Muchos ríos de tinta han corrido en los últimos días acerca de la figura del rey y su “regularización fiscal”. En los primeros días se nos hizo creer que de modo voluntario Juan Carlos I había iniciado una regulación fiscal –ha pagado casi 700.000 euros a Hacienda- tras el último escándalo de las tarjetas opacas que han estado usado, no sólo él, sino también otros miembros de la familia. Hasta hace apenas unas horas nada sabíamos de que había habido un requerimiento previo por parte de la Administración, y que de nuevo ha vuelto a mentir porque de regularización voluntaria nada.

Muchos analistas comentan desconcertados que no entienden nada, puesto que, con un requerimiento formal, el hecho en sí, la investigación, ya no se detiene. El requerimiento al parecer se le notificó formalmente en noviembre. ¿Para qué ha pagado, pues? ¿Cuál es su nueva jugada? ¿Cuándo se sabrá verdaderamente lo ocurrido? ¿Otros 40 años?

Ya no se puede seguir tapando la “sinvergonzonería” del Borbón, que ha robado a todos. Pero hay que añadir que la corrupción del Borbón es similar a la que hace día a día la gran burguesía, los banqueros y grandes empresarios que hacen lo mismo: explotar a los trabajadores, despedir y llevarse el dinero a paraísos fiscales.

En torno a la monarquía ha habido un pacto de silencio y lo sigue habiendo. Por eso resultan doblemente bochornosas las palabras de Pedro Sánchez diciendo que la ley es igual para todos, pero que en este caso se está juzgando a Juan Carlos I, no a la Monarquía. Todos sabemos que el Estado representa y protege a la  burguesía porque es su régimen. El fondo del problema sigue siendo el mismo: Juan Carlos y la Monarquía representan a la gran burguesía, sus  amigotes  podridos. Por ello cambiar de personaje no cambiaría las cosas en esencia, si no cambiamos la sociedad y eliminamos a la burguesía del poder.