El lunes 15 de enero el Parlamento griego aprobó une nueva serie de medidas impuestas por los acreedores, la Unión europea, el Banco central europeo y el FMI, como condición a una nueva ayuda a Grecia, o así lo llaman.

Son decenas de medidas que legalizan los ataques en contra de los trabajadores: recortes en protección social, nuevas tasas, nuevos desahucios… Además viene una medida encaminada a limitar el derecho a huelga: para ser legal una huelga tendrá que ser votada por al menos un 50% de los afiliados a los sindicatos de la empresa.

Los sindicatos del sector público (ADEDY) y de la privada (GSEE) así como el sindicato PAME, ligado al Partido comunista griego, convocaron una huelga general el día de la votación que perturbó fuertemente todos los transportes públicos. Los maestros y el personal de salud se unieron al movimiento. Varios miles de personas se manifestaron en Atenas y Tesalónica.

Los acreedores denuncian la baja competitividad de las empresas y pretenden de que la culpa la tienen las huelgas. No es nada nuevo. Ya en el 2011 el directivo de las fábricas de cemento Héraklès tenía ese discurso y mandaba, directa y discretamente, sus sugerencias en cuanto a reforma laboral a los representantes del FMI. Poco a poco se dio una dislocación completa de las leyes laborales, la casi desaparición de los convenios colectivos, y la patronal, griega o extranjera, tuvo cada vez más posibilidades para imponer su voluntad.

El ataque en contra del derecho a huelga es un paso más; a ver si resulta efectivo. En todo caso, deja claro de que esa supuesta ayuda a Grecia no es solo un robo a costa de la población, sino que también existe una voluntad de negar los derechos de los trabajadores y los más pobres.

El empobrecimiento de la población es impresionante: según los sindicatos, un millón de trabajadores del sector privado reciben sus nóminas con entre tres y doce meses de retraso. La patronal, y no solo los pequeños empresarios, pisotean lo que queda de los derechos laborales: un banco tuvo que pagar una multa de 1,6 millones de euros por pagar a 200 empleados a media jornada cuando trabajaban a tiempo completo, algo muy común. Oficialmente, un 30% de los asalariados trabajan a tiempo parcial por 380 euros mensuales. Los sueldos de los trabajadores del sector público han bajado un 30% en los últimos años.

Todo aquello no impide al gobierno de Tsipras vender la subida del PIB y de las exportaciones, que seguro que a algunos capitalistas les viene muy bien, y la disminución del paro, que en realidad no refleja sino la precariedad creciente y la emigración de más de medio millón de griegos, la mayoría jóvenes.

Tsipras habla de salida a la crisis con el fin del programa de “ayuda” a Grecia para agosto de 2018. Pero esa llamada “ayuda” es muy útil a los banqueros griegos y europeos por lo que no la van a dejar antes de haber robado todo lo que puedan o más.