La reforma de los estatutos de autonomía está acaparando la atención de los medios de comunicación y centrando los debates de los políticos y partidos. Como ocurrió con el Plan Ibarretxe, -el intento del PNV de reformar el estatuto de Gernika- la reforma del estatuto catalán está propiciando discusiones, polémicas, enfrentamientos verbales entre los políticos de la derecha tanto españolista como catalanista, entre los mismos socialistas y en general entre los nacionalistas catalanes.

Se escriben ríos de tinta, y en las tertulias radiofónicas y televisivas la saliva se gasta a raudales en estas discusiones. Periodistas, filósofos, profesores, políticos, economistas y empresarios están enzarzados en la discusión. Éstos han desempolvado el tarro de las esencias de cada patria, y se vuelve a las históricas discusiones carpetovetónicas de la burguesía intelectual de la primera mitad del siglo XX. Ahora se trata de definir la esencia de España en libros y artículos, dónde sesudos profesores se vuelven a preguntar sobre qué es España, la invertebrada España orteguiana, el separatismo, la ruptura del país, la sacrosanta Constitución, e infinitas discusiones bizantinas sobre qué es un Estado, una nación, un pueblo... en un sin fin de argumentos y contra argumentos que más parece tendentes a secarnos el seso, que a aclararnos la situación. Si en un principio había pasado desapercibido el estatuto catalán, hasta para los catalanes, ahora después de este guirigay parece que están trascendiendo las discusiones, hasta llegar al dolor de cabeza para los que lo siguen.

Los políticos utilizan el debate para sus ambiciones públicas

Para la derecha del PP la reforma del Estatuto catalán supone en realidad una reforma oculta de la Constitución del 78, es un paso más hacia la disgregación del país y la ruptura de España, y por consiguiente a la independencia catalana. Para algunos barones socialistas como Ibarra, presidente de Extremadura o Chaves de Andalucía, el Estatuto es un agravio, pues permite la desigualdad ínter territorial y abre una fosa entre regiones ricas y pobres. Para la derecha catalana, como ERC y CiU, es un paso hacia la nación catalana dentro de un Estado plural. Para Zapatero y su talante hay que buscar el pacto dentro de la Constitución y para Llamazares e IU - exceptuando la andaluza que se opone- el Estatuto catalán es un paso hacía el Estado federal, solución de nuestros problemas. Incluso parte de la extrema izquierda en su prensa defiende el Estatuto porque aumenta la autonomía de la región y lo critican por no expresar claramente el derecho de autodeterminación de los catalanes.

Mientras tanto, en todo este maremagnun de discusiones los problemas de la clase obrera no aparecen, y cuando estallan conflictos, como el de SEAT en la misma Cataluña, aparece la realidad y la vacuidad de todas estas discusiones estatutarias demostrando para lo que sirven: para alimento de los políticos y de sus ambiciones. Sin embargo ésto hace aún más necesaria la expresión de una voz obrera que muestre sus intereses e imponga una independencia política de los partidos de la burguesía.

En la superficie de la discusión de la derecha, de los nacionalistas, del PSOE e IU, está el tema de la "nación", la constitucionalidad o no de este apelativo y la supuesta ruptura de la nación, del mercado, con el fin independentista. Pero es difícil que la sangre llegue al río, pues en definitiva la pelea y la discusión tienen un aspecto básico que es el reparto de la tarta presupuestaria y financiera a través de los impuestos que gestionan los políticos. Por el contrario, nadie cuestiona el carácter de clase del Estado, ni siquiera la forma de gobierno, y tampoco existe una crisis social tan grave que permita a los distintos sectores de la burguesía pelearse por un trozo de territorio, en una Europa donde los distintos imperialismos buscan agruparse en un bloque continental para competir con sus homólogos norteamericanos y asiáticos.

En el fondo de la cuestión, las discusiones no son más que la forma de organización territorial del Estado burgués, y el aspecto quizás determinante de toda la polémica: la financiación de la Generalitat y por ende del resto de las autonomías, sometidas a un déficit presupuestario apabullante (43.467 millones de euros).

La transición y las autonomías

El Estado autonómico actual procede de la situación heredada del franquismo. Es fruto, pues, del pacto, de la llamada Transición entre los partidos de izquierda, los nacionalistas y el aparato franquista representado por Suárez y Fraga Iribarne. La burguesía española buscaba una salida estable al régimen franquista desde distintos sectores. Manteniendo el aparato de Estado y la monarquía instaurada por Franco, mantenía la propiedad privada, la seguridad y estabilidad de sus negocios. Por otra parte el pacto con la izquierda en la Junta Democrática y después con la llamada Platajunta permitía establecer los puentes que permitieran que todo, en lo social y económico siguiera igual.

En ello intervinieron los nacionalistas, exigiendo su cuota del pastel. Los catalanes agrupados con Tarradellas y con Jordi Pujol pactaron sin problemas. Los vascos tuvieron más, pues estaba el tema de ETA; esta organización nacionalista armada exigía y mantenía posiciones más radicales - el derecho de autodeterminación, entre otras-, apoyados en una situación de movilización de los trabajadores y de la población vasca que no dejaba de ser reprimida. El Estado, su aparato, se negó en redondo a negociar con ETA y trató de aplastarlos con la represión, una vez llegados a acuerdos con el PNV y la izquierda.

Las autonomías y los nacionalismos son el capote para torear los problemas sociales

En la transición se produjo también, como ahora, el debate por agravios entre regiones. Se empezó entonces una carrera para obtener un Estatuto con competencias iguales entre las distintas regiones. Esto permitió a la derecha y al presidente Suárez desviar los problemas sociales hacia el callejón sin salida autonómico. La Constitución establecerá dos formas de acceso a la autonomía - "vía rápida" y la "vía lenta"-. Cataluña, País Vasco y Galicia se acogieron a la disposición transitoria segunda, que permitía el acceso inmediato a la autonomía (por el artículo 151), con todas las competencias, a los territorios que en el pasado habían aprobado un Estatuto en referéndum y tuvieran ya un régimen autonómico provisional. Andalucía pudo acogerse también a esta vía después del referéndum de 1980. Navarra, Canarias y Valencia siguieron procesos propios que les permitieron alcanzar una "autonomía de primera". Pero los pactos autonómicos de 1981 reconducen el proceso para aplicar al resto de comunidades el artículo 143, con un nivel competencial inferior en un periodo inicial de cinco años y una transferencia sucesiva de competencias en los años siguientes.

La Constitución de 1978 mantuvo el carácter burgués del régimen, la propiedad privada, el capitalismo y la burocracia político- militar del Estado franquista. Desarrolló el régimen parlamentario, con la monarquía impuesta por Franco, y los derechos de expresión y organización, propios de los regímenes democráticos burgueses. En este sentido la organización parlamentaria y jurídica del estado no se diferencia en lo fundamental en nada de los regímenes republicanos y monárquicos de la Unión Europea.

Los problemas históricos a resolver de la burguesía

Para la estabilidad del orden social imperante la burguesía y el aparato de Estado tenían que dar soluciones en su beneficio a dos problemas fundamentales que habían causado conflictos políticos y sociales durante todo el siglo XX. El primero y fundamental el llamado problema social, es decir la lucha de clases, mantener estable la explotación del trabajo y los beneficios de la clase social dominante. Para ello había que anular políticamente cualquier posibilidad de "desestabilización", cualquier posibilidad que permitiera dar una salida a las luchas de clase y crear en un futuro una posibilidad real para la lucha por el socialismo. Para ello había que pactar con los partidos de izquierda que deseaban integrarse en un régimen parlamentario capitalista y así representar la posibilidad de elegir a una "izquierda" en el nuevo régimen. Primero el PC y después el PSOE se convirtieron en el colchón amortiguador y garantes, en sostenedores, del orden social permitiendo la integración de las luchas obreras y el mantenimiento de la explotación.

Así se pactó la Constitución, los Pactos de la Moncloa, se subvencionaron y se pagaron a las burocracias sindicales, los partidos políticos y sus cargos. Cuando el reflujo de las luchas de la Transición permitió cierta paz social y se pagó a sectores minoritarios de los trabajadores de la llamada aristocracia obrera con prejubilaciones o ciertos "privilegios" salariales, la burguesía tuvo las manos libres para atacar a la clase obrera eliminando mejoras, reconvirtiendo salvajemente sectores industriales, creando millones de parados y permitiendo el enriquecimiento de la burguesía.

La clase obrera pagó con su explotación y sus derechos laborales, en las décadas siguientes, la política del PCE y del PSOE, los beneficios de la patronal y de la burguesía convirtiendo el trabajo en precario y explotando en condiciones que muchos trabajadores no recordaban desde los años 60. La responsabilidad de los partidos de izquierda fue tremenda y la clase obrera no fue capaz por sí sola de superar el aislamiento de sus luchas y desbordar las direcciones que la llevaron al callejón sin salida de la situación actual; políticamente es imposible sin que haya una organización obrera independiente y no supeditada a los nacionalistas.

El otro problema que había que solucionar era los nacionalismos peninsulares que representaban históricamente los intereses de la pequeña burguesía y de sectores de la gran burguesía. Como el franquismo había oprimido aquellas expresiones culturales que defendían sectores de la pequeña burguesía nacionalista en Cataluña, País Vasco, -y otras regiones con menos raigambre-, con una tradición histórica, política e implantación social considerable entre sectores de la población, había que crear las formas para que esta pequeña burguesía pudiera obtener representación en la gestión estatal que permitiera sus carreras políticas y profesionales, sus ambiciones y sus puestos en las grandes empresas.

La organización territorial en el Estado español

La expresión jurídica de esta situación fue la Constitución del 78. Y dentro de ella buscaron la manera de, bajo diversas denominaciones, dar parte de la gestión del Estado en las regiones a esta pequeña burguesía. Como había que mantener el aparato central del Estado, el mercado único y las competencias centrales había que buscar fórmulas que descentralizaran el Estado.

La burguesía ha utilizado diversas fórmulas para construir su aparato de Estado. A partir de diversos países soberanos se han creado estados federales, caso de Suiza o EEUU. O lo más común, ha centralizado en un Estado unitario para así mejorar la eficacia, caso francés. Pero en definitiva el capitalismo, a pesar de las distintas formas de gobiernos y de Estados, ha desarrollado por su propia lógica una centralización de los mercados, de la producción, de todas las estructuras, tanto de transportes como de los servicios, por ser la forma eficaz de ganar dinero. Por eso todos los Estados tienden a mantener estructuras cada vez más unificadas en aras de mantener sus beneficios y su orden social.

¿Para qué sirven las autonomías?

En España el estado autonómico funciona - además de mantener a unos políticos y una burocracia regional-, como fórmula para traspasar el déficit del Estado, la gestión de los servicios públicos y sociales, a los aparatos autonómicos.

Las autonomías sirven también para subvencionar a las empresas regalando dinero público. Así una empresa puede recibir subvenciones del Estado central, de la autonomía y del Ayuntamiento. Esto explica uno de los fundamentos de las reformas de los estatutos autonómicos: la reforma de la fiscalidad, la recaudación y gestión de los impuestos para dar salida al déficit de miles de millones de euros que tienen las autonomías. Sólo en sanidad se calcula que hay 7.000 millones de euros de déficit.

Los estatutos actuales utilizan la misma solución nacional burguesa de la II República

Y del fondo de la cuestión pasemos a las formas jurídicas del Estado de la Autonomías.

La cuestión nacional se intentó resolver en el pacto constitucional a través de lo que se llama las comunidades autónomas, o simplemente las autonomías. Recogiendo los antiguos Estatutos de la II República se negociaron los actuales.

Las autonomías fue la solución dada a los nacionalismos también en la II República. Catalanes y vascos habían dado ya sus primeros pasos amparados por la Constitución de 1931. Cataluña es la primera en aprobar su Estatuto de autonomía (1932); después le llegaría el turno al País Vasco (1936). El Estatuto gallego, aprobado en referéndum el 28 de junio de 1936, fue aprobado en el exilio y el andaluz no pudo pasar de los primeros pasos por la guerra.

La Constitución de 1978 establece que España "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". El Estado central tiene las competencias exclusivas en defensa, territorio, fronteras, relaciones internacionales, justicia, hacienda y la legislación básica de la sanidad y educación entre las más importantes. Las autonomías pueden tener la gestión concreta de los servicios públicos, sus parlamentos, su policía autónoma y el desarrollo de las líneas generales de la política económica. Pueden dictar leyes y reglamentos desarrollando las competencias y las leyes generales del Estado.

En cuanto a la financiación sus presupuestos se organizan con aportaciones del Estado como compensación ínter territorial, con la recaudación del 35% del IVA y el 33% del IRPF. Excepto el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen llamado de conciertos, por los cuales recaudan todos los impuestos directamente para después negociar con el gobierno en base a unos montantes de dinero que se llaman cupos sometidos a variables establecidas como la población, niveles de renta etc.

El mapa actual de las 17 autonomías se perfiló entre 1979 y 1983. El 18 de diciembre de 1979, el Congreso aprueba los estatutos de País Vasco y Cataluña; en 1981, los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria; en 1982, los de La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y la ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra; finalmente, en 1983, los de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. Los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se aprobarían en 1995.

Cada autonomía tiene su parlamento, su presidente y su gobierno, con su presupuesto, su financiación y la gestión de servicios públicos esenciales para la población como son la sanidad y la educación.

Las autonomías se han convertido en una doble administración donde los políticos hacen sus carreras sin necesidad de competir para los puestos de la administración central. La sanidad y la educación son las administraciones estrella de las autonomías donde aplican, como sus políticos deciden, las leyes generales. Si descontamos al ejército, los funcionarios de justicia y las empresas públicas, el Estado central sólo tiene unos 234 mil funcionarios (542.353 con todos), mientras que los funcionarios autonómicos son un total de 1.162.057.

El nuevo estatuto catalán

Cataluña tiene una población de casi 7 millones de habitantes (el 17,5% de los 40 millones que tiene España), por 7,8 de Andalucía o 6 de Madrid, para tener una comparación. La tasa de paro es del 8,9% - Madrid tiene el 6,3%, Andalucía el 15,9% -. Representa el 18,40 % del PIB, español - Madrid tiene el 17,50% y Andalucía el 13,60%.

Con la llegada del tripartito al poder en la Generalitat - PSC, ERC e IU-, se propusieron reformar el Estatuto aumentando sus competencias y dar solución al déficit de financiación que, como las demás autonomías, tiene.

El nuevo Estatuto que ahora se discute en el congreso de los diputados contiene todos los ingredientes que puede tener una Constitución nacional, con sus preámbulos, títulos y artículos. En el preámbulo se define a Cataluña como nación, se hace mención a los derechos históricos usurpados y se define a España como un Estado plurinacional. En cuanto a la lengua, el catalán, se hace de uso preferente en la administración catalana y en la enseñanza.

En cuanto a la financiación de la Generalitat, propone la creación de una agencia tributaria propia que recaudaría la totalidad de los impuestos, cediendo después una parte proporcional al Gobierno central, que en ningún caso superaría el 50% de lo recaudado. Asimismo presenta una mayor capacidad normativa que la actual, es decir, la potestad para crear o modificar tipos impositivos o modalidades de impuestos. Este tema es en realidad el núcleo de la fricción entre autonomías pues el problema está en el reparto del pastel de los impuestos y su gestión por las autonomías.

Según diversos estudios de las balanzas fiscales de las distintas comunidades autónomas, publicados en prensa, coinciden en general en que sólo tres de ellas aportan más de lo que reciben de las arcas del Estado. En el análisis elaborado por Ezequiel Uriel, publicado en 2003 por la Fundación BBVA, y que publicó el periódico "El Mundo", las únicas que concluían con un saldo negativo en el periodo estudiado (1991-1996) eran Madrid (-6.236 millones de euros), Cataluña (-2.411 millones de euros) y Baleares (-650 millones de euros). De las comunidades con saldo positivo destaca Andalucía (9.035 millones de euros), a mucha distancia de otros receptores netos, como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Estos datos pueden indicar que hay regiones que aportan más que otras a los presupuestos del Estado y que éste reparte dando más a las más pobres.

Pero en realidad este déficit fiscal lo único que indica es que este dinero presupuestario, desquitando la parte que va a los servicios básicos, siempre termina en los bolsillos de los más ricos y el dinero no tiene territorio, está en la propiedad privada.

En este tema, la financiación es un arma arrojadiza entre los políticos, que puede desarrollar una demagogia y enfrentar a unos y otros. Y esta demagogia ya se está utilizando entre los políticos de unas regiones contra otros, pudiendo enfrentar a las regiones pobres con las más ricas. Precisamente la gestión de estos recursos públicos ha permitido a las autonomías endeudarse hasta el extremo de deber 43.467 millones de euros. Este problema es el que está detrás de la propuesta catalana de recaudar el 50% de los impuestos ellos mismos y llegar a un acuerdo para devolver en "solidaridad" a las regiones más pobres. Realmente las autonomías son 17 mini Estados, que aumentan los gastos y que cada uno presiona tratando de quedarse con el mayor trozo de tarta. Las regiones ricas, Cataluña, País Vasco, quieren más y tachan de "subsidiadas" a las pobres, como Extremadura o Andalucía.

En cuanto a los artículos del estatuto que tienen que ver con el mundo del trabajo está claro que pretenden "un espacio laboral catalán" como indica el artículo 45, apartado 4, que con el artículo 170 sobre la negociación colectiva, puede cortar la unidad de la clase obrera desde el momento que aparece otra negociación aparte de la nacional. Esto significaría que podría haber trabajadores de la misma empresa con condiciones laborales distintas y mesas de negociación aparte unas de otras. Esto supondría un obstáculo más en la unidad obrera para la lucha y beneficiaría a la patronal. Además el apartado 5 del artículo 45 deja bien claro que el gobierno catalán potenciará a las empresas.

Podemos concluir que este Estatuto no es más que la expresión jurídica burguesa de sectores políticos catalanes que en ningún caso beneficia a los trabajadores. Los problemas jurídicos constitucionales - como el término nación-, la supuesta ruptura del mercado y el tema de la financiación son el arma arrojadiza de la derecha del PP contra el PSOE, y que utilizan los nacionalistas catalanes para obtener mayor parte de la tarta presupuestaria y defender sus intereses de clase que no son precisamente los de la clase obrera. Ésta además sale perjudicada pues se rompe el espacio laboral común.

Para sectores de la extrema izquierda el Estatuto catalán acercaría más el gobierno a los catalanes, pero faltarían más artículos sociales. Para otro sector este Estatuto no colma las aspiraciones del pueblo catalán pues no permite la autodeterminación. Pero evidentemente este Estatuto y su discusión están totalmente fuera de los intereses obreros. Si acerca el poder será a los políticos catalanes y a la burguesía. Y en cuanto al derecho de autodeterminación, no podemos oponernos si fuera un deseo mayoritario del pueblo catalán y de la clase obrera, pero en ningún caso vamos a defender la ruptura que esto supondría de la clase obrera, la única clase social con la posibilidad de vertebrar la sociedad en un régimen social sin explotación del hombre por el hombre.

El problema nacionalista: la incapacidad histórica de crear un Estado centralizado

En España ha existido un problema nacionalista en las regiones españolas que fueron sometidas históricamente a la dinastía de los austrias primero y después de los borbones. Con una revolución industrial dependiente del capital europeo y frágil, producto de una burguesía débil incapaz de articular un Estado moderno, no se produjo la centralización que hubiera permitido unificar los distintos reinos y regiones y vertebrar la nación en un proyecto político.

El atraso económico y social, la pervivencia del ámbito rural en un aislamiento generalizado produjo en ciertas regiones, que podían corresponder más o menos geográficamente a antiguos reinos medievales peninsulares, la pervivencia de costumbres y lenguas que en otras partes de Europa la burguesía había erradicado al unificar y crear los Estados modernos. Caso, por poner el ejemplo clásico, de Francia.

Sería preciso remontarse a la Edad Media para explicarse el por qué de la debilidad de la burguesía y de la sempiterna lucha disgregadora que desde esa época aparece y desaparece en la península Ibérica.

La llamada "Reconquista" y la colonización americana estructura un tipo de Estado

Nuestra Edad Media evoluciona en un continuo conflicto entre los distintos reinos que con la desaparición del Imperio romano y más tarde del reino visigodo aparecen, entrando en una espiral de luchas continuas. Podemos decir que la península Ibérica desde la entrada de los musulmanes en el año 711 hasta la definitiva conquista de Castilla del último reino nazarí de Granada, en 1492, está en una guerra permanente, con 800 años de lucha bélica entre los distintos reinos. Los dos grandes reinos, Castilla y Aragón- Cataluña - aparte el reino de Portugal- van a ir extendiendo su conquista e imponiendo sus lenguas respectivas. Pero esta conquista se hace bajo un modelo característico que va a determinar más tarde tanto la conquista americana como la naturaleza del Estado medieval. Las guerras son guerras de botín y de extermino del enemigo en muchos casos y los repoblamientos de las zonas conquistadas se hace mediante el reparto prefijado de antemano en los diversos documentos y contratos del rey, la nobleza y sus vasallos. Son famosas las "Cartas Pueblas" que permiten la leva y organización del ejército. Después de conquistado el territorio se repartía al detalle el caserío, las tierras y mezquitas entre la tropa combatiente y por riguroso orden social medieval. Esto explicaría la abundancia de la nobleza villana, de los hidalgos y que el historiador Sánchez de Albornoz llamara a la Castilla de la alta Edad Media "tierra de hombres libres".

Este tipo de conquista hacía que cada ciudad, cada villa, tuviera una autonomía amplia respecto a la corona y que la guerra por el botín fuera uno de los principales recursos "productivos" de las clases dominantes. Esta lógica se transportó a América. La búsqueda del Dorado y la extracción a toda costa de los metales era la forma de obtener riqueza y no la producción de mercancías para el comercio. Éstas sí se hacían en Flandes, en Holanda y andando el tiempo en Inglaterra pero con la riqueza proporcionada por la conquista americana. El escritor Eduardo Galeano expresa en las "Venas abiertas de América Latina", con una imagen muy expresiva, este tipo de explotación: "España ponía la vaca y otros la ordeñaban". El rey y la nobleza vivían de la guerra y de los impuestos del botín de las conquistas, mientras el pueblo buscaba en ésta la satisfacción de las necesidades. De ahí que con la expulsión de los judíos y de los moriscos y con la ruina de las primeras manufacturas en Castilla, dejara para siglos más tardíos la aparición de una burguesía.

Por el contrario Cataluña se expansionó hacia el Mediterráneo y terminada su cuota de conquista de Al-andalus, desarrolló un comercio y una burguesía que permitiría siglos más tarde convertirse en la "pequeña Inglaterra".

El Estado de la monarquía absolutista española explica las fuerzas disgregadoras del Imperio

El absolutismo de las monarquías europeas del siglo XVI y XVII, fue una palanca que sirvió para acumular el capital de las primeras burguesías. Pero el absolutismo de la monarquía española estaba organizado alrededor de la conquista y se apoyaba en la nobleza y no en una burguesía. De ahí que el Estado se construyera de modo que no existían, ni las comunicaciones ni la estructura que permitieran unificar la península. Cada ciudad, cada región, cada antiguo reino mantenía sus costumbres, sus medidas, sus leyes. El localismo, la patria chica, se erigían por encima de un carácter nacional.

De tal manera esto es así que Marx en el siglo XIX, explicaba esta situación comentando la invasión napoleónica: "Y así pudo ocurrir que Napoleón, el cual -al igual que todos sus contemporáneos- consideraba a España como un cuerpo inanimado, sufriera la fatal sorpresa de descubrir que si el Estado español estaba muerto, la sociedad española estaba llena de vida y cada parte de ella rebosaba capacidad de resistencia".

Marx comparaba el Imperio español con el Imperio turco: "...la monarquía absoluta española (...) debe ser catalogada junto con formas asiáticas de gobierno. Como Turquía, España siguió siendo un conglomerado de repúblicas mal regidas con un soberano nominal al frente (...), el gobierno no impidió que subsistieran en las regiones los varios derechos y costumbres, monedas, estandartes o colores militares, ni siquiera sus respectivos sistemas fiscales"(C. Marx "España revolucionaria").

No es casualidad que cuando la decadencia del Imperio español comienza a entrar en barrena en el siglo XVII, los distintos reinos bajo la corona de los austrias tienden a la separación y disgregación. Otros Imperios se estaban desarrollando bajo otra base productiva: la acumulación de capital y sus compañías comerciales conquistaban la hegemonía mundial.

De ahí que los distintos tipos de fuerzas disgregadoras, y los nacionalismos periféricos aparecieran como una constante en nuestra historia.

El problema nacionalista actual está centrado básicamente en Cataluña, País Vasco y en menor medida Galicia. Aunque por mimetismo o por agravios comparativos puedan generalizarse al resto de regiones como respuesta al nacionalismo "españolista". Por poner un ejemplo ilustrativo tenemos a las Islas Baleares y Valencia respecto a Cataluña. Hace unos meses el presidente de la comunidad valenciana tildó de nacionalistas nazis de apoyo al Estatuto que se hizo en el campo fútbol del Barcelona cuando se dibujó un mapa con los Países Catalanes, incluyendo Valencia, las Baleares y la Cataluña francesa.

Detrás del problema de la lengua están los intereses de la pequeña burguesía

Este interés de la pequeña burguesía catalana defendiendo el catalán llega hasta extremos de querer expresarse en su idioma catalán, sabiendo español, aún en el caso de que nadie le entienda, para acentuar la diferencia. Hay ejemplos que muestran el ridículo de este tipo de actuaciones. En el Congreso, los diputados del ERC hablan en catalán auque saben que nadie les entiende más allá de los catalanes hablantes que lo escuchen. En un programa de televisión de humor político, cuando el entrevistador intentó en la calle, a la entrada al congreso de diputados, preguntarle a Carod Rovira sobre un tema político en tono de humor éste le contestó en catalán, cuando le explicó que no conocía el catalán, volvió a contestarle en catalán.

En una carta al director en el periódico El País, se quejaba un lector de la poca información sobre el catalán y Cataluña que reciben los estudiantes universitarios extranjeros cuando van a Barcelona, ¡porque quieren aprender el español y no el catalán!

Sin embargo a pesar de que este problema está fuera de los intereses de los trabajadores, la izquierda y la extrema izquierda apoya este tema. En vez de dejar las lenguas como formas de comunicación humana y dejar su expresión libre, con el apoyo y difusión que se crea necesario, la obligatoriedad implica un aparato de Estado que no deja de ser burgués. Si los sectores del pueblo catalán han hablado su lengua a pesar del franquismo no es imponiendo su lengua como van a construir una sociedad libre de explotación.

Eliminar lo burgués que hay detrás del problema político-lingüístico no significa imponer el castellano sobre el catalán, significa poner en primer plano los problemas obreros y utilizar la lengua que permita comprender la lucha y extenderla más allá de los casi 7 millones de habitantes de Cataluña. Si seguimos los razonamientos catalanistas sólo conseguiremos ir detrás de la burguesía y de esa pequeña burguesía que busca satisfacer sus intereses pero que en nada tienen que ver con los obreros.

La burguesía utiliza los nacionalismos para salvaguardar sus intereses

El problema nacionalista en el siglo XIX y XX se ha basado en intereses de la burguesía y de la pequeña burguesía. Tanto en el llamado españolismo, como el resto de los nacionalismos periféricos, siempre han respondido al interés de la burguesía por mantener el poder, de un lado u otro.

Es más, el problema catalán, la cuestión catalanista y toda la aureola nacionalista, nace de la lucha de la burguesía catalana en competencia con los latifundistas castellanos y andaluces. De ahí la aparición de la Lliga Regionalista y Cambó. Jamás el movimiento obrero tomó parte en estos intereses nacionalistas, ni se puso a su servicio. Todo lo contrario, tanto la CNT, la FAI, como la UGT y el PSOE con diversos matices los combatieron, pues eran movimientos netamente burgueses y en el caso vasco reaccionarios e integristas católicos. Son los catalanistas de Cambó quienes asustados por la huelgas de la CNT y en especial la famosa huelga de la Canadiense pactaron con los terratenientes para combatirlo.

En Cataluña los catalanistas eran apoyados por la burguesía para sacar beneficios y protección a sus industrias. En el caso vasco el PNV se apoyaba en la pequeña burguesía y en sectores del campesinado católico, que rechazaban la transformación industrial y la llegada de la mano de obra inmigrante.

Los nacionalistas catalanistas son enterradores también de la revolución obrera

Habría que recordar que Companys era presidente de la Generalitat cuando su policía, al mando de los estalinistas del PSUC y después el ejército popular de la II República aplastó las conquistas revolucionarias de los obreros catalanes. Mayo del 37 marca el fin de la revolución española ahogada en sangre de los obreros revolucionarios que habían aplastado el levantamiento fascista.

Habría que recordar también que el mismo Tarradellas, del ERC, se jactaba en una entrevista en un famoso documental sobre la guerra civil de boicotear las empresas en manos de los obreros negándoles los fondos financieros para su supervivencia, como consejero de la Generalitat. Companys y Tarradellas, como los partidos nacionalistas catalanes, fueron enterradores y enemigos de la revolución social y por consiguiente enemigos de los trabajadores. Habría también que recordar que además la 11 división del ejército republicano al mando de Lister ejecutó la orden de desaparición de las colectividades campesinas en Aragón tomándolas militarmente y que la 27 división del PSUC y la 31 de los independentistas hicieron la misma faena en sus zonas de influencia.

En este sentido, a pesar de los errores de la CNT y de los anarquistas, el movimiento obrero en Cataluña pudo realizar su heroica obra revolucionaria porque los obreros de la CNT combatieron a los nacionalistas poniendo la emancipación obrera, el internacionalismo y la revolución social en primer término, dejando las ridículas discusiones lingüísticas y de la cultura catalana en el limbo de los sueños de la pequeña burguesía, -que hoy en día están tan en boga en la izquierda-.

El famoso periódico Solidaridad Obrera, la Soli, se escribía en castellano y a nadie se le hubiera ocurrido editarlo en catalán o hacerlo bilingüe, pues por encima de todo estaba la unidad obrera que no podía entenderse y comunicarse sino en español. Naturalmente esto no quiere decir que no se hablara en catalán, o que los obreros catalanes que lo supieran por ser la lengua familiar, no lo utilizaran.

Balius secretario y dirigente de la agrupación "Los amigos de Durruti", agrupación anarquista que se opuso a la reacción contrarrevolucionaria de 1937, explicaría como había una pequeña burguesía catalana - médicos, abogados, comerciantes, oficinistas, estudiantes- "patriotas de blusa y mandil" que asumían el nacionalismo como parte de su idiosincrasia localista con su sistema de valores: "la pequeña burguesía que no vuela más allá del área local, fragua un ideal propio, con el propósito de defender su escrofulosa economía. El nacionalismo les cae al pelo" (Balius, El nacionalismo y el proletariado). Y este nacionalismo catalán, ante las revueltas del proletariado andaluz y extremeño, no dudó en sostener al gobierno central de la República de 1931 cuando desde Barcelona proclamaron el Estado Catalán y Maura, ministro de la gobernación republicana, "lanzó la advertencia - explica Balius- de que el Estado central no podía hacer frente al mismo tiempo a los campesinos andaluces y extremeños y a la libertad catalana". Entonces los nacionalistas, - Maciá-, se plegaron a las exigencias de salvar el capitalismo. Este es el origen de la Generalitat, "el Avi - Macia - renunció a la República Catalana y proclamó la Generalitat" (Balius, "De la República Catalana a la Comuna Libre")

Mientras que estos sectores revolucionarios tomaban estas posiciones, el POUM y Andrés Nin se plegaban a los nacionalistas en lo referente a la independencia y autodeterminación catalana. Trostki combatió esta posición explicando en una carta a Andrés Nin el 17 de mayo de 1931: "¿Dónde se sitúa el peligro de las ilusiones nacionales pequeño burguesas? En que pueden dividir al proletariado de España en sectores nacionales. Se trata de un peligro muy serio. (...)".

Unos meses antes, el 24 de enero de 1931, en "La revolución española y las tareas de los comunistas" Trotski hablando del derecho de los catalanes y vascos a organizar su vida independientemente, -en un contexto histórico dónde los sectores nacionalistas estaban en auge y todavía no había caído la monarquía de Alfonso XII- explica que "los obreros defenderán hasta el fin el derecho de los catalanes y los vascos a organizar independientemente su vida nacional y siempre que la mayoría de estos pueblos se pronuncie por una separación completa. Sin embargo, eso no quiere decir que los obreros avanzados impulsen a los catalanes y vascos a la independencia."

La burguesía con Franco "unifica" la nación y la izquierda se supedita a los nacionalistas "descentralizadores"

El fin de la guerra civil, el triunfo de Franco y de su nacionalismo "unificador" supuso el exterminio físico de la izquierda, de los obreros y también la anulación de todas las libertades públicas, incluso la de las distintas lenguas. El franquismo y su represión intentó anular por obligación la lengua catalana o el desarrollo del euskera.

Durante los años 60 la industrialización se extendió por todo el país. La emigración de 3 millones de trabajadores del campo a la ciudad y al extranjero posibilitó el desarrollo de una joven clase obrera que engrosó el proletariado, tanto en las clásicas zonas industriales de Cataluña y País Vasco, como en el resto de las principales capitales de España y sobre todo en Madrid que por primera vez se convirtió en una metrópolis industrial.

Esta nueva clase obrera desarrolló un nuevo movimiento obrero, nuevas organizaciones político-sindicales y nuevas luchas. Cataluña como región industrializada no quedó al margen de estas luchas. Pero a la vez que se desarrolló esta clase obrera, la pequeña burguesía intelectual y los estudiantes empezaron también a combatir el franquismo. En general fue el PSUC que con estos dirigentes y dominando CCOO, fue desarrollando su política reformista de pacto con la burguesía. Y el terreno estaba abonado en Cataluña para que se plegara a la pequeña burguesía nacionalista e impusiera su carácter nacionalista sobre las reivindicaciones obreras.

Así si antes de la guerra civil la CNT había mantenido la independencia de los nacionalistas, el PSUC se puso detrás de la burguesía nacionalista, organizando la Asamblea de Cataluña y llenando de banderas catalanas las manifestaciones con el lema "Libertad, amnistía, Estatuto de autonomía". Esto posibilitó que tanto Pujol con la derecha nacionalista y el ERC tuvieran la vida política que no habían tenido durante el franquismo. Después el PSC conquistó el espacio del PSUC, de la misma forma que el PSOE lo hizo con el del PCE, siguiendo la misma senda. El pacto con Suárez y los franquistas y el desvío de las energías populares hacia los estatutos autonómicos llevó a la clase obrera al desastre y a mantener a los mismos perros con distintos collares nacionalistas.

Toda una caterva de políticos, todo un sector de la pequeña burguesía intelectual tenía sus carreras y ambiciones realizadas a través de las autonomías. Curiosamente en Cataluña es tradicional votar mayoritariamente nacionalista en las elecciones autonómicas y socialista e IU en las elecciones generales. Esta aparente contradicción se debe al porcentaje de población obrera, votante sobre todo de los socialistas, que se abstienen en las elecciones autonómicas.

Esta nueva clase obrera catalana mayoritariamente inmigrante es reacia a las imposiciones nacionalistas y lingüística de los catalanistas. Ni la izquierda, ni la extrema izquierda han sido capaces de organizar las reivindicaciones obreras sin plegarse a los intereses de la pequeña burguesía catalanista. Incluso muchos obreros inmigrantes se ven presionados por la política lingüística nacionalista y buscan salir a otras regiones.

En Andalucía esta política de apoyo a los nacionalistas en otras regiones produjo los agravios y vejaciones suficientes para que la energía obrera se materializara en la lucha por un Estatuto del mismo nivel que el catalán y vasco. Pero aquí curiosamente fueron los socialistas y no los nacionalistas del PA, antes PSA, los que hegemonizaron el nacionalismo andaluz. Y fue precisamente el pacto de Rojas Marcos con Suárez, que aceptaba organizar la autonomía andaluza a través del artículo 143 de la Constitución, con menos competencia que los catalanes que lo hacían por el 151, el que hundió al PSA, pues Escuredo -el presidente socialista del gobierno preautonómico- en su famosa comparecencia en el congreso se negó a aceptar otro artículo que no fuera el 151.

En todo el país la izquierda puso bajo estas reivindicaciones autonómicas a toda la población obrera dejando en segundo plano las aspiraciones obreras que terminarían por traicionarse con los distintos pactos sociales. Pero lo más curioso de todo fue que la extrema izquierda actuó, no como defensora de los intereses obreros, sino cómplice de esta política de sumisión al Estado burgués, defendiendo los Estatutos o su consecución, en otros casos la autodeterminación y apoyando a Herri Batasuna, o a los nacionalistas catalanes en otros.

El problema lingüístico

La pervivencia de la lengua catalana, como la vasca o la gallega tiene razones históricas que hemos descrito anteriormente. Pero también es un hecho político. Sectores del pueblo catalán han tenido la voluntad y la energía de mantener su lengua, en condiciones difíciles de represión política durante el franquismo, como lengua maternal y familiar. Durante años la prohibición de expresarse en catalán redujo este idioma al ámbito familiar. Mantener su idioma era un hecho político de resistencia al franquismo además de un hecho social de convivencia para continuar con sus tradiciones.

Mientras, por poner un ejemplo, el euskera se mantenía aislado de la mayoría de la población vasca y se ha ido extendiendo ya con las autonomías a través de la Ikastolas y con el apoyo del gobierno vasco.

A partir del desarrollo de la Generalitat como poder, el catalán ha ido desarrollándose más y la presión para extender e imponer el catalán. Pero no hay que olvidar que cerca de la mitad de la población catalana, de los que viven en Cataluña, siguen usando como primera lengua el español.

Por el contrario lo que en ciertos medios se llama castellano, el español de forma oficial, es una lengua pujante, con millones de trabajadores que lo hablan en todo el mundo y que permite una comunicación de una punta a otra del continente americano. En rigor el castellano no existe como tal. Lo que existe es un idioma con muchísimas variantes en el habla y una normativa gramatical unificada. Un andaluz, madrileño, venezolano etc., hablan el andaluz, el madrileño, el venezolano, hablan su modalidad de español, pues el castellano de Castilla no existe.

En Cataluña los nacionalistas reivindican la imposición del catalán obligatoriamente, a modo de discriminación positiva, con la argumentación de la competencia lingüística del castellano. En el sistema educativo está generalizado el uso del catalán; el español queda reducido en muchos casos a las horas lectivas obligatorias al mismo nivel que el inglés o las lenguas extranjeras. Hasta ahora en Cataluña las lenguas catalana y española eran oficiales. Ahora en el nuevo proyecto de Estatuto la lengua catalana se convierte en un derecho y una obligación de todo el que habite en Cataluña. Pero parece que sectores catalanes tienen reticencia o rechazo a comunicarse en catalán. En las escuelas hay profesores que sólo te hablan en catalán aunque tú hables en español, y esta reacción de querer mantener el español como primera lengua no es sólo de la nueva emigración. En el sistema educativo no se puede trabajar si no hablas y escribes correctamente el catalán. Ahora con el nuevo Estatuto se generalizará a todos los funcionarios.

Detrás de este problema, de la imposición por los nacionalistas del catalán, existe un problema político. Para ellos entrar en Cataluña es entrar en otro país. ¿Si vas a Francia tendrás que hablar francés, o no? El problema se complica porque la respuesta inmediata del contrario es que Cataluña es España, está dentro de España.

Y el problema político está dado en la medida de que para imponer el catalán u otro idioma y protegerlo se tiene que utilizar un aparato de Estado. En definitiva se tiene que construir un territorio con fronteras que lo delimiten. Y no es menos cierto que el catalán se impuso porque había un aparato de Estado en la época medieval que conquistó por la violencia. Y sabemos todos que el Estado tiene un carácter de clase. Es la burguesía quien dirige el Estado central y las autonomías. Hay por tanto un interés de clase en ciertos sectores de la burguesía y pequeña burguesía catalana. No olvidemos que la lengua marca también un mercado. Existe una burguesía y sobre todo una pequeña burguesía que vive de la lengua y de las relaciones con ella. Desde el mercado editorial, hasta la enseñanza, pasando por el embalaje y etiquetaje de los productos etc.

¿qué puede esperar la clase trabajadora de la reforma de los estatutos y de los nacionalistas?

Detrás de este Estatuto sólo están los intereses de la burguesía y sus secuaces políticos, tanto de la izquierda, como nacionalistas, en todas sus variantes peninsulares, y la competencia por el reparto de la tarta financiera del Estado y sus intereses politiqueros, que permitirán en mayor o menor medida un desgaste de Zapatero por el PP.

Por eso la clase trabajadora no tiene nada que ganar en esta controversia, es más, perderá facilidad para unirse al resto de la clase o por lo menos tendrá un obstáculo más afianzado. Su combate contra la patronal en Cataluña se encuentra ya con los ataques de la burguesía, con sus servidores de la Generalitat y encima con los del gobierno central. Más poder en el Estatuto para los políticos catalanes, para los nacionalistas y la socialdemocracia, no hará más que aumentar más nuestros problemas de clase.

Como comunistas revolucionarios nuestros objetivos son siempre los intereses de la clase trabajadora por encima de los límites regionales y territoriales. Y siempre que se plantee el problema nacionalista y el tema de la autodeterminación en abstracto, siempre tendremos que oponernos diciendo, que sí, que existe el problema, pero que el verdadero problema no es otro que el de la autodeterminación de los trabajadores respecto de sus explotadores, es decir que el verdadero problema nacional de España no es otro que la lucha de los trabajadores contra la burguesía.