Con el fin de la tregua invernal, la fundación Abbé-Pierre calcula que 140.000 personas corren el riesgo de quedarse sin hogar, tras una cifra récord de desahucios en 2023. El riesgo de perder su vivienda afecta cada vez a más trabajadores cuyos salarios ya no bastan para pagar todas las facturas.

Este es el momento elegido por el Gobierno para anunciar una nueva salva de ataques. En orden de batalla, los ministros se turnaron en los medios de comunicación para anunciar su próxima ofensiva contra los más precarios, los parados y los enfermos.

El Ministro de Economía, Le Maire, justificó su ataque contra los pacientes declarando: "Los medicamentos no van a ser barra libre". Pero es la burguesía la que tiene acceso al buffet libre. En materia de sanidad, como en todo lo demás, mientras se pueda pagar, no hay problema de acceso a los cuidados más sofisticados.

En cambio, entre las clases trabajadoras, cada vez son más los pacientes que renuncian al tratamiento por no poder pagarlo. La franquicia de cada caja de medicamentos se ha duplicado, y el gobierno apunta ahora a las recetas para pacientes con enfermedades de larga duración, así como al transporte médico. Los desiertos médicos se multiplican, pero los pacientes sin medios para desplazarse y sin una mutua adecuada tendrán que arreglárselas para recibir tratamiento. ¡Es una condena indignante!

En contra de los parados, Attal acudió al telediario de TF1 para sermonear que, ante el endeudamiento del Estado, era hora de dar muestras de ahorro y aumentar los ingresos. Para este fiel títere de los intereses capitalistas, no se trata por supuesto de tomar de los miles de millones que el Estado vierte en las arcas del gran capital a través de ayudas, subvenciones y exenciones.

Por ello, el ministro ha anunciado una nueva ofensiva contra los desempleados. Aunque la duración y la cuantía de las prestaciones ya han sido reducidas por medidas anteriores, se ha declarado partidario de reducir la duración máxima de las prestaciones, atreviéndose a decir que es necesario animar a la gente a trabajar.

En los últimos meses se han perdido casi 10.000 empleos en la industria de la confección. En la industria del automóvil, en un momento en que los beneficios son máximos, los fabricantes están cobrando miles de millones del Estado con el pretexto de financiar la transición a los coches eléctricos, al tiempo que despiden a cientos de trabajadores temporales. Fabricantes de equipos como Forvia anuncian miles de despidos, y la lista continúa, en sectores como la banca, la construcción y la telefonía. Está claro que no es contra el paro contra lo que lucha el gobierno, que da vía libre a los que despiden. Es a los trabajadores en paro, a los que condena a la miseria mientras les llama vagos.

Este gobierno, formado por millonarios al servicio de multimillonarios, pretende hablar en nombre de "la Francia que madruga". Attal declaró: "Cuando trabajas, tienes más control sobre tu vida". Pero, ¿qué decide un trabajador obligado a aceptar ritmos de trabajo demenciales, un trabajador temporal obligado a recorrer largas distancias para un encargo, una limpiadora que trabaja a turnos partidos y cuyo salario no le permite ni llenar la nevera?

El gobierno afirma que se dirige a los desempleados para que "trabajar sea rentable". Pero si el trabajo "no compensa", es porque los empresarios imponen salarios demasiado bajos para vivir. Empujar a los parados a la pobreza no aumentará los salarios, sino todo lo contrario. Reducir los derechos de los parados, obligándoles a aceptar cualquier trabajo por cualquier salario, proporcionará a los empresarios un arma adicional con la que imponer sus condiciones.

Estos anuncios son una declaración de guerra a todos los trabajadores, a los que el gobierno reafirma que no se trata de que los capitalistas paguen la crisis de su sistema. Para las grandes empresas, la crisis económica y el clima de guerra son sinónimo de beneficios récord: ¡150.000 millones para 2023!

Para garantizar este nivel de beneficios a un puñado de grandes capitalistas, el gobierno quiere hacer bajar la cabeza a todos los trabajadores.

En la situación actual, en la que la amenaza de guerra acompaña a la crisis económica general, someterse a la ley de la patronal es ser carne de explotación hoy y carne de cañón mañana.

Uno solo no tiene el poder de oponerse a la explotación. Pero si los trabajadores se organizan y recuperan la conciencia de sus intereses y su fuerza colectiva, podrán oponerse no sólo a los ataques de Macron, sino a la barbarie a la que el capitalismo está arrastrando a toda la sociedad.

Nathalie Arthaud

Editorial de los boletines de empresas del 1 de abril de 2024