Hace unos días que saltó en los medios de comunicación que Pedro Sánchez había pactado con Juan José Omella presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica española la devolución de unos 1000 bienes inmuebles que la entidad religiosa “reconoce” como inmuebles apropiados “indebidamente” pues “no le consta la titularidad sobre el mismo”. Pero el hecho es que la Iglesia católica se ha apropiado de, exactamente, 31.961 inmuebles de los que 20.014 serían templos o similares, lugares de culto y otros 14.947 que “no se relacionan con estos usos”, como “solares, viviendas, locales, aparcamientos, cementerios, campos de labranza, etc.” Sin embargo esta lista sería solo una tercera parte del total de bienes apropiados por la Iglesia sin tener ningún título de propiedad, es decir sin tener ningún documento que acredite la propiedad del inmueble, su compra o donación en su caso.
Es más, según Antonio Manuel Rodríguez, portavoz Coordinadora Recuperando: “Hay unos 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria”. A partir de 1978 estas normas franquistas son inconstitucionales pero la iglesia siguió inmatriculando con la connivencia de los Registradores de la Propiedad y del Gobierno. Pero no es hasta 1998 que Jose María Aznar en 1998, amplió los privilegios concedidos por el franquismo en la ley hipotecaria de 1944, reformada en 1946 que les da plenos poderes a la Iglesia para seguir haciéndolo a plena luz del día, y les permite ampliar dichas inmatriculaciones a los templos de culto, cosas que con el dictador no les estaba permitido. Es a partir de ese momento cuando inmatriculan las catedrales y todos los edificios como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla y el arte mudéjar aragonés y prerrománico asturiano. Esto sólo con la certificación del obispo correspondiente, haciendo de fedatarios públicos sin aportar documentación alguna que legitime su propiedad.
Para cualquier persona de este mundo capitalista donde la propiedad privada es el pilar y la ley fundamental de la sociedad, donde todo se compra y se vende, sería un robo y dar un privilegio feudal a una entidad privada cuyo propietario es un estado extranjero (El Vaticano), que además no pagan IBI ni declaran los ingresos que obtienen de sus entradas a los templos. Sólo en la Mezquita de Córdoba en el año 2016 se calcula ingresaron entre 11 y 13 millones de €. En Sevilla debían rondar cifras similares. Eso sí, cuando hay que realizar restauraciones el 99% de las veces se hace con dinero público. El Estado español, central y autonómico, aporta a la iglesia católica en subvenciones directas y exención de tributos, más de ONCE MIL millones de euros anuales. Además está exenta de impuestos como el IBI y recibe una aportación estatal para su existencia privada religiosa, educativa y sanitaria.
¿Cómo es posible que al amparo de una ley, llamada de inmatriculaciones, una entidad pueda apropiarse de un edificio simplemente por no estar registrado? Pue sí, en la España del siglo XXI la Iglesia católica, a través de sus obispos, se han apropiado de miles de edificios simplemente por decir ellos, que son suyos. Catedrales como la Córdoba, la Giralda de Sevilla, los templos románicos etc. Inmuebles todos ellos que fueron construidos con dinero público o conquistados y en consecuencia son propios de la sociedad y del Estado.
La ley de 1998 no es más que un privilegio cuasifeudal que expresa una antigualla reaccionaria y que muestra la realidad de una clase política y burguesa que nunca rompió con el antiguo régimen porque fue incapaz de hacer la revolución en su tiempo histórico.
Desde la Revolución francesa de 1789 y todas las revoluciones burguesas del siglo XIX, el patrimonio de la aristocracia feudal y de la Iglesia habían sido expropiados porque eran bienes patrimoniales del Estado, conseguidos con el trabajo y los impuestos colectivos que la Iglesia se apropiaba. De todos es conocido que las iglesias, catedrales y palacios desde la alta Edad Media eran construidos con los diezmos e impuestos que la sociedad pagaba y con la colaboración de los vecinos de la localidad, y que como tales bienes eran propiedad del Estado.
El hecho de que un gobierno de “izquierda” acepte sin más la ley semifeudal de las inmatriculaciones y se conforme con 1000 bienes inmuebles, migajas, que la Iglesia “admite”, muestra la incapacidad del reformismo socialdemócrata de realizar lo que tenía que haber hecho la burguesía revolucionaria en el siglo XIX: expropiar los bienes colectivos que se apropió la casta sacerdotal española y que tendrá que hacerse en un futuro por la única clase social que no tiene nada que perder más que sus cadenas, la clase trabajadora en lucha.