El pasado 28 de octubre multitudinarias manifestaciones en Andalucía organizadas por las Mareas Blancas recorrieron las capitales de provincia para exigir una sanidad pública y universal. Una sanidad en retroceso a causa de los recortes públicos, la privatización de los servicios sanitarios, la falta de contratación de profesionales, así como el abandono de los centros sanitarios, consecuencia de la falta de inversión y de las políticas de privatización que durante años se vienen aplicando desde diferentes gobiernos
Contra estos ataques continuos a la sanidad pública miles de personas en las ocho provincias han tomado las calles, porque las protestas masivas son el único medio para intentar parar el deterioro constante de la sanidad, así como del resto de los servicios públicos. Una situación que es un reflejo de las políticas públicas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos que tienden a favorecer los intereses del capital privado en su búsqueda de beneficios. Por un lado, destinando cada vez menos dinero al gasto sanitario y a la par allanando el camino para que la demanda de atención médica la aprovechen las empresas privadas, a las se financia mediante acuerdos con dinero público. La población y sobre todo la población con menos recursos son quienes sufren más estos recortes y privatizaciones.
Una de las peores etapas de recortes en la atención sanitaria vino de la mano del gobierno de Rajoy, cuando éste redujo la inversión estatal en sanidad entre 15.000 y 21.000 millones, mientras propiciaba el acceso a la atención sanitaria a empresas privadas.
La falta de inversión afectó a los niveles de asistencia, limitándolos y recortando las especialidades. Se dejó de atender a los inmigrantes, se redujeron el número de camas hospitalarias, cerraron muchos establecimientos sanitarios y la destrucción de puestos de trabajo fue terrible con miles de profesionales que acabaron en el paro.
Se trata de una política destinada a deteriorar la atención sanitaria, parte de la estrategia para favorecer la implantación de los servicios privados. Porque tras la reducción de las coberturas públicas, la derecha aprovechó para defender un sistema de asistencia privado y favorecer así a los empresarios. A la par que recortaba el dinero público destinado a sanidad o educación, sus políticas incentivaban el uso de la medicina privada y la contratación de seguros médicos.
Se instaló una política tendente a beneficiar al empresario, a las aseguradoras y a las clínicas privadas, a la par que abandonaba a las clases populares y más desfavorecidas a su suerte. Más reciente en Andalucía con la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la Junta se puso de manifiesto que su política en general y la de la gestión de la sanidad en particular iba encaminada a satisfacer los intereses de las empresas privadas.
Lejos de potenciar el sistema sanitario en retroceso Moreno anunció como solución un decreto con el que pretendía derivar la atención primaria al sector privado, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación.
Moreno ahonda aún más la ya pertrecha atención primaria y dejándola en manos de los intereses de las aseguradoras médicas y las compañías farmacéuticas. Dicha orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de “alta resolución. Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
En concreto, la Orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios. Según Marea Blanca Sevilla en Andalucía hay ya casi dos millones de pólizas privadas.
La política de recortes que aplicó Moreno nada más llegar fue respondida con el rechazo de miles de personas que denunciaron su afán privatizador con una manifestación el 26 de noviembre. La presión de la gente en la calle obligó a Moreno a matizar que solo desviaría a la atención privada el exceso de demanda que se produjera. Es lo mismo que decir que los recortes van a seguir y que al final si quieres que te atiendan tienes que pagar.
Moreno ha demostrado con creces su abierta postura a favor de los intereses privados a lo que hay que añadir la falta de transparencia por parte de la Junta en la aplicación de los fondos europeos (FEDER) destinados a reforzar la sanidad autonómica. Un dinero destinado a reponer trabajadores y poder emplear más recursos para fortalecer la atención sanitaria. Y que hasta ahora los problemas continúan sin resolverse y en cambio se está fomentando el acceso al sector privado. De hecho “el 33% del gasto sanitario andaluz es privado”, apunta Marea Blanca Sevilla.
Es en este contexto que se ha estado preparando la manifestación del pasado 28 de octubre. Una manifestación necesaria y que es preciso repetir con más fuerza si queremos recuperar unos niveles sanitarios satisfactorios. Pero no solo en Andalucía, la sanidad a nivel estatal continúa sufriendo las consecuencias de los recortes que se han venido aplicando durante años tanto por parte de la derecha como la izquierda y cuyo máximo exponente se ve en la deriva privatizadora llevada a cabo por Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Lo que es evidente es que el denominador común de este retroceso generalizado se hace a favor del capital y sus negocios. La fuerza para parar estos continuos ataques está en las manos de población trabajadora y si queremos recuperar la sanidad pública es preciso seguir llenando las calles.