El 1 de enero de este año entró en vigor los PGE 2021, aprobado anteriormente en el Congreso de los diputados con188 votos a favor de los 350 escaños que componen la cámara baja. Según el gobierno, estos presupuestos no tienen precedentes y van a ser el motor de la reconstrucción social y económica del país, permitiendo a su vez avanzar con la transición energética, la digitalización, la cohesión social y territorial, y en la igualdad de las personas.

El desembolso público asciende a 383.542 millones de euros, un 33% más que en 2020; esta cifra incluye los 27.000 millones del fondo europeo de recuperación de la pandemia(NextGenEU). De ello, 239.765 millones serán de gasto social según el Presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Las novedades generales de estos presupuestos respecto a los impuestos son las siguientes:

Subida de dos puntos del IRPF a las rentas que sobrepasen los 300.000 € y de tres puntos la base del ahorro para las rentas que excedan de 200.000 €, esto solo afectará a 36.000 contribuyentes (0,17 %) en todo el país.

Las deducciones por planes de pensiones se rebajarán de 8000 euros a 2000, también sube un punto el Impuesto de Patrimonio para fortunas de más de 10 millones de euros.

En el impuesto de sociedades se reduce la excepción del 100% al 95 % por plusvalías y dividendos generados en el exterior, las PYMES con un volumen de negocio menor de 40 millones de euros seguirán exentas 100% durante los tres primeros años. Solo 1379 sociedades de cerca de un millón y medio que se declaran, podrían verse afectadas.

Se aumenta el IVA a las bebidas azucaradas o edulcoradas del 10% al 21% con el pretexto de fomentar a la población hábitos más saludables. Las primas de seguros incrementarán en el gravamen de un 6% a un 8%, lo que seguramente afectará el precio de las pólizas aseguradoras. El tipo estatal general del diésel subirá de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, asemejándose al precio actual de la gasolina. La tasa google y la tasa Tobin está por ver si se aplicarán de forma efectiva, ya que la comisión europea todavía puede anunciar su propio tipo a nivel comunitario.

En lo que se refiere a gastos, las partidas más importantes irán a:

Pensiones, cuyo coste aproximado es de 163.297 millones de euros y su revalorización será del 0,9% y del 1,8 para las no contributivas, lo que supondrá una subida media por pensionista de 8 euros al mes. Los empleados públicos y funcionarios tendrán también para el 2021 una subida salarial del 0,9%, subida que no ha dejado nada contento a los sindicatos ni a los trabajadores.

Las partidas para el desempleo rondarán los 25.000 millones de euros y tendrán un aumento de 4.191 millones de euros, un 20,1 % más para sostener el gasto producido por los ERTE y el desempleo. El IPREM incrementa en un 5 %, este indicador es el que se toma como referencia para recibir ayudas, subsidios o subvenciones. La ayuda a la vivienda recibirá 2.250 millones de euros para incentivar el alquiler asequible, la construcción o la rehabilitación de viviendas, el aumento de más del 25% de esta ayuda será canalizado por fondos europeos que favorecerán este impulso. La dotación al Ministerio de Sanidad será de 3.421 millones de euros contando con los fondos europeos, 2.436 millones serán para la compra de vacunas y reforzamiento de la atención primaria. La política de Educación en el año 2021 asciende a un total de 4.893 millones de euros.

Para el pago de la deuda pública se destinarán 31.675 millones de euros, más del 8% del total invertido en los PGE. El gasto en defensa alcanzará los 21.623 millones aumentado un 10,3% respecto al año anterior, el total presupuestado para la I+D militar es tres veces el gasto presupuestado para investigación sanitaria o 35 veces la asignación a investigación geológica-minera y medioambiental.

Este es el resumen a groso modo del dinero que el gobierno piensa recaudar y distribuir para que el país salga del bache económico y la población alcance unas cuotas satisfactorias de bienestar social. El gobierno progresista y del cambio, pretende atajar las grandes diferencias que hay entre las y los trabajadores de este país y las clases acomodadas con pequeños retoques de impuestos a las rentas superiores a 300.000 euros. Ni siquiera han sacado adelante lo de la creación de un banco público estatal o la creación de grandes empresas públicas que den salida laboral a los millones de trabajadores que se encuentran en paro.

Los políticos reformistas han llegado a una situación en la que solo les queda la excusa de que si ellos no estuvieran las cosas se harían peor.

Pero para coger el toro por los cuernos hay que poner en manos del trabajador las riendas de la economía, expropiando los grandes medios de producción y financieros; de lo contrario lo único que les queda es hacer mucho ruido para que al final los problemas de la clase trabajadora sigan igual.