La escalada terrorista de ETA

Desde la ruptura de la tregua, y especialmente desde el verano, ETA está llevando a cabo una violenta campaña terrorista, que recuerda mucho la ola de atentados de 1980 durante la cual murieron 118 personas. ETA parece querer demostrar su capacidad realizando atentados por toda España y alcanzando múltiples objetivos: políticos del PP y del PSOE, empresarios, Fuerzas del Orden Público, militares...

Esta nueva ofensiva de ETA está provocando un amplio rechazo del terrorismo, al tiempo que un sentimiento anti vasco que contribuye, por su parte, a reforzar, entre una parte de la población vasca próxima al independentismo, la idea de que el único medio de hacer cambiar la situación, es usar la violencia contra todos aquellos que utilizan el poder del estado para mantener al País Vasco bajo la tutela del poder central.

Los representantes políticos de ETA hablan de la constitución de un estado vasco que incluiría la actual Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País vasco francés. Defienden la puesta en marcha de una Asamblea representativa del conjunto de ese País Vasco, compuesta por representantes de esas provincias. Del organismo en cuestión emanaría una especie de gobierno vasco. Pero cabe la pregunta de sí ese objetivo corresponde a las aspiraciones de la población vasca o hasta que punto es opuesto a los intereses y aspiraciones de los no vascos que viven allí. Ciertamente los resultados electorales de Herri Batasuna (HB), entre un 12 y un 18% dependiendo de los momentos, revelan un apoyo importante, pero también es verdad que una parte de la población del País Vasco siente a ETA como una amenaza que le hace vivir con miedo.

Con estos atentados ETA no hace más que abrir una fosa de sangre entre el País Vasco y el resto de España pero también, dentro del propio País Vasco, está contribuyendo a dividir a la población entre aquellos que se sienten vascos y los procedentes de otras regiones y que desde hace mucho tiempo están allí establecidos pero que se llaman andaluces o gallegos. De hecho, todavía hoy, muchas personas en el País Vasco no hablan el euskera. ¿ Qué piensan estas personas de la independencia del país Vasco?, ¿qué sitio les darían los nacionalistas de ETA y qué garantías democráticas tendrían?. Estos problemas parecen importarles muy poco a los dirigentes de ETA que con sus actos criminales, trabajan de forma consciente para levantar una frontera entre vascos y no vascos. Algunos dirigentes nacionalistas, y no solo los de ETA, dejan entender que si se celebrara un referéndum sobre el futuro del País Vasco, solo serían admitidos a votar aquellos que se identificaran con la nación vasca, ¿y los derechos de los demás?. No se ha llegado a ese momento pero estas cuestiones son muy indicativas del tipo de política de ETA.

A pesar de la simpatía que ETA pudiese provocar entre los antifranquistas por sus acciones contra la dictadura, o de cierto barniz socializante, desde sus orígenes ha sido una organización independentista radical que ha utilizado el terrorismo, y que basa su fuerza en un aparato militar que escapa a todo control, incluso de la parte de la población en que se apoya. Su objetivo de un estado vasco independiente escaparía, de igual forma, a todo control de la población, convirtiéndose en una opresión. La política de los dirigentes de ETA es antidemocrática y reaccionaria, contribuyendo a encerrar a la población vasca en un gheto. Es posible que en un futuro próximo, de continuar los enfrentamientos, las tensiones actuales puedan engendrar un verdadero enfrentamiento civil entre vascos, entre partidarios y no partidarios de la independencia.

Las responsabilidades del poder central

La responsabilidad de esta situación no sólo es de ETA. Durante la tregua, el gobierno no dio los pasos que hubieran permitido la posibilidad de una negociación política sobre el problema vasco, ni permitió la discusión sobre una posible consulta a la población vasca. Cuestión esta que todos los gobiernos, desde la transición, se han negado a abordar. El mismo PSOE, cuando estaba en el gobierno, impulsó la guerra sucia contra ETA mediante los tristemente famosos GAL.

La política del PP gira en torno a una vía policial para acabar con ETA cuya efectividad están desmintiendo los hechos actuales. Al mismo tiempo, aprovechando que el PNV no rompe totalmente con Herri Batasuna, su objetivo se centra en colocar a Mayor Oreja como presidente del gobierno vasco, del que no se puede esperar más que el palo y tente tieso, pasando por encima de los deseos de una buena parte de la población vasca que quiere una salida política. Un reciente ejemplo de esa posición de dureza es la intención del gobierno de agravar las penas relacionadas con la lucha callejera o la apología del terrorismo.

Por otra parte el gobierno lleva a cabo una campaña de acoso y derribo hacia el PNV que se centra en la convocatoria de elecciones anticipadas. Para este fin trata de establecer una alianza con el PSOE que le pueda dar la mayoría que no tiene. Tras el debate del estado de la Comunidad, en Septiembre, tanto PP como PSOE han presentado una moción de censura contra el lehedakari Ibarretxe.

Estas maniobras del gobierno central que pasan por aglutinar a los sectores de población no nacionalista o cansadas del terrorismo, en un bloque españolista, enfrentado al nacionalismo, están favoreciendo la misma peligrosa fragmentación social que desde el lado nacionalista pretende provocar ETA. La muestra más significativa ha sido la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de San Sebastián, el sábado 23 de Septiembre, muy poco después del asesinato por ETA de un concejal del PP. El lema recogía la defensa de la Constitución y el Estatuto, hecho que puede ser visto por muchos vascos como una provocación. La respuesta del PNV no se hizo esperar. Con motivo de la celebración del día del partido, Arzalluz, ante un auditorio también numeroso, declaraba: "los de ayer van a ver lo que es salir a la calle, porque en la calle no nos gana nadie". El conflicto está servido.

Tanto la política del gobierno y de los nacionalistas se autoalimenta y lleva a la situación vasca a un callejón sin salida, dramático para la población del País Vasco, pero que también influye negativamente en el conjunto de la población española. Esta situación está aislando a los trabajadores que viven en el País Vasco, está fomentando todo tipo de prejuicios nacionalistas y relega a un segundo plano los numerosos problemas que afectan al conjunto de la clase obrera española, como el paro, la precariedad laboral, la subida de precios.

En definitiva toda una política de la patronal y el gobierno del PP, contra la que la clase obrera del País Vasco, de Andalucía, o de Cataluña, tiene la necesidad de toda su fuerza y unidad.

Septiembre de 2000.

Las medidades liberalizadoras del PP

El gobierno ha anunciado, con bombo y platillo, una serie de medidas liberalizadoras de la economía, cuyos objetivos serían, según el PP, controlar los precios, "consolidar el crecimiento y la creación de empleo" y limitar el poder de los monopolios.

Las medidas son amplias y van desde la libertad de horarios comerciales, hasta medidas que afectan a las empresas energéticas, como petroleras o eléctricas, el suelo, las farmacias, la telefonía, o medidas de tipo fiscal.

Pero más que para controlar el poder de las grandes empresas, las leyes en cuestión parecen hechas a su medida y para consolidar su dominio. Hay que resaltar que las medidas fueron previamente negociadas y acordadas con estas grandes empresas. En este sentido son significativas las palabras del presidente de Repsol cuando afirma que las medidas aprobadas por el gobierno son compatibles con los objetivos empresariales de la compañía.

Se puede tomar como ejemplo el caso de las compañías petroleras. Si bien el gobierno limita a 3 y 5 años el abrir nuevas gasolineras a las empresas que controlan la mayor parte del sector Repsol y Cepsa- hay que tener en cuenta que ya entre ambas controlan cerca del 70% de las gasolineras. El presidente de Repsol, Alfonso Cortina, ha declarado que la compañía lleva ya tiempo perdiendo cuota de mercado en las gasolineras deliberadamente, pues se está orientando a otros negocios que considera más rentables; claro con el dinero que saca a los consumidores del escandaloso aumento de la gasolina, y en donde no interviene el gobierno.

Otro ejemplo son las medidas sobre el suelo. Se presentan como medio para bajar el precio de la vivienda, pero son un nuevo regalo a los empresarios de la construcción ya que les reconoce el derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, cuestión que antes correspondía a los ayuntamientos y que va a favorecer aun más la especulación urbanística

Y entre todas esas medidas "liberalizadoras", como quien no quiere la cosa, el gobierno ha introducido un ataque directo a los trabajadores como es que el control de las altas médicas laborales pase de los médicos de cabecera a las mutuas laborales contratadas por las empresas.

Si este conjunto de leyes no va a afectar para nada los intereses de las grandes empresas, todo lo contrario, ni va a permitir un control de los precios, ya hay anuncios de nuevas subidas de la gasolina, los más ricos, los poseedores de acciones, y las empresas se van a ver beneficiados con nuevas rebajas de impuestos y más ayudas fiscales, mientras que también se favorecen los planes privados de pensiones.

La reducción de impuestos a los que más tienen y las ayudas fiscales a las empresas se hacen en perjuicio de las necesidades de los trabajadores y del conjunto de la población. Es escandaloso que esto ocurra mientras que se escatima dinero en la sanidad pública como se ha puesto de manifiesto recientemente en el caso de las listas de espera.

El estado y sus gobiernos, ahora el PP, intervienen siempre en la economía a favor de los más ricos y poderosos. A favor de empresas que como la eléctrica Endesa ha ganado el primer trimestre del año 53.120 millones de pesetas, un 22,5% más que en el mismo periodo del año pasado. De empresas que usan todo su poder para imponer contratos precarios, agravar las condiciones de trabajo, reducir plantillas, incluso cuando obtienen suculentos beneficios, para imponer precios abusivos, sin que el gobierno mueva un dedo, más bien les allana el camino con todo tipo de leyes que no hacen más que engrosar sus bolsillos a costa de los trabajadores y en detrimento de las necesidades sociales del conjunto de la población.

Julio de 2000.

Impuestos, precios. Pagan los trabajadores.

En la campaña electoral el PP alardeó del control de los precios y de la rebaja en los impuestos. Pero la realidad la conocen bien los bolsillos de los trabajadores.

La gasolina ha subido de una forma escandalosa. En un año los combustibles han subido un 22, 7%. La subida de precios, en los tres primeros meses del año, es ya casi la mitad de la prevista por el gobierno para todo el año. Ahora aprueban un aumento - alrededor del 100%- en el impuesto de circulación que va a afectar sobre todo a los coches medios.

Cada vez es mayor el peso de los impuestos indirectos en la recaudación de Hacienda. Estos impuestos son los más injustos al pagar la misma tarifa un rico que un trabajador. El obrero que coge el coche para ir al curro, paga el mismo impuesto sobre la gasolina que el presidente de Telefónica cuando viaja a Marbella. Esta preponderancia de los impuestos indirectos significa que son las clases populares las que soportan lo esencial de los impuestos mientras se degradan los servicios públicos. Los empresarios, por su parte, se benefician de todo tipo de rebajas fiscales y subvenciones. Pero los impuestos que no pagan los ricos lo pagan doblemente los trabajadores.

Ya es hora de invertir esta situación. Son los capitalistas, los que tienen que pagar. Hay que acabar con todos los regalos fiscales y subvenciones a las empresas. Y con todo ese dinero financiar la sanidad, la educación, los transportes públicos, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

Bolivia

La población boliviana se ha echado a la calle. Han paralizado las principales ciudades y amenazado con extender el conflicto al resto del país, liderados por un dirigente sindical, scar Olivera. La pobreza en Bolivia azota a toda la población y los niveles de corrupción entre la clase dirigente no conocen límite.

Huelga general, bloqueos de carreteras, enfrentamientos directos con el ejército, asalto a cuarteles, etc. en protesta a la intención del gobierno de subir las tarifas del agua en un 300%. , adjudicando el suministro a un consorcio internacional donde, por cierto, la española Abengoa cuenta con un 25%. Exigían además modificaciones en la ley de tierras y ayuda económica para superar los niveles infrahumanos de vida en muchas áreas rurales. Todo esto ha venido a coincidir con una protesta policial, que exigían aumentos salariales, su sueldo mensual es de aproximadamente unas 15.000 ptas. No hace falta mucha imaginación para saber cual será el salario de las capas populares.

Como respuesta el presidente boliviano, Hugo Bánzer (un antiguo dictador) ha decretado el estado de sitio llegándose en algunos lugares, como en Cochabamba una de las principales ciudades en el centro del país- a cortar la energía eléctrica con la intención de que radio y televisión no informasen. Y ha puesto al ejército a reprimir las protestas, pero no han conseguido atajar de este modo el levantamiento, sino al retirar el consorcio del agua. Aún así las movilizaciones han continuado.

Es de admirar con el coraje y decisión que los campesinos están mostrando su furia, consecuencia de años de explotación a manos de la oligarquía local y del capital extranjero que se benefician con el hambre del pueblo.

Marzo de 2000.

La subida de la gasolina: menos salario y más beneficios para la patronal

La subida de los combustibles está llevando a la protesta a las patronales y demás afectados directamente por el alza. La mayoría de estos utilizan el gasoil subvencionado por el estado y su reivindicación fundamental es la bajada de los impuestos estatales para el gasóleo. En Europa las protestas han comenzado ya. Aquí en España, comenzaron el viernes organizadas por una Plataforma de Consumidores de Carburantes que agrupa a la gran patronal agrícola y del transporte, a la pequeña y a los autónomos. Las protestas consistirán en colapsar el tráfico circulando a velocidad lenta y a impedir la distribución de carburante. Mérida y Barcelona han sido las primeras ciudades escogidas para la protesta

El precio de las gasolinas está fuertemente tasado por los impuestos estatales. Los gobiernos saben que los combustibles son un producto insustituible y necesario para mantener la vida económica de la sociedad. Por eso es una fuente de ingresos segura y totalmente injusta también. A la hora de echar gasolina el millonario o el trabajador pagan lo mismo y en consecuencia los que vivimos de un salario notamos muchísimo más las subidas. Cuando el ministro de economía dice que hay que ahorrar combustible se lo está diciendo a los trabajadores y no a los ricos que no van a notar en su bolsillo el gasto.

Pero, realmente, ¿quiénes se benefician de la subida de la gasolina?. En los medios de comunicación se culpa la subida del petróleo provocada por la OPEP. Pero la realidad es que el estado se lleva más del 50% - según los carburantes-, del litro de combustible, el resto, se lo llevan fundamentalmente las compañías petrolíferas, las multinacionales, que son las que en realidad están llevándose los beneficios: Repsol ganó en los primeros 6 meses de este año un 80% más que el semestre anterior, la friolera de 190.345 millones de pesetas, Cepsa un 65% más, que son las españolas y BP de capital británico un 175%. Por citar las compañías que dominan el mercado español. El resto de multinacionales van por el mismo camino. Las beneficiadas a nuestra costa, son las multinacionales petroleras.

El resto de la población y los trabajadores en especial, también nos vemos afectados por la demencial subida que ha llevado en un año a una subida de más de 20 ptas. según el tipo de carburante y alrededor del 300% desde 1998. Y todo esto ocurre con un aumento de precios general que está destruyendo nuestro poder adquisitivo.

Los trabajadores y los salarios son los que siempre salimos perdiendo y nos señalan como los culpables de las subidas de precios y nos obligan a la congelación salarial. Hasta el nuevo secretario de CCOO anda diciendo que hay que moderar los salarios para que los precios no suban. No somos los trabajadores los que subimos los precios, es la patronal la que queriéndonos bajar los salarios, para ganar más, quien los sube. De los casi 11 millones de trabajadores 6 tienen convenio y el 70% tienen revisión salarial, el resto se quedará a dos velas. Por poner un ejemplo, el IPC ha subido un 3'6%. Para un sueldo de 170.000 ptas. tendrían que subirnos, automáticamente 6.120 ptas.

Si la patronal, que es la que sube los precios, y el estado a su servicio, gana millones a costa de nuestros salarios, con nuestro trabajo y con los impuestos, nosotros, los trabajadores, tendremos que subir nuestras luchas para restituir lo robado por la patronal y el estado.

Septiembre de 2000.