El 14 de marzo se aprobó la Declaración del estado de alarma. Pedro Sánchez compareció ante las cámaras para exponer las líneas fundamentales del decreto. Anteriormente el verdadero estado de alarma había cundido en Madrid con los hospitales públicos colapsados, por falta de personal y de medios, con la gente acaparando alimentos en los supermercados. Los cierres comerciales están dejando en paro a muchos trabajadores y se prevé un aluvión de despidos, de los cuales una parte serán temporales, pagados con dinero público. Mientras tanto la gran patronal está tranquila: no se tocan sus beneficios y se le apoya con ayudas y exenciones de impuestos. Y aparece el espectro de la gran recesión, mayor aún que la crisis del 2008.

Europa se ha convertido en epicentro de la pandemia pasado el pico de la crisis china. España e Italia son, a estas horas, los países más afectados. Todo indica que, conforme la epidemia se extienda, el resto de países tomarán medidas parecidas de aislamiento de la población según el modelo chino.

Mantener a la gente en sus casas, evitando el contacto físico o recomendar trabajar desde casa son algunas de las primeras medidas que el gobierno emitió en un principio para frenar nuevos contagios. Estos han ido en aumento y el gobierno ha declarado el estado de alarma en todo el país con el fin de romper la cadena de contagios, en principio durante 15 días que podrían prorrogarse si fuese necesario. Serán los ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad con Pedro Sánchez a la cabeza, quienes asumirán todas las competencias y centralizarán todo el poder del Estado con la posibilidad de requisición e intervención inmediata en todos los ámbitos de la sociedad, empresariales, económicos, etc.

El objetivo fundamental del decreto es evitar la propagación de la epidemia y para ello limita la circulación de las personas en la vía pública a solo siete supuestos: adquisición de alimentos y medicamentos, desplazamientos al trabajo y retorno a su domicilio, cuidados de mayores, a bancos, fuerza mayor, acompañamiento y servicios sanitarios. Se suspenden espectáculos, fiestas, misas y procesiones, se cierran bares y comercios menos los estrictamente fundamentales para adquirir alimentos, farmacias, tintorerías y estancos. Pero para nada se dice o anuncia medidas en favor de los trabajadores y los más débiles. Se dice que el próximo martes se aprobarán algunas medidas.

La crisis económica se amplía con la pandemia

Esta nueva situación provocada por el coronavirus afectará a sectores económicos que paralizarán su actividad. Por esa razón la situación se tornará delicada para muchos trabajadores y pequeños autónomos que sólo tienen su trabajo como fuente de ingresos. Sánchez ha hablado de ayudas a estos colectivos, lo que falta por saber es si éstas llegarán a todos los trabajadores por igual y cuándo.

El gobierno también ha anunciado cuatro grupos de ayudas para paliar los efectos económicos derivados del estado de alarma. El gobierno aprobó la inyección de unos 18.200 millones de euros para garantizar la liquidez de pymes y autónomos, para aplazar impuestos y para la investigación. Sin embargo, las medidas de apoyo a los trabajadores, serán adoptadas el martes próximo. Y todo parece indicar que los beneficios de las medidas van en dirección de los empresarios y no de los trabajadores.

Así pues, mientras Sánchez de boquilla alaba al sistema público de salud, «la sanidad pública es nuestro escudo”, no ha dicho palabra alguna de revertir los recortes en los servicios públicos y el control de los laboratorios privados y grandes grupos farmacéuticos. Es más, los servicios sanitarios públicos en Madrid han tenido que colapsar por falta de personal, de medios y recursos, proveniente de los recortes, para que empezaran a tomar medidas.  Las privatizaciones del PP han llevado a la reducción de la sanidad pública madrileña, privatizando y externalizando servicios y el 30% de las camas hospitalarias está en manos privadas.

Nada ha dicho Sánchez de los grandes beneficios de las grandes empresas, como Nissan, que ya están haciendo sus ERTE (despidos temporales que pagan, a través del desempleo, todos los trabajadores) y de los despidos que se generalizan en la hostelería, restauración, turismo, automoción etc., y que ya han empezado. A esto hay que añadir la situación de autónomos y pequeños empresarios.

Mientras tanto hay una seria preocupación por la salud entre los trabajadores en las empresas. Por ejemplo, en el transporte público de Sevilla los conductores han impuesto no cobrar a los usuarios y entrar y salir por las puertas centrales, sin esperar las órdenes de los controladores. Trabajadores de Correos han impulsado un manifiesto que avisan de que se negarán a trabajar si no reciben los materiales de protección. El hashtag “yomequedoencasa”, ha sido contestado por los trabajadores de Atento “yonopuedoquedarmeencasa”, son un botón de la muestra que se nos avecina.

Esta situación está poniendo de manifiesto una vez más la anarquía del sistema capitalista y que se refleja en las leyes laborales. Cada empresario lleva adelante las medidas que más le convienen en cada caso concreto. Ya hay colectivos de trabajadores que denuncian el trato discriminatorio y de abusos que determinados empresarios están llevando a cabo. Mientras lo hacen y desoyen las recomendaciones preventivas, con ello ponen en riesgo la salud de los propios trabajadores.

La opción del teletrabajo, por ejemplo. Dejando a un lado los que no pueden hacerlo, como en el transporte, otros trabajadores en el sector del telemarketing no hay nada que se lo impida. Aun así, empresas como Atento son capaces de exponer a su plantilla al contagio del coronavirus, imponiendo la asistencia presencial en la empresa y todo ello sin siquiera proveerles de medios de protección individuales para evitar contagios. Parecido ocurre con las cuidadoras y las empleadas de hogar, algunas son obligadas por sus cuidadores a permanecer en los domicilios mientras dure la alerta.

Es necesario un plan de urgencia que proteja a la clase trabajadora y los más débiles

¿También evitará el gobierno que estas empresas jueguen con la salud de los trabajadores? Y todo esto como consecuencia de no haber derogado las reformas laborales para seguir congraciando a la patronal.

El gobierno ha anunciado que estudiará medidas para ayudar económicamente a los trabajadores. ¿De qué forma piensa Sánchez y su gobierno hacer esto? ¿Ayudar a los trabajadores que se queden sin ingresos y a la par a la empresa que los echa a la calle? Los trabajadores estaremos pagando a las empresas por lo que no es más que una forma de chantaje. Estamos hablando en todos los casos de ayudas públicas, que salen de nuestros bolsillos y que tarde o temprano acabaremos reponiendo los propios trabajadores. ¿Por qué no se sufraga todo ello con los beneficios empresariales?

Es necesario un verdadero plan de choque que proteja a los más débiles, a los trabajadores y trabajadoras, que están pagando ya la irracionalidad de una sociedad que vive protegiendo los beneficios de los peces gordos y haciendo pagar la crisis a las clases trabajadoras y populares. Revertir los recortes sanitarios y públicos, seguro de desempleo para todas las personas desempleadas, prohibir los despidos, de cualquier tipo, protección para los que tienen que trabajar etc., pagados por los capitalistas. Por ello los trabajadores deben comenzar a organizarse, discutir un plan de choque financiado con los beneficios de la patronal, de los que más tienen y esta es, sólo esta, la verdadera solidaridad.