Cuando la familia Botín se va de compras, sólo lleva un euro en el bolsillo… y se compra un banco.
La adquisición del banco Popular por parte del Santander ha sido presentada como un rescate indispensable, sin gasto de dinero público, a una entidad que estaba en muy mala situación como consecuencia de su estrategia errónea.

La caída del Popular

A principios de junio, el banco se halló en una situación de falta de “liquidez”, o sea que no tenía dinero. En la noche del 6 de junio, fue declarado insolvente por el BCE. Escribió el diario El País, al día siguiente: “Ante el riesgo de colapso y que hoy no pudieran atender las retiradas de dinero de sus clientes, las autoridades europeas han realizado una intervención pública muy rápida e inédita”. Ésta no ha consistido en inyectar dinero público, como se hizo en otros casos, sino en reducir a cero el valor de las acciones y despedir al consejo de administración; las autoridades bancarias europeas ya llevaban unos días buscando un comprador para el banco.
Este comprador ha resultado ser la entidad presidida por Ana Botín, el grupo Santander, que no compró el Popular a sus accionistas sino directamente al Mecanismo Único de Resolución, por un euro simbólico. Bien es verdad que Santander tiene que aportar unos 7.000 millones en concepto de ampliación de capital para mantener la actividad del Popular; pero por otra parte, con esta operación se ahorrará cerca de 5.000 millones en impuestos.
Resulta difícil investigar el cómo se ha llegado a esta situación, puesto que el secreto bancario e industrial imposibilita la publicidad e investigación de las cuentas de las empresas. Accionistas y analistas echan la culpa a la directiva por no haber tomado las buenas decisiones; pero esta es la ley de la jungla capitalista.

Una regulación impotente

Según afirmó Ana Botín el mismo día de la compra, esta operación era buena para el sistema financiero y para España. Si se trata del interés general de los poseedores de capital, tiene razón. La caída del Popular hubiera podido provocar reacciones en cadena en todo el sistema financiero.

Nos vienen repitiendo desde hace años que la economía se está recuperando y los bancos españoles tienen una buena resilencia. Sin embargo, la amenaza de una crisis bancaria generalizada no ha desaparecido.
En este caso en concreto, la propia agencia de calificación Moody’s declaró: “creemos que la caída de Banco Popular menos de un año después de haber pasado los test de estrés aumenta las dudas sobre esta herramienta para identificar los bancos con mayor riesgo de resolución”. O sea que el mundo de la banca no se cree sus propias declaraciones tranquilizadoras sobre los mecanismos de protección. De cara al público, se han tomado medidas; pero cuando hablan entre ellos, los financieros saben que ninguna regulación, Estado o mecanismo es capaz de impedir la próxima crisis.

La concentración del capital

Al absorber el banco Popular, Santander se queda con sus compromisos y deudas, pero también con sus negocios y clientes. La entidad se convertiría así en el primer banco español, con una cuota de mercado del 19%.

La consecuencia de todo este proceso y estas grandes maniobras entre bancos es una concentración cada vez mayor de las entidades, el capital y el poder de decisión entre un número más reducido de grandes accionistas. No es nada nuevo: en el capitalismo imperialista de nuestra época se requiere cada vez más capitales para no quedarse fuera de juego.

De esta dura realidad se están dando cuenta los pequeños accionistas del Popular y los titulares de deuda subordinada, que pierden el 100% de su inversión.

Pero no son las únicas víctimas de este episodio. Además de crear condiciones de monopolio en las que los clientes y trabajadores tienen menos margen para defenderse, la concentración capitalista, si bien crea entidades más potentes, aumenta el riesgo de reacción en cadena. Se está preparando la próxima crisis, que probablemente será peor todavía porque la especulación desenfrenada sigue creciendo.

¡Control obrero de las cuentas!

Más directamente, los empleados del Popular están preocupados: a pesar de las declaraciones de los directivos del Santander sobre la “continuidad” del empleo, la compra de una entidad por otra suele suponer una serie de despidos, más o menos maquillados, para “racionalizar” el funcionamiento del banco —según esta racionalidad muy particular del máximo beneficio a toda costa.
Además, el 75% de los trabajadores de la entidad eran accionistas (sin peso en la dirección); algunos pidieron préstamo para comprar acciones, creyéndose la propaganda patronal sobre la buena salud financiera de su banco. Incluso vendieron activos a sus familiares, según testimonios de empleados recogidos por La Sexta.
Los trabajadores no tienen por qué pagar la factura de la mala gestión de sus patrones ni la población las consecuencias del gran casino de la banca. Ganen o pierdan los grandes accionistas, ¡los despidos deben ser prohibidos!
Además, no se puede dejar más tiempo la economía en manos de los irresponsables que poseen los capitales. La única solución viable es que los trabajadores, en primer lugar los propios empleados de los bancos, y toda la población controlen las cuentas de estas entidades que manejan toda la riqueza producida.