La polémica está servida con la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, del Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero, aprobada a principios de septiembre. Una ley concebida para dar mayor protección a las mujeres y que en sus primeros pasos ha tenido consecuencias en sentido opuesto.
Los ataques de la derecha, pero sobre todo Vox, han sido tremendos contra el ministerio de Igualdad en general y contra Montero en particular, la cual ha tenido que soportar insultos personales en el Parlamento. Hasta aquí, normal, pues montar “circos” es parte de la estrategia política de la derechona en este país. Pero el desconcierto viene cuándo, efectivamente, empiezan a salir noticias de condenas que han sido revisadas a la baja en beneficio del reo. Con ello se formó el taco, sobre todo porque la misma Irene Montero aseguró a quiénes venían avisando, que ello no ocurriría.
El problema, quizás magnificado por la derecha, viene dado porque la nueva ley unifica delitos que antes iban por separado; por ello hay “horquillas de penas”, que en algunos casos reducen las mínimas para acoger los delitos menos graves y en otros se incrementaron para castigar conductas que ahora se consideran graves. Con la nueva ley desaparece el abuso sexual como categoría penal y solo queda el de agresión sexual, que antes sólo se aplicaba cuando se podía demostrar violencia e intimidación a la víctima por parte del agresor.
Se trata de impedir, según el Ministerio, lo que ocurrió con el caso de La Manada, que fueron condenados con penas menores a las esperadas. Ahora el centro de toda la ley es el consentimiento, sin este hay agresión sin necesidad de demostrar que hubo por medio violencia o intimidación.
La polémica está servida; todos los medios la recogen, unos con más amarillismo que otros, alarmando a la opinión pública. Hay que decir que no todos los que están estupefactos por la aplicación de la nueva ley son reaccionarios o machistas. Parte de la población, muchos colectivos de mujeres, no puede entender ni digieren bien que a agresores y violadores se les pueda aplicar, con la nueva ley en la mano, una reducción de condena, con la nueva tipificación de los delitos. Disentir de la opinión del Ministerio no convierte a tod@s en retógrad@s ni se debe ver una conjura organizada contra el Ministerio de Igualdad, simplemente por considerar que la ley es mala, está incompleta o tiene “grietas”.
Esta polémica trae mucho ruido y pocas nueces, porque sea como sea, la cuestión principal no estriba en que una ley sea más punitiva que otra.
Para mejorar la condición de la mujer y condenar a violadores y agresores, la única ley que llegará hasta las últimas consecuencias será aquella que impongamos con la lucha en las calles y en los tajos, en los barrios y en todos los espacios comunes que en el día a día se comparten.
No hay que olvidar que la violencia y las agresiones contra la mujer, que están creciendo a pesar de todos los avances legislativos, se agravan porque el capitalismo es un sistema que perpetúa y agrava todo tipo de opresiones, donde la de la mujer es una más, no por ello menos odiosa. Por ello acabar con tal sistema es vital e imprescindible, aún exigiendo al parlamento, mientras tanto, leyes que no hagan aguas. Lo cortés no quita lo valiente.