Los violentos sucesos de El Ejido causaron un gran impacto en la sociedad española. La violencia desatada contra los trabajadores inmigrantes ponía al descubierto, de manera dramática, hasta donde pueden llegar los prejuicios racistas, fomentados por el gobierno y autoridades políticas, como el alcalde de El Ejido que es un gran empresario agrícola de la zona. Precisamente los ataques se produjeron en el momento en el que los trabajadores inmigrantes comenzaban a organizarse para defender sus derechos.
Pero sobre todo se ponía de manifiesto, a la luz pública, la dura explotación y las inhumanas condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes. La violencia racista está íntimamente ligada a las condiciones de explotación de estos trabajadores. El racismo contra los inmigrantes es contra los pobres que vienen a España a buscar un trabajo, sin nada, ni siquiera equipaje, en frágiles pateras, huyendo del hambre. Es una violencia contra trabajadores. Mientras, los ricos de esos mismos países que condenan al hambre a sus poblaciones, residen tranquilamente en sus lujosas villas de Marbella.
La respuesta de los trabajadores inmigrantes de El Ejido, con su huelga indefinida, fue la combatividad, en condiciones absolutamente adversas, plantando cara ante sus explotadores. Aunque sus reivindicaciones no fueran conseguidas totalmente, su ejemplo ha servido, al menos, para romper el miedo en una parte de los inmigrantes y para que se hagan más presente sus reivindicaciones. Desde entonces, aunque no de forma general, no han faltado las acciones de protesta.
Si bien no se han vuelto a producir actos violentos de la magnitud de El Ejido, no es menos cierto que se percibe un aumento de las actitudes y ataques racistas, como ha ocurrido en Totana, Lepe o Lorca, por citar solo unos pocos ejemplos. En el propio El Ejido y en Tarrasa las asociaciones de inmigrantes han denunciado que familias de inmigrantes se han visto obligadas a salir de esas localidades. Lo mismo ocurre con la violencia policial. La oscura muerte del guineano Augusto Fonseca en una comisaria de Lanzarote es una muestra. Recientemente el trato vejatorio hacia un grupo de inmigrantes por los Mossos d esquadra, en una localidad leridana, provocó, en protesta, una huelga de los temporeros inmigrantes.
La extensión de los prejuicios racistas parece paralela al incremento del número de inmigrantes y encuentra su caldo de cultivo en la situación de paro y precariedad que golpea a una parte importante de la población trabajadora española. El Partido Popular (PP) y la mayoría de los medios de comunicación remueven a conciencia ese caldo y presentan la llegada de inmigrantes como una especie de "invasión". Pero la situación de explotación y miseria a la que se ven sometidas las poblaciones del Tercer Mundo o de los países de Europa Oriental, obliga a millones de personas a buscar una salida en la emigración. Una vez en los países industrializados, la misma clase capitalista que saquea a los países pobres, los explota como mano de obra barata.
Las agresiones de la patronal contra los inmigrantes son contra el conjunto de la clase obrera
Desde el gobierno se insiste en la necesidad de controlar la llegada de inmigrantes en función de la necesidad que el mercado tenga de su mano de obra. Paralelamente desde distintos ámbitos políticos, empresariales y periodísticos, se viene destacando la conveniencia de la inmigración dada la baja natalidad española y la falta de mano de obra en ciertos sectores o en determinadas regiones.
En realidad ambos planteamientos responden a los intereses empresariales, a la explotación a la que someten al conjunto de los trabajadores, tanto inmigrantes como españoles. Hace años que se asiste a una ofensiva patronal que está llevando a cotas cada vez más altas de precariedad, flexibilidad laboral, bajos salarios.
Para ello la patronal se vale tanto del paro, como de la desprotección de los inmigrantes, necesitados muchos de enviar dinero a sus familias, o de la enorme bolsa de inmigrantes "ilegales", favorecida por las leyes de extranjería. Según datos sindicales en el sector agrario, primer destino de la mayoría de los casi 500 emigrantes que cada día entran clandestinamente en España, la mitad de todos los trabajadores inmigrantes del campo son "ilegales", sometidos a una brutal sobreexplotación y a condiciones de vida infrahumanas. Pero esta situación no es algo exclusivo de la agricultura, sino que se extiende a otros sectores como la construcción o los servicios, caracterizados, en general, por una gran precariedad y una alta temporalidad que afectan igualmente a los trabajadores españoles.
De manera que los empresarios disponen de una mano de obra barata y flexible de acuerdo a sus necesidades productivas y temporales, es decir trabajadores a la carta. Hasta tal punto que cada vez más las empresas utilizan trabajadores inmigrantes de una determinada nacionalidad, por un tiempo determinado y para unas funciones determinadas, o favorecen el recambio de los inmigrantes de unos países por los de otros, cuando se produce una mayor conflictividad o se han logrado algunas conquistas. En Almería la patronal agraria COAG ha llegado a publicar una oferta de empleo temporal, para los invernaderos, en la que se excluía a los trabajadores marroquíes.
En Lérida los empresarios agrícolas traen de sus países de origen, para la recolección de la fruta, a contingentes enteros de inmigrantes, lo cual no les impide, sino todo lo contrario, la utilización de la mano de obra de los llamados "inmigrantes ilegales", en condiciones absolutamente precarias de trabajo y de vida, que llegan masivamente con la esperanza de encontrar trabajo. El "efecto llamada" reporta buenos beneficios a estos empresarios y les permite abaratar el salario de los que dicen contratar legalmente. Un ejemplo es lo sucedido en la localidad leridana de Soses, donde los más de 100 temporeros inmigrantes, con contrato, de la empresa Espax se declararon en huelga, este verano, contra sus condiciones de trabajo: más de 15 horas diarias, sin cobrar las horas extraordinarias, por un salario inferior al establecido en convenio que es de ¡675 La hora!. Pero ojo, si establecemos una comparación, en la misma época fue detenido, en Badalona, un empresario por explotar a "ilegales" que trabajaban entre 12 y 14 horas por 500 ptas. la hora. En Cartagena la empresa de capital francés Agroleto pagaba a los inmigrantes "sin papeles" 625 ptas. la hora.
Golpeando, precarizando, al sector más débil de los trabajadores, en este caso los inmigrantes, la patronal lo hace, presionando, sobre el conjunto de la clase obrera, empleada o en paro. Los salarios "legales" son muy bajos. En el campo la media de los convenios gira en torno a las 4500 o 5000 ptas. por jornadas de diez horas de trabajo y las horas extras apenas suelen pagarse. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los salarios medios en la construcción y los servicios eran, en 1999, de 158.000 ptas. y 134.000 ptas. respectivamente. En ambos sectores abundan las largas horas de trabajo, los contratos temporales, los trabajadores sin asegurar. En la construcción la practica de hacer firmar a los trabajadores contratos en blanco es habitual, y a mayor precariedad mayor siniestralidad laboral.
Una empresaria de la hostelería, explicaba, en una cadena de televisión, porque no recurría, a los parados españoles inscritos en el INEM y sí a los trabajadores inmigrantes, según ella a los trabajadores españoles no les "interesa" un trabajo de más de once horas diarias y sin descanso semanal. No es un ejemplo aislado, ni mucho menos, sino algo bastante significativo de la presión a la que somete la patronal a los parados y al conjunto de los trabajadores, que hace calar ideas como "quien no trabaja es por que no quiere", y que al mismo tiempo fomenta los prejuicios contra los inmigrantes.
La politica represiva del Partido Popular
La política del partido gobernante es la primera que alienta el rechazo hacia los inmigrantes y apuesta claramente por la represión. Su nueva Ley de Extranjería, es el arma más visible pero no la única. Desde hace tiempo los dirigentes del PP vienen desarrollando una campaña de tintes racistas contra los inmigrantes. El ministro del Interior, Jaime Mayor, ha llegado ha declarar que la "inmigración será el principal problema de convivencia en España". Este verano el gobierno presentaba el proyecto de blindaje del estrecho de Gibraltar, para evitar la emigración clandestina, mediante un sistema electrónico de detección de embarcaciones que costará 20.000 millones de ptas. La demostración del nuevo sistema incluía la interceptación de inmigrantes y de... drogas.
El gobierno criminaliza a las víctimas de una política de "control" de la inmigración que está detrás de las muertes que se producen en el paso del estrecho o en las travesías hacia Canarias. En lo que va de año han muerto, como mínimo, 120 personas en aguas del estrecho de Gibraltar y en la última década la cifra asciende a 3.450 víctimas mortales.
En un curso sobre el futuro de los Servicios de Inteligencia, el ex ministro de Defensa Eduardo Serra afirmó que "el terrorismo internacional y la inmigración incontrolada son los mayores riesgos de desestabilización para las sociedades occidentales. La Ley de Extranjería del PP está a la altura de estas palabras.
Las pequeñas modificaciones que al final ha introducido el PP no han cambiado para nada la esencia de su Ley. Mantiene la supresión para los inmigrantes ilegales de los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga. Para el gobierno son personas inexistentes, salvo cuando se les vaya a expulsar por un procedimiento de urgencia al que se le denomina "preferente". Salvo matices permanecen las fuertes restricciones a la entrada legal de emigrantes, algo que por cierto comparte con la ley vigente que se quiere reformar.
Pero también se limitan los derechos de los inmigrantes legales, como el derecho al reagrupamiento familiar y se refuerza el control policial: mayor discrecionalidad para las detenciones y la posibilidad de limitar el derecho de circulación de los extranjeros. En cualquier caso esos derechos no serán iguales a los de los españoles.
Es completamente cierto que la nueva Ley de Extranjería lejos de acabar con las mafias, como dice el gobierno, deja más indefensos a los inmigrantes frente a estas: elevación del precio de los viajes ante los mayores controles, imposibilidad de denunciar a las mafias que los explotan, una vez en España, ya que un "ilegal" sería inmediatamente expulsado de presentarse ante la policía. Pero sobre todo hay que tener presente que la Ley de Extranjería está hecha a medida de la patronal, que deja a los inmigrantes sin papeles a merced de los patronos.
Por otra parte, como evidencian las redes existentes en las zonas agrícolas del litoral mediterráneo o la zona fresera de Huelva, hay una conexión entre las mafias y los empresarios. Las primeras actúan como intermediarias, son las que transportan y suministran, hasta las mismas explotaciones agrícolas, a los inmigrantes de acuerdo con las necesidades de mano de obra de los propietarios. Mucho se habla del negocio de las mafias pero muy poco del gran negocio de los empresarios.
La posición de la izquierda
El PSOE ha manifestado sus críticas a la nueva ley del PP, que es en realidad una reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 1999, pero de una forma muy ambigua y de acuerdo con el estilo Zapatero del "cambio tranquilo". Primero planteó que el gobierno retrasara la aprobación del texto de ley para alcanzar un gran pacto de Estado idea favorita de la nueva ejecutiva -. A mediados de septiembre avanzaba en su proyecto de consenso declarando estar dispuesto a no presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley y acordar con el gobierno un plan Integral de Inmigración. Desde Izquierda Unida (IU) se insiste en la bondad de la ley de 1999 y desde otros ámbitos y asociaciones "progresistas" se plantea la inmigración desde una perspectiva humanitaria.
La postura sumamente moderada del PSOE no debe de extrañar, en cuanto participe de la misma política de fondo que el PP. Fueron los gobiernos socialistas los que iniciaron el llamado control de la inmigración y la Ley de Extranjería que aprobó el PSOE en 1985 poco tiene que envidiar a la del PP. La ley del PSOE propició la gran bolsa de inmigrantes ilegales. Varios de los artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales: aquellos que limitaban fuertemente a los inmigrantes "ilegales" los derechos de reunión, asociación y huelga, hasta tal punto que la ley daba al consejo de ministros la facultad de suspender las actividades de las asociaciones de inmigrantes. El PP no ha tenido que buscar mucho para encontrar fuentes de inspiración.
Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía y ahora también del PSOE, manifestaba, no hace mucho, su apoyo a la política de blindaje de la frontera con Marruecos que practica el gobierno de Aznar. Un informe elaborado por SOS Racismo, a principios de Julio, subrayaba la pasividad de las autoridades autonómicas andaluzas frente a los abusos y la explotación a la que se ven sometidos los inmigrantes. Andalucía, gobernada por el PSOE, concentra un importante número de inmigrantes y es la región de llegada de muchos de ellos.
La Ley aprobada en Diciembre de 1999, contra la voluntad del PP, mantiene en común con la reforma de la misma hecha por el PP, el endurecimiento de las condiciones de entrada en España, especialmente en la concesión de los visados, condenando, de la misma manera, a los inmigrantes a la travesía del estrecho y a la ilegalidad. Ahora no hay diferencias, entre una y otra, en este punto, al reconocer el PP, a última hora, la posibilidad de recurso ante una negativa a la concesión del visado, o el derecho de asistencia letrada a los inmigrantes rechazados en la frontera, recogidos en la ley del 99. No es que Mayor Oreja se haya vuelto más generoso es que ambas leyes comparten sustancialmente la misma finalidad.
Pero de cualquier forma son abundantes los casos de incumplimiento de la asistencia letrada a los inmigrantes que son detenidos, cuando tratan de entrar en España, y cuando están dentro. Tampoco la ley ha impedido que la policía haya expulsado en el mismo aeropuerto de Barajas (Madrid) a viajeros sudamericanos que cumplían todos los requisitos legales de entrada. El gobierno regional de Madrid ha eliminado las subvenciones al alquiler de viviendas para extranjeros, pudiéndose acoger, para ello, a la ley en vigor antes de la reforma.
Se podía pensar que el proceso de regularización, puesto en marcha por la ley del 99, supondría una especie de "amnistía" para los inmigrantes que ya estaban en España y no tenían el permiso de residencia. Sin embargo, una vez finalizado el proceso, se calcula que entre 25.000 y 50.000 inmigrantes van a quedar sin regularizar. De los permisos concedidos hasta Agosto el 58% es solo por un año. En Almería se calcula que casi un 80% de las solicitudes pueden ser rechazadas. Todo esto sin hablar de las múltiples trabas y presiones que los inmigrantes han sufrido durante el plazo de regularización. En Sevilla la policía llegó a detener y retirar el pasaporte a inmigrantes que acudieron a comisaria para pedir información sobre su regularización, al ser considerados como "ilegales".
Las leyes, en la sociedad capitalista, responden a los intereses de las clases dominantes y reflejan las relaciones sociales existentes. El tan cacareado Estado de Derecho es el derecho de los patronos a explotar a los trabajadores. Que la patronal pueda avanzar o no en la degradación de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, empezando por su sector más débil como es el de los inmigrantes, dependerá de la relación de fuerza con el proletariado, de la capacidad de respuesta social de los trabajadores.
Durante años los trabajadores españoles emigraron a los países europeos y sufrieron en sus carnes las duras condiciones que hoy soportan los inmigrantes en España. En esos países los obreros españoles tejieron lazos con los trabajadores europeos, se unieron a sus organizaciones, participaron conjuntamente en las luchas por mejorar las condiciones de vida. Hoy, en España es la unidad de todos los trabajadores españoles e inmigrantes, la lucha conjunta de una misma clase por una vida digna para todos, la que puede permitir frenar las agresiones de la patronal y como una consecuencia suya el racismo.
Septiembre de 2000.