El pasado 1 de febrero el Consejo de ministros aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda; ahora serán las Cortes quienes lleven adelante el trámite parlamentario de la ley.

Esta ley de vivienda se ha venido retrasando desde que fue anunciada al principio de la legislatura. Sobre todo, debido a las discrepancias entre PSOE y UP, acerca de la fórmula para regular los precios de los alquileres. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe negativo del borrador de la Ley, por considerar que invade competencias autonómicas. A pesar de ese informe desfavorable, el Ejecutivo pide su tramitación parlamentaria urgente.

Entre las medidas que contempla esta nueva ley figuran poner límites de precios en “zonas tensionadas”, aquellas donde los gastos supongan más del 30 % de la renta o donde el alquiler suba un 5 % por encima del IPC. También se contempla reservar un 30% de las nuevas promociones para vivienda social.

Respecto a esas áreas de mercado tensionado, se controlará los precios de los alquileres entre grandes y pequeños propietarios. Los primeros deberán ceñirse a unos baremos de renta determinados por una estadística pública que está todavía por construirse. Para caseros particulares habrá nuevas bonificaciones fiscales, que podrán llegar hasta el 90% si aceptan rebajar la renta al menos un 5%. Y también se establece una prórroga obligatoria del contrato en las mismas condiciones durante un tope de tres años, lo que equivale a congelar (aplicando la subida del IPC) el arrendamiento durante ese periodo. Y esta es toda la regulación que piensan aplicar a las viviendas privadas en alquiler.

Sobre el papel, la prohibición de los desahucios se limita a quienes no tengan alternativa ocupacional. Sobre el papel, porque en la práctica los desahucios continúan. Hay una ley de vivienda, pero también hay que recordar que hay una ley de desahucios. Y éstos siguen dándose, sobre todo porque es la propiedad privada la que tiene el poder y la ley está para defenderla.

La nueva Ley de vivienda sigue sin limitar el poder de grandes propietarios que son quienes verdaderamente marcan el paso a los precios.

Tampoco toca los deshaucios. Realmente todo va a seguir como hasta ahora. A pesar de ello, la derecha ya ha anunciado que no está dispuesta a que esta ley salga adelante.

El PP advirtió que recurrirá la ley si se llega a aprobar. Por su parte Casado ha dicho que las autonomías del PP no la aplicarán. Todo apunta a un nuevo “culebrón”.

Están también las Asociaciones empresariales de los sectores inmobiliario y de la construcción que se han mostrado de acuerdo con el informe del CGPJ, como, por ejemplo, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña).

Pretender que una Ley como la del Derecho a la Vivienda vaya a resolver los problemas es engañoso.

Con la vivienda en manos principalmente de los grandes propietarios, entre los que se encuentra la banca y las inmobiliarias, que a menudo son lo mismo, intentar regular los precios es una falacia. La banca lidera además el número de desahucios ejecutados.

La vivienda tiene que ser un bien público, expropiando el suelo de las manos de los grandes propietarios, aboliendo además la propiedad privada. Mientras el uso del suelo no esté gestionado de forma pública por la población, y su uso organizado en función de las necesidades sociales y no del beneficio, los problemas no se resolverán. Verdaderamente a lo más que se puede aspirar es a poner parches insuficientes.