El jueves 17 de octubre, en el Líbano, se produjeron de nuevo manifestaciones, esta vez después de que el gobierno anunciara un impuesto sobre las llamadas realizadas a través de aplicaciones de mensajería por Internet. Esta medida fue inmediatamente cancelada bajo presión popular, pero las manifestaciones y protestas continuaron en todo el país.

Los manifestantes exigen la salida de todos los líderes políticos. Expresan su enfado por los frecuentes cortes de agua y electricidad, el aumento del desempleo y, finalmente, la inflación que pesa cada vez más sobre los hogares, que ya no pueden cuidar de sí mismos o incluso, para algunos, alimentarse como deberían.

El actual gobierno se formó a principios de este año después de largas negociaciones entre Saad Hariri, un aliado de Estados Unidos y Arabia Saudita, y Hezbolá, un aliado de Irán. Compuesto por representantes de los distintos partidos religiosos, ha emprendido en los últimos meses una serie de reformas destinadas a hacer soportar a la población el peso de la reducción de la deuda pública, que ha alcanzado más de 86.000 millones de dólares, es decir, más del 150% del PIB. Estas medidas de austeridad se decidieron tras la conferencia de Cedre celebrada en París en abril de 2018, con la bendición de Francia, a cambio de un préstamo de 11.000 millones de dólares y subvenciones al gobierno libanés para evitar su quiebra.

Cabe destacar que la ira de los manifestantes se expresó sobre todo contra los representantes de sus propias religiones, a quienes acusan de saquear el país. “Todos quiere decir todos”, repiten los manifestantes, que atacaron las oficinas de los diputados en sus ciudades.

Expulsaron de los mítines a los que se habían invitado a sí mismos en un intento de restaurar su imagen, pero que finalmente mostraron su verdadero rostro ordenando a sus guardaespaldas que dispararan a los manifestantes. Las milicias vinculadas a ciertos partidos también atacaron las manifestaciones con la complicidad de las fuerzas de seguridad, que les permitió hacerlo.

En respuesta al aumento de la protesta, el Primer Ministro Saad Hariri anunció el lunes 21 de octubre la retirada de todos los impuestos dirigidos contra las clases trabajadoras en el presupuesto de 2020. El líder de Hezbolá lo apoyó expresando su temor al “peligro de una explosión popular”. Estas medidas insuficientes están lejos de calmar la ira de los manifestantes. Conscientes de la fuerza de una movilización que ha trascendido las divisiones confesionales, están decididos a derrocar al gobierno.

El sistema político libanés organiza el reparto de poder entre clanes que dirigen comunidades religiosas diferentes y acumulan fortunas a expensas del resto de la población. Al implicar al gobierno y al sistema político religioso, los manifestantes acusan a estas clases dominantes, que se están enriqueciendo a su costa.