La crisis del coronavirus ha puesto bajo la luz la situación de las residencias de ancianos. Para muchas de ellas la situación es dramática empezando por el número de muertos y contagiados, que en algunas comunidades como Aragón llegan a ser la mitad de los fallecidos.

Los trabajadores son insuficientes y falta de todo: mascarillas, gel, termómetros, etc. Algunos trabajadores contaron como se fabricaban protecciones con bolsas de basura. Los trabajadores de las residencias no dan a basto y esto ha llevado a situaciones horribles, como cuando a finales de marzo se encontraron, en varias residencias, cadáveres abandonados yaciendo en las camas. También nos hablan de una situación crítica generalizada, en la que los y las trabajadoras a veces no tienen descansos y se doblan turnos.

Claro que una crisis como ésta, pone bajo presión el funcionamiento de todas las instituciones pero los problemas aquí son mucho más profundos y vienen de antes. Son décadas de recortes y de privatizaciones para el sector de la salud en general. Hace tiempo ya que los trabajadores denuncian las condiciones de trabajo del personal y de vida de los residentes.

Un sistema de por sí frágil y precario que es un problema para los ancianos y trabajadores en condiciones normales, no podía hacer otra cosa que explotar en la crisis actual. Ahora hay una mayor carga de trabajo, pero esto no es nada nuevo para ellos. Solo empeora las condiciones en las que se encontraban ya.

Por otro lado las residencias de ancianos es un mercado donde invierten masivamente los capitalistas ocupando el vacío dejado por el Estado.

En 2019, las empresas privadas vendían 271.696 plazas en España cuando las residencias dependiendo de la Administración apenas llega a las 100.000 plazas. Es un mercado muy lucrativo que representa ahora en España casi 5.000 millones de euros en 2020. Se habla del “oro gris”, una gran parte de este dinero viene directamente dado por el estado a través de las subvenciones en los centros concertados. Hay una competición feroz entre los capitalistas para llevarse la mayor parte de este pastel. En primera posición llega el grupo Domus que tiene residencias en Europa Suramérica y China con 1.300 millones de beneficios en 2018. Su dirigente y fundador hizo su fortuna gracias a las residencias de ancianos, lo que le permite hoy ser parte de los 100 franceses más ricos y poseer oficialmente un patrimonio de 1.000 millones de euros.

La única lógica que ha prevalecido para el alojamiento de personas mayores dependientes ha sido la ley del beneficio. El personal sanitario y los demás trabajadores están luchando para hacer frente a la situación como pueden, mientras que los grupos financieros se están beneficiando del dinero público y así evitar sufrir las consecuencias de la crisis.

Están siendo cada vez más las personas que defienden un sistema sanitario público de calidad, pero en la mente de los políticos burgueses no puede significar otra cosa más que subvenciones y dinero para las empresas que gestionen.

¡Parece algo básico que en una sociedad, los que han trabajado toda su vida, cuando se vuelven dependientes, puedan vivir de forma digna! Expropiar las residencias y los beneficios asombrosos que hacen esos grupos y convertirlas en públicas, es la única manera para que haya un servicio amplio de residencias para la tercera edad. Para que funcionen dignamente hay que empezar por tener más enfermeras, médicos, auxiliares… Imponer este programa que se enfrente directamente a la avaricia de los capitalistas es el de las luchas obreras.