que lo compra en cualquier lugar.
Por otra parte, si en Madrid se rebajan impuestos a los ricos, esto es otra forma de insolidaridad fiscal. Que Madrid o Cataluña sean más ricas que, pongamos por caso Extremadura, no es algo que sirva para que el bienestar de los trabajadores madrileños o catalanes mejore. ¿O hay que recordar los ancianos muertos sin ningún tipo de atención durante lo peor del Covid 19? ¿Acaso los regalos fiscales de Ayuso a los más ricos y empresas repercuten en que haya médicos suficientes hoy en los centros de salud? Según informaciones de la Cadena Ser “…suben el número de millonarios y suben sus millones en un 20%…”, “…15% más millonarios, 20% más ricos. Dos de cada tres no paga ningún impuesto por ese patrimonio. La razón es que, de esos, 831.524 viven en Madrid dónde no se cobra a las grandes fortunas. Sólo 307 pagan. Así que la primera conclusión es que tenemos más millonarios que nunca y pagan menos que nunca”…
No, privilegiar a la burguesía ya sea catalana, madrileña o castellana, no va a hacer que la población viva mejor, sino todo lo contrario. Ni el nacionalismo español ni el catalán van a salvar a nadie, ni las políticas fiscales que acuerdan unos y otros, siempre los de arriba, son solución a las lacras del desempleo, a la creciente precariedad laboral, a la falta de viviendas y al deterioro generalizado de los servicios públicos para luego ser vendidos al mejor postor. Porque todas estas lacras las sufrimos no por ser de una u otra comunidad autónoma, sino por ser clase, clase trabajadora. De hecho en España, en 2023, las fortunas y los ricos aumentaron, concretamente un aumento del 5,2% respecto al año anterior, amasando una fortuna de 726.400 millones de dólares, 39.200 millones más que el año precedente. ¡Y por esta plusvalía extraída del mundo del trabajo ni pagan impuestos!
Por ello es de interés de todos los trabaja-dores, de cualquier comunidad, hacer causa común para solventar los problemas que les unen, para defender intereses comunes como clase, no dejando esto en manos de los políticos de turno que dicen representarlos, pero que lo único que aseguran son los enormes beneficios que obtiene la burguesía, aún en estos tiempos de crisis. Y todo ello en parte debido, a las facilidades, exenciones y regalos fiscales de todo tipo que les otorgan los políticos de turno, nacionalistas o no.