Los años de la transición

Actualmente todos los partidos del arco parlamentario, incluida la izquierda, consideran la transición democrática como un patrimonio común y se felicitan porque la vía española hacia la democracia se realizara de forma tranquila y sin sobresaltos. Especialmente felices pueden sentirse las clases dominantes españolas y los políticos que provenientes del franquismo capitanearon un proceso que dio paso al parlamentarismo partiendo de las propias instituciones del régimen, sin violentar sus leyes, y siempre el timón firme en manos de hombres salidos de la dictadura y de total confianza para la burguesía española.

Todo esto fue posible a pesar de la descomposición de la dictadura, que vive en sus últimos años una etapa fuertemente represiva, la crisis económica de principios de los años 70 y un importante ascenso de las movilizaciones obreras desde el inicio de la misma década: la huelga de SEAT en Barcelona de 1971, de los astilleros de Ferrol en 1972 que provocó que las guarniciones de la marina fueran acuarteladas o las oleadas de huelgas que en el 74 se desarrollan en Asturias, la siderurgia vasca y el textil catalán.

Pero la política puesta en practica por los partidos de izquierda, PCE y PSOE, ayudaron en buena medida a la coronación de la reforma política iniciada por Suárez, a través de una política de pactos que va a permitir la continuidad del aparato de estado heredado del franquismo y la salvaguarda de los intereses económicos de la burguesía. Está política se conocerá como la "reforma pactada". Mientras los partidos mayoritarios de la izquierda van a negociar su integración en la monarquía de Juan Carlos, aceptando las reglas de juego impuestas por Suárez, será la clase obrera la que pague los platos rotos de esta política.

Poco antes de la muerte del dictador diversos sectores políticos de la burguesía y del propio régimen preparan el terreno en vistas a posibles cambios y buscan diversas plataformas que les garanticen un futuro político; como escribiría Luis María Ansón en ABC "las ratas están abandonando el barco del régimen". Por su parte PCE y PSOE también irán preparando su propio terreno y en él coincidirán con algunos de los prófugos del régimen denunciados por Ansón. Pero ambos partidos de la izquierda van a competir entre sí por ganar el mayor espacio posible, por imponer su hegemonía dentro de la izquierda.

El 30 de Julio de 1974 la Junta Democrática, impulsada por el PCE como aglutinante de la oposición, haría su presentación pública. Agrupaba junto a los comunistas a CC.OO, el Partido Socialista Popular, el Partido Carlista, y políticos independientes deseosos de hacer carrera como Trevijano o Calvo Serer, miembro del OPUS DEI, consejero de Juan de Borbón y que en su época gloriosa pensaba que "la libertad de expresión conduce a la demagogia, la confusión ideológica y a la pornografía". La Junta no era más que una nueva expresión de la política de colaboración de clase propugnada desde antiguo por el PCE. Diversas declaraciones de la Junta o Carrillo insistían que el régimen franquista estaba en crisis por no "estar en las mejores condiciones para garantizar los intereses y los beneficios de los empresarios españoles". La Junta y con ella el PCE se ofrecía como tabla de salvación de la burguesía frente a la "violencia anárquica potencial" que traería el fin de la dictadura. Voluntad no le faltaba a la hora de buscar respetabilidad hacía la burguesía

Por su parte el PSOE llevaba a cabo en Octubre del 74 su congreso de Suresnes que auparía a una nueva generación de dirigentes encabezados por Felipe González, con el objetivo de renovar su imagen e intentar ganar el terreno perdido durante la dictadura, especialmente frente al PCE. No tardaría en montar su propio agrupamiento opositor la plataforma de Convergencia Democrática, con UGT y junto a hombres como Ruiz Jiménez, democristiano y antiguo ministro de educación con Franco y grupos izquierdistas como la ORT y el MCE. Durante esta época y algunos años más el PSOE intentaría desmarcarse del PCE utilizando un lenguaje más de izquierdas. Así en el 75 el PSOE criticaba al partido de Carrillo de ir tras la burguesía y en el "Socialista" se podía leer que "El PCE... subordina su actuación a los intereses de la burguesía".

Pero el fondo de sus políticas no es muy diferente, de manera que en 1975 las dos plataformas de oposición se unificaran dando lugar a Coordinación Democrática. La declaración de unificación invitaba "a las... instituciones eclesiástica, militar y judicial a la apertura de un diálogo en aras de los superiores intereses patrios, que conduzca a la realización de la alternativa pacífica aquí definida". En aras de esos intereses patrios se sacrificaran los intereses de la clase obrera, y no será la primera vez. Al mismo tiempo la declaración despejaba el camino hacia la "reforma pactada" que hacía tirar por la borda al PCE su anterior vocabulario de "ruptura democrática", como tantas otras cosas.

Claro que figurar juntos en la misma plataforma no les impedía buscar por su cuenta una buena posición de salida. Fraga y Felipe González mantendrán conversaciones donde se discute la posibilidad de que el PSOE acepte la Ley de Asociaciones y pase por el registro. Fruto de esas conversaciones sería la celebración casi pública del XXX Congreso de la UGT. Por su parte Carrillo iniciaría conversaciones con Areilza, entonces ministro de Exteriores.

Hacia 1975 el PCE es de lejos el partido más implantado entre los trabajadores, a años luz del PSOE, gracias a la abnegación de su base militante, aunque su dirección está copada por hombres que entienden la militancia como la forma de hacer carrera política, situarse en las instituciones y porque no llegar a ser ministros. Lo mismo se puede decir del PSOE pero en esta época para muchos de estos profesionales de la política o aspirantes a ello, el PCE parecía el caballo ganador. Luego pasarían a las filas socialistas.

El nombramiento de Suárez como presidente imprimiría un nuevo ritmo a la reforma política. En todo momento es él quien marca las reglas de juego que la izquierda acataría. Poco tiempo después Carrillo afirmaría ante el pleno del Comité Ejecutivo del PCE reunido en Guadalajara "hay que asumir la pista que nos han colocado porque no hay otra". En esta época ya se han iniciado los contactos secretos entre Carrillo y Suárez a través de un intermediario, José María Armero, hombre de confianza del presidente del gobierno. Suaréz hacia lo mismo pero directamente con Felipe González, al que privilegiaría, de momento, frente al PCE.

Es el camino abierto hacia las concesiones y la moderación, especialmente por parte del PCE, dada su implantación entre los trabajadores. Pero hacerse reconocer como un partido responsable a los ojos de la burguesía y de los gobernantes tiene sus contrapartidas. A principios de 1976 las huelgas en Madrid afectaban a 340.000 trabajadores, CC.OO dirigida por el PCE va a recomendar la vuelta escalonada al trabajo. El PCE se muestra como el garante del orden social. En la entrevista secreta entre Carrillo y Suárez celebrada el 27 de Febrero de 1977, a meses escasos de las primeras elecciones, Carrillo a cambio de la legalización se compromete a aceptar la monarquía, la bandera nacional y evitar todo tipo de conflicto social. Cumpliría su compromiso punto por punto. Y algo más pues en la entrevista se discute la posibilidad de llegar con Suárez a compromisos políticos más amplios después de las elecciones.

Al mismo tiempo el PCE se va preparando para cumplir sus objetivos políticos de ser un gran partido electoral y de gobierno, de ser la alternancia en el juego político burgués, al estilo de la socialdemocracia, pero para ello tiene enfrente al PSOE. En ese afán por ocupar la parcela socialista Carrillo afirmaría "No estamos ahora en una época que sea esencial diferenciar nuestra política y nuestros objetivos de los del liberalismo económico y político burgués". Otro paso sería sustituir el nombre de célula del partido por el de Agrupación al estilo socialista.

Si el PCE quiere ganar al electorado moderado, de clase media que se entiende propio de la socialdemocracia, el PSOE, por el contrario, va a jugar a situarse a la izquierda del PCE, cosa nada difícil. En su XXVII Congreso celebrado en Diciembre del 76, F. González y A. Guerra insisten en que en la resolución política aparezca el término "marxista". Si durante los mítines de la campaña electoral del 77 el PCE vigilaba que en los suyos no apareciera la bandera republicana el PSOE la enarbolaba en los propios. En los debates para la constitución el PSOE hace un voto particular a favor de la República, que naturalmente sabe que será rechazado, mientras que Carrillo sería rotundo al respecto: "nada de República, apoyar a la Monarquía sin más". Gestos hacia la galería que se invertirían más tarde cuando el PSOE se sitúe como partido hegemónico.

Y el punto de arranque de esa hegemonía, junto con la constatación del fracaso de la política del PCE, será las elecciones de Junio de 1977. El PSOE obtendría el 30% de los votos y 118 diputados frente al 9,38% de votos y los 20 diputados del PCE. El casi 40% de votos que obtiene en conjunto la izquierda está reflejando el inmenso crédito que tiene de los trabajadores, las esperanzas de cambio puestas en ella y luego dilapidadas por una política de componendas con la derecha e integración en las estructuras de poder del estado burgués.

A pesar de que jugando en el terreno puramente electoralista, democrático y moderado (el eslogan del PCE sería "votar comunista es votar democracia") el PSOE se llevó el gato al agua, esto no hizo variar ni un ápice la política de los comunistas, más bien todo lo contrario, aun cuando se den los primeros síntomas de desanimo entre unos militantes que han comulgado con ruedas de molino, como la aceptación de la monarquía. Continua dentro del PCE la "territorialización" de sus estructuras que va a significar la disolución de las organizaciones del PCE en las empresas para pasar los militantes obreros a integrarse en grandes agrupaciones de barrio. El PCE va rompiendo sus lazos más directos con la clase obrera y diluyendo el peso del componente obrero para convertir el partido en una maquinaria electoral, en un partido que como diría Carrillo tiene que "aprender a hablar en nombre de la inmensa mayoría de la sociedad, en nombre de la nación". En definitiva el PCE, en palabras de su Secretario General durante el IX Congreso, "quiere ser, lo es ya potencialmente y lo será de manera efectiva mañana, un partido de gobierno".

Entonces el PCE apostaría por la posibilidad de entrar en un gobierno de coalición o de concertación nacional junto a la UCD de Suárez, intentado desplazar al PSOE. Para ello el PCE multiplica los gestos y concesiones que lo hagan aparecer como un partido responsable, solidario de los intereses nacionales y capaz de exigir sacrificios a los trabajadores en aras de la estabilidad. La culminación de esta política sería los Pactos de la Moncloa refrendados en el otoño de 1977. En nombre de la estabilidad de la democracia, los sindicatos y los partidos obreros sobre todo el PCE, se comprometían en una política de moderación salarial para los trabajadores, en plena crisis económica, y de asegurar la paz social. UGT y PSOE firmaron y apoyaron los pactos pero el partido que más a fondo se comprometió fue el PCE creyendo que su colaboración le abriría la puerta de algún ministerio. En una editorial de Mundo Obrero (órgano del PCE) se podía leer "Alguien ha dicho estos días que en la Moncloa está reunido algo parecido a un supergobierno de concentración. Que nadie se sienta discriminado, pero ¿ no es así, en efecto?"

Al PSOE y a la UGT les bastaba aparecer discretamente en un segundo plano que les permitía mostrarse participes de una política de consenso nacional mientras otros se pringaban hasta el corvejón.

De hecho cuando la crisis en el PCE se abre y los dirigentes se tiran los platos a la cabeza, uno de ellos Díaz Cardiel manifestaría lo siguiente, en una reunión del Comité Central de Noviembre de 1980 "En el periodo de los Pactos de la Moncloa he visto a muchos dirigentes del partido ir a determinadas reuniones a prohibir en la práctica que se hiciera todo tipo de manifestación y de huelga". El único punto que se cumpliría de los Pactos será la moderación salarial; Suárez llegaría al fin de la primera legislatura con la paz social garantizada a costa del nivel de vida de los trabajadores y el PCE jamas entraría en ningún gobierno.

En las elecciones municipales de 1979 el PSOE supera ampliamente al PCE, y si éste a escala nacional seguía defendiendo el pacto con la UCD en los municipios se ve obligado a llegar a acuerdos de gobierno con el PSOE si quiere tener una presencia institucional importante. Pero más bien sería el momento del arranque definitivo del PSOE, con una UCD que se desmorona mientras que a su izquierda ha comido el terreno al PCE. Ahora el PSOE se prepara para su llegada al poder y Felipe González quiere dejar bien claro a la burguesía que tiene bien sujeto el timón del partido y que está lejos de cualquier veleidad izquierdista. En el XXVIII Congreso del PSOE, celebrado en Mayo del 79, González y su equipo afianzan su poder dentro del partido, al tiempo que aquel propone el abandono del termino marxista ; rechazada su propuesta en un principio, cuando amenaza con su dimisión es admitida. El Diario ABC alabaría la coherencia y honestidad de González; no hay peligro con el PSOE.

Toda esta política puesta en marcha por los partidos de izquierda y los sindicatos mayoritarios permitió a la burguesía atacar abiertamente el nivel de vida de los trabajadores. A pesar de que la clase obrera dio pruebas de una considerable combatividad durante los dos años que se sucedieron tras la muerte de Franco. En el verano del 77 una ola de afiliación masiva llevó a millones de trabajadores a CC.OO y UGT. Pero sus dirigentes solo se preocuparon de firmar el Pacto de la Moncloa. Y si el PSOE por sus intereses partidistas de lograr el poder y el PCE tras los fracasos de su política de alianza con la UCD tomarían distancias con el gobierno centrista, cuidaron mucho de no ofrecer a la clase obrera perspectivas de lucha capaces, al menos, de impedir que fuera sólo ella quien pagara los gastos de la crisis al tiempo que fortalecer las posiciones de la clase obrera frente a la burguesía. El resultado fue el descenso del nivel de vida de los trabajadores, debido a la vez a la disminución de los salarios nominales y el aumento del paro.

Hacia el triunfo del PSOE y la crisis del PCE

En los años finales de la transición no cambiaría para nada la política de fondo de las organizaciones de izquierda, aunque se afirmaría el cambio en la relación de fuerzas entre ellas.

Ante el golpe de estado del 23 de Febrero de 1981 los partidos de izquierda reafirman su política de "consenso nacional" esta vez en torno al Rey cuya figura se ve realzada por la izquierda. Felipe González llegaría a declarar que los militares españoles, al igual que los europeos, se darán cuenta que "las organizaciones políticas socialistas y democráticas de Europa son partidos que defienden tanto o más, pero al menos tanto como la derecha, los intereses nacionales. Y de que defienden, además, un sistema que va frecuentemente en la misma línea que los ideales militares". No tardaría en dar pruebas de ello. Pero para empezar la izquierda votaría junto con la derecha una serie de leyes (defensa de la Constitución, regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, Armonización de las Autonomías) que recortaban los derechos democráticos, mientras que en el plano social los sindicatos firmaban el Acuerdo Nacional de Empleo, versión corregida y aumentada de los Pactos de la Moncloa, ya que recortaba el nivel de vida de los trabajadores, no solo para ese momento sino para los años siguientes, en nombre de la defensa de las libertades. Por lo visto lo que pone en peligro la democracia no son los golpistas sino los salarios. A cambio UGT y CC.OO, capitaneadas por Redondo y Camacho, recibirían del gobierno 2.400 millones de ptas. del patrimonio sindical.

Las elecciones generales de 1982 dan la mayoría absoluta al PSOE y significan el hundimiento del PCE electoralmente que obtiene el 3,8% de los votos y cuatro diputados. Curiosamente Simón Sánchez Montero, en una posterior reunión del Comité Central, resume, sin pizca de ironía, parte del fracaso de la política electoralista del PCE de querer disputar el mismo terreno al PSOE: "el pueblo ha votado nuestra política dejándonos a nosotros al margen". Pero ya antes, vislumbrándose el previsible fracaso el PCE intentaba un acercamiento al PSOE. Dos años antes ya hablaba de la "estrategia común de la izquierda" y de "mayoría de progreso". Como se ve ni las estrategias ni las palabras de hoy son nuevas. El problema era que el PSOE, al contrario que en las municipales del 79, no necesitaba para nada al PCE.

Si ya antes de las elecciones del 82 se había abierto el descontento y la crisis en el PCE, respondida por Carrillo con una serie de expulsiones de sectores del partido y disoluciones de órganos enteros, ahora la decepción de muchos militantes de base y sobre todo obreros es abierta y conduciría a buen número de ellos al abandono de la militancia política o a replegarse a la pura actividad sindical. En cuanto a los dirigentes, muchos de ellos, ven como se truncan sus posibilidades de carrera política dentro del PCE e irán tomando antes o después, sobre todo los llamados renovadores, el camino del partido que puede ofrecerle más posibilidades, el PSOE. El descontento de los militantes, los enfrentamientos abiertos entre distintos sectores del aparato, conducirían al fraccionamiento del PCE, en diversos grupos, que además del oficial encabezado primero por Gerardo Iglesias, y después por Anguita, serían el PCPE, dirigido un tiempo por Ignacio Gallego y el Partido de los Trabajadores de Carrillo. Sin embargo ninguno de ellos pondrá en cuestión la política seguida por el PCE. El pro- soviético I. Gallego la elogiaría tras el batacazo del 82 "Yo creo que la política de concentración que hemos hecho era una política justa".

El PSOE en el poder: una dura política antiobrera

En las elecciones de 1982 el PSOE consigue más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta. Va a recoger todas las esperanzas de cambio, tras el fin de la dictadura y años de gobiernos de la UCD, que tiene la población trabajadora. El PSOE prometerá la creación de 800.000 puestos de trabajo, más justicia social y democracia, la extensión del estado del bienestar, un gobierno de gente honrada, y aunque de manera ambigua la salida de la OTAN. Pronto tirará por la borda todas y cada una de sus promesas para emprender una política dirigida a favorecer los intereses capitalistas que hará recaer el peso de la crisis, una vez más, sobre las espaldas de la clase obrera. Utilizara todo su prestigio entre los trabajadores para hacerles pasar que para salir de la crisis hay que aumentar los beneficios empresariales, que para luchar contra el paro hay que moderar los salarios.

Recién estrenado en el gobierno pondría en marcha una dura reconversión industrial que abarcaría hasta el 85. Sería un autentico ajuste de caballo, el propio Boyer, ministro de economía reconocería que esa política era continuidad de la iniciada por el último presidente de gobierno de la UCD, Calvo Sotelo. Pero el ajuste es posible, en parte, por la política de pactos de los sindicatos que se comprometen una vez más a una política de moderación salarial, primero en 1983 con el acuerdo firmado entre UGT, CC.OO y la patronal y luego en 1984 entre UGT, la patronal y el propio gobierno.

La reconversión afectaría a los principales sectores y grandes empresas: la siderurgia que pasa de 28.000 trabajadores en el 84 a 10.000 diez años después, la construcción naval (la Naval de Sestao contará en el 95 con menos trabajadores que en 1916), el textil, la minería, el sector químico (cierre de Explosivos Río Tinto) y un largo etcétera. Se perderían más del 25% de los puestos de trabajo, mientras el paro juvenil alcanza cotas del 57%.

A pesar de la fuerte resistencia obrera en Altos Hornos del Mediterráneo, el Ferrol, los astilleros de Puerto Real, o en Cartagena, los sindicatos afrontarían las luchas de una manera parcial, cuando no en nombre de la región tal o cual impidiendo la confluencia y generalización de las luchas. Solchaga promete, a ruegos de Corcuera, entonces en la Ejecutiva de UGT, la recolocación de los trabajadores afectados, a través de las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) y los fondos de promoción de empleo. Nada de esto se cumpliría. Eso sí las empresas se chuparían casi dos billones de ptas. que iban destinados a las ZUR, y Corcuera llegaría a ministro. Mientras, el paro había aumentado en ese periodo en 800.000 personas (justo los puestos que había prometido crear el PSOE) situándose el paro en el 21% de la población activa, unos 3 millones de personas. La temporalidad afectaba a más del 15% de la población activa y si nos referimos al tan cacareado estado del bienestar que ahora y entonces el PSOE dice defender, si en 1982 tres de cada cuatro parados no cobraba ningún tipo de subsidio en el 88 serían cinco de cada seis trabajadores.

Si los trabajadores soportaban el peso de la crisis los empresarios se veían favorecidos con todo tipo de desgravaciones fiscales, reducciones de las cuotas a la seguridad social que iban desde el 50% al 100% y subvenciones de todo tipo. En el caso de la venta de SEAT a Wolsvagen su saneamiento costó al gobierno 350.000 millones, a los que habría que añadir los más de 24.000 millones que la empresa recibirá durante los diez años siguientes; el gobierno que vende una empresa encima paga al comprador. Entre 1989 y 1991 la banca obtuvo 589.000 millones de beneficios y los grandes bancos (BBV, La Caixa, B.C.H.) obtendrán 212.000 millones en ventajas fiscales por el proceso de fusiones bancarias. El diario El País escribía en 1987 refiriéndose a los beneficios empresariales: "Las cien primeras empresas españolas han aumentado sus ganancias en un 107%".

Si ahora el PSOE en la oposición critica la política de privatizaciones del Partido Popular, hay que recordar que desde mediados de los años 80 hasta el 90 el gobierno socialista privatizo total o parcialmente 40 importantes empresas estatales. Si ahora critican la corrupción del P.P. también hay que recordar que mientras los socialistas exigían sacrificios a los trabajadores, sus ministros y dirigentes presumían, como auténticos nuevos ricos, de su más que buen nivel de vida. Son los años del triunfo de la "gente guapa", de la especulación bursátil e inmobiliaria, del pelotazo; Solchaga declaraba muy orgulloso que España era el país donde más rápidamente se podían hacer buenas fortunas.

Si en las elecciones generales de 1986 el PSOE revalida su mayoría absoluta va a perder más de un millón de votos fundamentalmente en las ciudades y regiones obreras como Madrid, Barcelona o Valencia. El descontento obrero se va a manifestar está vez de forma pasiva a través de la abstención. Ya que el PCE o los grupos que se desgajaron van a situar nuevamente su política en el terreno electoralista de rivalidad con el PSOE y nunca en el terreno de la lucha de clase, ni tan siquiera de las preocupaciones inmediatas de la clase obrera. Es así como aparece Izquierda Unida como un reagrupamiento de los distintos grupos que en el referéndum sobre el ingreso de España en la OTAN hicieron campaña por el no. Los dirigentes de I.U. esperaban capitalizar parte del voto de los 7 millones de electores que se habían opuesto a la entrada en la OTAN. Sin embargo solo obtendría algo más de 900.000 sufragios que representaban un magro 4,61%. Se demostró que éste no era un electorado radicalizado, ni dispuesto a organizarse y que Felipe González sí sacaría provecho de su triunfo en el referéndum celebrado poco antes.

Pero esta política no fue exclusiva de I.U.; los restos de la extrema izquierda también apostaron por desarrollar su política en este terreno y hacia sectores de las clases medias que se orientaban hacia el ecologismo, el pacifismo, el feminismo e incluso el nacionalismo y es en esa dirección que van a orientar su política, alejándose cada vez más del terreno de clase y la ligazón con los trabajadores, deseosos de agradar a otras capas sociales. En el caso del la Liga Comunista Revolucionaria su abstención en las elecciones, renunciando a la oportunidad de dirigirse a los trabajadores con una política independiente, iba más que otra cosa en la línea de los prejuicios anti- electoralistas que en aquel momento eran propios de los sectores pacifistas y ecologistas, mientras que en el País Vasco hacían campaña por Herri Batasuna. Su posterior fusión con el Movimiento Comunista de España en un grupo ajeno a una política revolucionaria significa su disolución como organización independiente. Actualmente algunos militantes y dirigentes de la antigua LCR han acabado integrándose en Izquierda Unida.

Pero el verdadero descontento de los trabajadores se daría en el terreno de las luchas y desembocaría en el masivo paro general del 14 de Diciembre de 1988. Ya en la primavera de 1987 se dieron importantes luchas en la minería asturiana y en algunos casos fuertes enfrentamientos en Puerto Real y Reinosa, en donde moriría un obrero tras la intervención de la Guardia Civil de Barrionuevo.

Pero el descontento obrero también se manifiesta respecto a los grandes sindicatos, especialmente hacia la UGT que hasta entonces había llevado una política de abierta colaboración con el gobierno. En 1985, CC.OO ante el descontento de las bases y tratando de recuperar el terreno perdido frente a UGT por la política de pactos que llevó durante la transición, convoca una Huelga General contra el primer recorte de pensiones del gobierno socialista. A pesar de no ser mayoritaria es un éxito en las grandes fábricas. En las elecciones sindicales de 1986 UGT retrocede en las grandes empresas en beneficio de CC.OO.

La perdida de influencia de UGT provocaría que se desmarcara de su política anterior de pactos y exigiera junto con CC.OO el pago de la deuda social por su anterior "apoyo al ajuste económico". Era la hora para que el gobierno le echara una mano satisfaciendo unas pocas de reivindicaciones que le permitiera salvar la cara. Pero el gobierno no estaba dispuesto a ceder y su Plan de empleo Juvenil, que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes, fue el detonante de la convocatoria de huelga.

Pero otra vez la masiva respuesta de los trabajadores, sus ilusiones en torcer el rumbo de las cosas van a ser dilapidadas por los sindicatos. Sus objetivos no eran imponer las reivindicaciones sino abrir una serie de negociaciones, de recuperar su papel de interlocutores. A pesar de que Felipe reconozca el "duro golpe" recibido, la posibilidad de imponer un retroceso a la política anti obrera del gobierno se esfumara, en interminables negociaciones, que van a permitir a González recuperar la iniciativa.

Y tener las manos más libres para descargar el peso de la agudización de la crisis sobre los trabajadores. A partir de 1990 el paro aumenta a razón de 1000 personas diarias, situándose en 3,6 millones de parados, un 24% de la población activa, mientras que la inflación se situaba en el 5%. En 1992 el gobierno aprobaría el "decretazo" que recortaba las prestaciones sociales de los parados. La respuesta de los sindicatos fue una confusa media jornada de Paro General que sembraría el desconcierto y el desánimo entre los trabajadores. Dos años más tarde impondría la Reforma Laboral que ampliaba la flexibilización en el mercado laboral e introducía los llamados contratos basuras. Ante esta agresión tan fuerte del gobierno contra los trabajadores los sindicatos convocarían con muy poca convicción una nueva jornada de huelga general y tras ella la única alternativa que daba Antonio Gutiérrez era dar la batalla empresa por empresa ; una vez más el camino de la sectorialización y el repliegue, pero ni tan siquiera dieron una mínima batalla. Los sindicatos hacia tiempo que habían emprendido el camino de la "responsabilidad" que les permitiese garantizar su papel de imprescindibles mediadores sociales, su aparato burocrático de liberados y funcionarios cada vez más alejados de los intereses de los obreros. Papel que pretenden representar ante cualquier gobierno, como evidencian los pactos alcanzados con el Partido Popular, especialmente la nueva Reforma Laboral que abarata el despido y que no ha acabado con los contratos temporales como manifestaban sus firmantes, y que se sitúan actualmente en más del 30%.

Desde las elecciones europeas del 89 el PSOE iniciaría un lento pero imparable declive electoral socavado por las consecuencias de su política anti obrera, y los sucesivos escándalos de corrupción que irían manchándole de manera inexorable, a los que se añadiría todo lo referente a la guerra sucia contra ETA, a través del GAL. A pesar del desgaste socialista Izquierda Unida no lograría durante todos estos años un avance substancial frente al PSOE, ni recoger de forma significativa el descontento obrero. Tras las elecciones generales de 1993, cuando el PSOE pierde por segunda vez la mayoría absoluta, se iniciaron conversaciones entre los socialistas e I.U. ante la posibilidad de algún tipo de acuerdo de gobierno. Serían breves ya que el PSOE se inclino hacia la coalición de Jordi Pujol.

A partir de ese momento, alejada toda posibilidad de participación gubernamental, Anguita empezaría a proclamar el famoso "sorpasso", la posibilidad de superar al PSOE como partido mayoritario de la izquierda, de convertirse en verdadera alternativa de gobierno frente a la derecha. Si en tiempos de la transición el PCE se marcaba el mismo objetivo, con los resultados conocidos, y buscaba la alianza con la UCD, ahora I.U. coincidía con el P.P. en algunas votaciones frente al PSOE y en el caso del Parlamento de Andalucía situaba a uno de sus hombres como presidente de la cámara con los votos del P.P; esta política pasara a la historia como la "pinza". Y como el mismo PP reclamaba, la única alternativa que Anguita ofrecía a los trabajadores era: "márchese Señor González". Claro que quien entrara será el señor Aznar.

Pero a parte de ilusionar a la militancia con el sorpasso, la política de I.U. con Julio Anguita no ha traído ningún cambio. Siempre respetuoso con el marco institucional, Anguita no ha dejado de ofrecer como solución a los problemas de los trabajadores y de la población la constitución española, incluso llegando a proponer en uno de sus discursos la formación de grupos de reflexión sobre la misma. Y en todo momento I.U. siempre ha estado presente en todos los acuerdos o pactos institucionales desde la reforma del código penal hasta el Pacto de Toledo sobre las pensiones. Pero si el PSOE en todos sus años de gobierno ha justificado su política de sacrificios para la clase obrera como la única posible que se puede realizar contribuyendo a desmoralizar a los trabajadores, I.U. siempre ha situado todas las esperanzas de cambio de los trabajadores en la papeleta de voto, impidiendo las posibilidades de respuesta y organización independiente de los trabajadores.

El PSOE en la oposición. Nada nuevo en el horizonte

Las últimas elecciones generales han supuesto la perdida del poder por parte del PSOE. Sin embargo, cosa cantada por otra parte, I.U. quedó muy lejos del famoso sorpasso, apenas avanzó un 1% respecto a las generales del 93, mientras que el PSOE conservaría un 37% de los votos contra el 10% de I.U. El fiasco de esta política abriría la crisis en el seno de la coalición que concluiría, al menos aparentemente, con la exclusión de los renovadores del PDNI y la ruptura con las federaciones gallega e Iniciativa por Cataluña. El estancamiento electoral de I.U. que limitaba las posibilidades de acceder a puestos institucionales o de mejorar la relación de fuerzas con el PSOE cara a una posible alianza, puso sobre el tapete como llegar a acuerdos con los socialistas y quien controlaría el proceso. Ya que como se está viendo una vez fuera los renovadores la dirección de Izquierda Unida ha multiplicado sus gestos en dirección al PSOE. Por su parte algunos renovadores están encontrando un lugar bajo el sol en las listas electorales del PSOE, como es el caso de Cristina Almeida en la Comunidad de Madrid.

En cuanto al PSOE la consecuencia más inmediata de su derrota electoral fue la dimisión de Felipe González como Secretario General y la apertura del proceso de primarias para la elección de un candidato a las próximas elecciones generales, posiblemente como un intento de renovar la imagen de un partido paralizado por la perdida del poder y atenazado por los escándalos de corrupción y el GAL. Una vez pasado el llamado efecto Borrell, vencedor en las primarias, el PSOE parece superado en todos los terrenos por el PP que incluso avanzó espectacularmente en las elecciones autonómicas vascas. Más que el desinflamiento de un candidato como Borrell, incapaz, al parecer de imponerse al aparato y a los diversos clanes de poder, siempre con la sombra omnipresente de Felipe González, su retroceso frente al PP es fruto de una política que no se diferencia mínimamente de la del gobierno de Aznar. Prácticamente sus criticas desde la oposición se limitan a las formas y no al fondo, como ha demostrado su posición en el conflicto de Kosovo: de acuerdo con la intervención española pero se debió de informar al parlamento. Por otro lado la política del PP es una continuidad de la llevada a cabo por el PSOE y Aznar no duda en recordarlo continuamente.

Frente a esta perspectiva y dada la proximidad de las elecciones europeas, autonómicas y municipales no han escaseado las maniobras de acercamiento entre el PSOE e I.U. En el último debate del estado de la nación la propuesta de Anguita hacia el PSOE era tan amplia y ambigua que abría cualquier puerta hacia el entendimiento. En sus últimas declaraciones casi ningún dirigente de ambas formaciones ha negado la posibilidad de pactar tras las elecciones. Todo dependerá del resultado de las mismas.

Pero independientemente de las maniobras electoralistas de unos y otros la actuación de los partidos obreros mayoritarios siempre ha ido en la dirección de utilizar el crédito y la confianza con que contaban por parte de los trabajadores para utilizarlos como punto de apoyo para sus intereses partidistas de alcanzar cuotas de poder dentro del marco de las instituciones burguesas y una vez que gestionan los asuntos de la burguesía o se han creído muy cerca de ello han colaborado con la burguesía o han impuesto desde el poder duras medidas anti obreras, eso si en nombre de la izquierda.

Hoy como ayer la única perspectiva posible para los trabajadores es romper con la resignación y con las ilusiones de que una alternancia de la izquierda en el poder puede mejorar sus condiciones de vida y frenar la ofensiva que la burguesía lleva desde años, es por el contrario avanzar en su organización independiente, es recuperar sus métodos de lucha en la fábrica y en la calle, la unión de clase por unos intereses comunes. Y para eso es imprescindible la formación de militantes revolucionarios que puedan ayudar a avanzar a la clase trabajadora no solo en sus luchas inmediatas sino en la perspectiva del socialismo y el comunismo.

Mayo/1999