La sentencia del macro juicio de los EREs ha sido dura, repiten muchos. Demuestra que el PSOE en Andalucía son lacayos de los amos “del cortijo” y amos de su “cortijo” político.

A través de la Junta de Andalucía y del dinero público los socialistas han comprado la paz social de toda una década, pagando los gastos de empresas que durante años tuvieron beneficios y que cuando supuestamente tuvieron pérdidas se pagaron con dinero público, dinero procedente de las clases trabajadoras y populares, que son los que pagan realmente los impuestos. A su vez tejieron toda una red clientelar de estómagos agradecidos, y compran el silencio y desmovilización de muchos trabajadores despedidos, para que no se luchara contra las empresas.

Independientemente de que se hayan –o no- lucrado personalmente, independientemente de la lectura legal que ello tiene y que plasma la sentencia, independientemente del fraude legal, lo que se destapa en realidad es todo un sistema de ayudas públicas que permite a las empresas despedir sin coste y no pagar las pérdidas.

Los Expedientes de Regulación de Empleo y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no son más que la legalización de despidos pagados con dinero público para salvar los beneficios empresariales. Porque detrás del “salvar las empresas en crisis” no hay más que la socialización de las pérdidas empresariales cuando éstas entran en crisis. Porque, ¿dónde están los beneficios de la época de vacas gordas? ¡En los bolsillos de los banqueros y de los empresarios! Mientras tanto, se pagan los subsidios de paro y las prejubilaciones con dinero público y los empresarios se van de rositas sin pagar ni un duro. Ni se investigan sus beneficios, ni su contabilidad, ni se rastrean los paraísos fiscales, “ni ná de ná”.

La Junta de Andalucía dispuso de un total de 679,25 millones de euros entre los años 2000 y 2009 en créditos para pagar ayudas sociolaborales y a empresas que iban a hacer ERE, a empresas supuestamente en crisis que se acogen a los EREs para deshacerse de plantilla.

Ya de por sí, que unos políticos que se dicen socialistas ayuden a las empresas en lugar de directa y claramente a los trabajadores, deja mucho que desear. 77 empresas se beneficiaron de ayudas de este tipo, para despedir. Además, sin ningún tipo de control, aparecen trabajadores de otras empresas cobrando por otra, e incluso subsidios que se seguían pagando a pesar de que el trabajador se había incorporado al mercado laboral.

La sentencia recoge, por ejemplo, que se pagaron “facturas emitidas por las mercantiles TAPSA y CICM, derivadas de varios contratos de campañas de comunicación sobre Fomento de Empleo y divulgación del SAE, por un total de 3.386.017,00 euros”; se financió la financiación de parte de las subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC S.A., FCC Medio Ambiente, S.A. y CESPA que puso fin a una conflictividad laboral de la limpieza pública de Granada, con un coste de 276.222 euros en cada empresa y un largo etcétera.

La corrupción es la práctica de utilizar sus cargos y dinero público para beneficiarse personalmente y/o a otros. En nuestro sistema capitalista la corrupción no es más que el mantenimiento de las ganancias de los capitalistas, de una minoría, a costa del dinero arrancado a la población trabajadora.

Sea la corrupción del PSOE o PP, -la misma mierda es-, el fin es el mismo: enriquecer a los grandes bancos y empresas a costa de las clases trabajadoras.