El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba está investigando la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero en las muertes de mayores en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia de la covid-19. En un auto fechado el 2 de octubre, se reabre la causa respecto a los tres aforados, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, y acuerda la práctica de diligencias para determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro. Todo esto ocurre después que haya habido ya un primer sobreseimiento provisional de la causa. La jueza que lleva el caso está estudiando a estos “personajes” para ver qué relación tienen con los protocolos de no derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.

Como ni el gobierno central “de progreso”, ni ninguna institución ha hecho nada hasta el momento, el pasado mes de abril, se constituyó una comisión ciudadana – Marea de Residencia, Verdad y Justicia- para investigar las muertes de los 7.291 mayores, que perdieron la vida en las residencias de la Comunidad de Madrid, sin recibir atención sanitaria ni ser derivados a hospitales, durante la pandemia en su primera ola.
Incluso Amnistía Internacional en un informe titulado “Abandonados a su suerte” consideró que se habían “vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación”.

Hay que recordar -sus familiares no olvidan- que entre marzo y abril de 2020, murieron 9.468 residentes madrileños (el 18% del total) y, de ellos, 7.291 (el 77%) lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que esta Comunidad contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España). ¡Tremendo!

Ayuso y su gobierno pusieron en marcha unos protocolos que impedían el traslado de pacientes con dependencia o con deterioro cognitivo, salvo que tuviera un seguro privado. Es decir, de la gran mayoría de los ancianos que en aquel momento residían en los centros de mayores. Tampoco se medicalizaron las residencias. En definitiva, se dejó morir a los que no tenían suficiente poder adquisitivo como para formalizar un seguro privado. ¿Alguien puede seguir diciendo que las clases sociales no existen y todos somos iguales ante la ley?

¡Verdad y reparación!