El gobierno de Pedro Sánchez ha subido de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional, como prometió. Esta vez la subida la han consensuado con la patronal y sindicatos mayoritarios, de forma que pasará de 900 a 950 euros, una tímida subida de un 5,5%. Por supuesto es positiva cualquier subida, por pequeña que sea, pero ni de lejos esta es “para tirar cohetes”. Y exagerada la “felicidad” de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Izquierda Unida, que aseguraba tras el acuerdo que “es un día muy feliz para los trabajadores y trabajadoras…”

Indudablemente la felicidad es otra cosa, habida cuenta –además- de que, parece ser, no es cierto -como dice la ministra- que vaya a afectar la subida a dos millones de trabajadores; el único registro que existe en estos momentos son los datos de la Seguridad Social y estaríamos hablando de casi medio millón de trabajadores. Pero existe un problema más grave y es que los empresarios meten los pluses y las primas dentro de esta subida y hay sentencias que lo confirman. Con lo cual se queda en nada. ¿De qué sirve entonces la subida si la ley da la razón al empresario para no pagar?

Por supuesto la subida es positiva, pero para no faltar a la verdad, también hay que decir que es bastante insuficiente; hay que recordar que Rajoy también acometió dos subidas: una en el año 2017 —cuando el SMI pasó a ser de 707,6 euros tras una subida de 52,4 euros— y otra en 2018 cuando se aumentó hasta los 735,9 euros. Y si insuficiente fue lo que hizo Rajoy, insuficiente es la subida actual.

Sería absurdo rechazar la subida del SMI, pero la fiesta y la felicidad mejor se deja más adelante cuándo realmente los trabajadores tomen las riendas en sus manos y se acometan las verdaderas medidas y reformas que se requieren en el mundo del trabajo, empezando por ejemplo con la prohibición de los despidos y el reparto del trabajo sin bajar los salarios.