Durante meses, el gobierno a través de su ministro de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha publicado numerosas declaraciones en los medios dando cuenta del avance de las reformas en materia de pensiones. Estos ajustes en materia de jubilación están encaminados a adelantar la edad de jubilación progresivamente, reduciendo al mismo tiempo la cuantía de las pensiones, incluyendo penalizaciones en caso de adelantar la jubilación.

Algunas de las medidas más lesivas que nos preparan son…

Bonificar la pensión total con un 4% por año de demora. Penalizar entre el 16% y el 21% en caso de adelanto de la jubilación.

El Estado ayudará a financiar el sistema público de pensiones. Es decir, saldrá de los impuestos.

No se derogan los recortes de la reforma del 2011, dejando pensiones de miseria a una gran parte de la población.

Somete las pensiones al escenario de futuros recortes y a la privatización del sistema público de pensiones.

Como decimos, estos planes se han dosificado casi a diario en la prensa y otros medios y algunas han tenido el tono de clara advertencia. Con ello, el gobierno se ha propuesto dos objetivos. Uno inocular con medias verdades y falsedades la inevitabilidad de las medidas que se quieren llevar a cabo para así, dice, salvar las pensiones. Pero, además, azuzando a la población con el miedo a la pérdida de poder adquisitivo, a trabajar más tiempo, instando a asegurarse la jubilación mediante la contratación de seguros privados, como única salida posible.

Para los mayores que sigan trabajando más allá de los 68 o más años, estas pensiones estarán limitadas a quienes las alcancen a tiempo de poder disfrutarlas; Trabajar más a mayor edad disminuye la calidad de vida, además que propensa más la situación de accidentes y enfermedades. Es decir, trabajar hasta no poder más.

Es una mentira, la reforma de las pensiones, que este gobierno quiere hacer valer como “verdad”, toda una reforma destinada a beneficiar a las empresas privadas de seguros, entre ellas a la banca.

Esta política va en contra de la clase trabajadora, eternizará el paro y los contratos basura entre los jóvenes a la vez que obligará a seguir trabajando cada vez más años a la población adulta.

El gobierno se cuida de no hablar del paro endémico de la población, sobre todo entre los jóvenes. Según datos de la última EPA, ya hay más de 3 millones y medio de parados. Mientras entre los menores de 25 años el paro roza el 40%. Además, están sometidos a condiciones laborales de precariedad, mediante empleos por semanas, días e incluso por horas. Con sueldos que en la mayoría de los casos no alcanza siquiera el salario mínimo.

Muchos de estos contratos se están llevando a cabo en empresas que ya han despedido mediante un ERE a la plantilla más vieja o de más antigüedad. Se han desprendido de los empleos, de sus costes, que supone mantener sueldos decentes, echando al paro a trabajadores de 45 años o más. Trabajadores que tienen muy difícil su reinserción laboral. De nuevo, las empresas prefieren a trabajadores jóvenes, a estos los puede manejar para que trabajen bajo las condiciones que al patrón le interesen en cada momento, convirtiendo la relación laboral en una relación de semiesclavismo.

El paro supera los a los 3 millones y medio de personas en edad de trabajar. Y el peso de este factor en el cálculo de las pensiones es interesadamente pasado por alto por el gobierno, preocupado en llevar adelante más recortes, en lugar de verdaderas soluciones a la población.

Las reformas laborales, que se hicieron pensando en beneficiar al empresario y que son las causantes, entre otras cosas, de las precarias condiciones laborales, se van a ver reforzadas con estos nuevos ajustes en materia de pensiones. Esta vez aprovechándose de los mayores, que solo tendrán dos opciones, a trabajar más años o ver sus pensiones reducidas.

Sin resolver el paro, que causa que millones no puedan cotizar a la seguridad social, el problema no se resolverá.

La única solución al problema del paro es repartir el trabajo, sin bajar los salarios. De esta manera se acabaría el desempleo, eliminado las condiciones laborales en las que muchos trabajadores trabajan 10, 12 o incluso más horas para poder vivir.

Y para llevar a la práctica el reparto del trabajo hay que poner los medios productivos en manos de la sociedad trabajadora, arrancándolo de las manos de la burguesía y eliminando su carácter de producción capitalista.