Estos días atrás han aparecido en prensa varias noticias que hacen referencia a la corrupción de políticos españoles de diferentes partidos, unos del PSOE y otros del PP. Como ya es habitual, todos estos partidos se han escudado en la táctica del “Y tú más”, pero ninguno puede ocultar que no tengan o hayan tenido corruptos en sus filas. En el capitalismo para que haya corruptos tiene que haber corruptores, y de estos últimos poco se habla.

El informe realizado por la guardia civil en uno de los casos que engloba la investigación de los ERES irregulares de la Junta de Andalucía, apunta, a que el grupo Joly fue el primer beneficiado de la ayuda de 8 millones de euros, que la Consejería de Empleo otorgó en 2004 para financiar las prejubilaciones de 36 trabajadores.

El grupo Joly es uno de los primeros grupos editoriales arraigado en Andalucía, cuenta con nueve periódicos distribuidos por todo el territorio andaluz, emisoras de radio y otras empresas auxiliares tales como imprenta o distribuidora, además de Joly digital proyecto del grupo en internet.

Según el atestado policial, la concesión de las ayudas fue arbitraria por parte del gobierno andaluz del PSOE, presidido por aquel entonces por Manuel Chávez, y supuso para la empresa periodística un doble beneficio, puesto que permitió el coste prácticamente gratuito de las 36 prejubilaciones y la contratación de nuevos trabajadores profesionales del periodismo digital, con sueldos más bajos y con peores condiciones laborales.

Aun así, el coste de los despidos fue de algo más de 1 millón de euros, de lo que se deduce que el restante de la ayuda pública (hasta los 8 millones de euros recibidos) fueron a parar a las arcas del grupo empresarial. La guardia civil asegura que hubo negociaciones de directivos de ambas partes y que se ha intentado borrar el rastro de dicha negociación. El procedimiento para desvincular las ayudas al grupo Joly fue la creación de la llamada “Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, de manera que pareciera que el dinero iba destinado directamente a los trabajadores y no a la propia empresa.

Por otro lado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional confirma la doble contabilidad de la constructora Hispano Almería, al encontrar en la caja fuerte de la empresa, “recibís” que no constan en sus libros de cuentas. Empresa a la que acusa de realizar pagos para financiar las campañas electorales del PP en 2003 y 2008, además de pagar comisiones ilegales a cargos políticos del PP de Almería y técnicos municipales.

El importe total de las obras adjudicadas desde el año 2000 al 2010 a la constructora Hispano Almería fue de 77,5 millones de euros, según la policía hay pagos en efectivo a políticos y técnicos por valor de 7,2 millones de euros. Estos pagos iban destinados como gratificación por las adjudicaciones de obras a esta constructora, y eran sufragados por sobrecostes de obra o ampliaciones del presupuesto.

Dentro de la denominada por la UDEF operación TERMINUS, las investigaciones se centran en dos grandes municipios de Almería. Roquetas de Mar donde su alcalde y presidente del PP de Almería es investigado, entre otras muchas cosas, por conceder en 2002 a la constructora Hispano Almería un contrato de 6,5 millones de euros con un informe técnico anónimo, manuscrito, sin fechas ni sello municipal, y donde presuntamente, la constructora agraciada pagó 960.000 euros en concepto de comisiones. El otro municipio almeriense es La Mojonera, en la etapa en que fue alcalde José Cara, ahora al frente del Instituto de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). El exalcalde está querellado y su situación se complica por ser accionista del grupo HALSA donde está integrada la renombrada constructora Hispano Almería y cuyas adjudicaciones de obras fueron realizadas en su mandato.

En la sociedad capitalista las tentaciones ofrecidas por la burguesía a los políticos de turno siempre estarán a la orden del día, porque en una sociedad donde impera el interés económico y donde los medios de producción están en las manos privadas de unos pocos la corrupción, por desgracia, campará a sus anchas. Pensar que esto se va acabar con acciones policiales o de la justicia es una auténtica utopía, no olvidemos que los tentáculos del poder económico llegan a todas partes…incluidos el poder político y poder judicial.