Han concluido las sesiones llevadas a cabo por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, el llamado grupo de “expertos” encargado de estudiar las reformas a llevar a cabo sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones español.

El pasado 19 de noviembre, las recomendaciones de esta Comisión fueron debatidas y votadas en el Congreso, para luego más adelante tomar forma. Se irán así concretando medidas y planes y se precisará sus detalles. Examinando solo algunas, se trata de cambios a peor que no auguran nada bueno a la clase trabajadora.

Una de las recomendaciones propone el desglose de gastos propios e impropios para acabar con el déficit de la Seguridad Social, soportando gastos que no le corresponde. Sin embargo, no se menciona un compromiso para devolver esa deuda hecha pública. Así como tampoco de la deuda histórica de más de 500.000 millones de euros del Estado con la S.S.

Por otra parte, el aumento de ingreso por cotizaciones, no se resuelve, por lo que el riesgo de déficit de estas cuentas seguirá presente. Para llevar esto a cabo es preciso crear más empleos de calidad y esto lleva parejo la derogación de las reformas laborales y el aumento de los salarios.

Es positivo la vuelta a revalorizar las pensiones de acuerdo al “IPC real”, pero su aplicación y alcance resultan volátiles pues ni este ni ningún otro gobierno va a garantizar las pensiones mientras sean meras comparsas de quienes dirigen la economía, la patronal y los bancos.

Otro aspecto negativo para los trabajadores es que se amplia de 15 a 25 años de cotización para el cálculo de la base reguladora. Se reducirán aún más las pensiones, perjudicando al mismo tiempo a quienes tienen empleos inestables y sobre todo entre los jóvenes y las mujeres.

Se aumenta la edad de jubilación hasta los 67 años y se penaliza el acceso a jubilarse anticipadamente. Las pensiones de viudedad y orfandad se calcularán a la baja según años cotizados y no habrá incrementos para los mayores de 65 años. Es decir, pretenden que vivamos para trabajar hasta que no podamos más.

Además de todo esto, lo que está claro es el retroceso gradual que gobierno y patronal, con ayuda de los agentes sociales, están imponiendo lenta y continuamente al sistema de pensiones público y al empleo. Este Pacto contempla incentivar a las empresas para que estas lleven a cabo planes de pensiones privados, engañosamente ligados a la mejora de los salarios. O lo que es lo mismo, grandes mejoras fiscales a las empresas con un creciente aumento de la precariedad laboral.

Este nuevo Pacto, que es una repetición a peor en un contexto de grave crisis, ahonda en la desigualdad y amplía la brecha aún más entre los ricos y la clase trabajadora. La clase que hace funcionar la sociedad ve como su nivel de vida retrocede, mientras unos pocos se apropian del esfuerzo de su trabajo. Pero los trabajadores deben reaccionar y entre todos imponer su voluntad para cambiar su futuro.

Parar esto solo será posible rebelándose los trabajadores, organizándose entre todos y tomando en sus manos los medios de producción. Emplear el dinero amasado por los capitalistas en sus bancos para organizar una sociedad donde los trabajadores sean los verdaderos dueños de su futuro.