Con cada hipoteca, los bancos incluyen cláusulas, impuestos, tasas, recargos, intereses… elevando el precio total que las familias deben pagar por una vivienda. La suma total daba para ser rehén del banco durante decenas y decenas de años y mediante el pago periódico que supone, en la mayoría de los casos, más del 60% o 70% de los ingresos medios de una familia trabajadora.

Nada nuevo en el sistema capitalista que se rige por intereses totalmente ajenos a las necesidades sociales. Su máxima es la obtención de beneficios a costa de la población trabajadora.

La justicia decidió intervenir para examinar determinadas prácticas empleadas en la confección de las hipotecas que emiten los bancos. Pocas veces la justicia intercede a favor de las clases populares y trabajadoras. A finales de 2016 una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que las cláusulas suelo eran abusivas.

Las cláusulas de suelo que venía aplicando a sus clientes no solo debían ser eliminadas, además abrió la vía para que los propietarios de esas viviendas reclamasen esas cantidades cobradas de más. Pero esto es solo una gota en el océano.

Lejos de imponer mecanismos ágiles y transparentes para que la banca devolviera a cada uno lo que cobró injustamente, ni jueces ni Gobierno fueron más allá. En ese sentido dejaron libertad a los bancos para que llevaran a cabo los trámites de devolución que consideraran oportunos. Resultado, los clientes debían acudir muchas veces a los tribunales y pagar abogados si querían recuperar el dinero.

Pero la justicia actuó hasta aquí. Todos conocemos el escándalo que se produjo cuando el Tribunal Supremo estuvo a punto de someter a la banca en otro caso parecido. Transcurrieron días y largas sesiones, donde los jueces debían determinar quién debía pagar el coste de un trámite de las hipotecas: los actos jurídicos documentados, que la banca imponía a sus clientes.

Primero dictaminaron que eran las propias entidades financieras quienes tenían que pagarlo. En el último momento se echó atrás, debido a las presiones recibidas de los bancos, se desdijo y cargó la responsabilidad del pago a los clientes. ¿Quién dijo que la justicia era independiente?

Últimamente se está hablando de otro aspecto lesivo para los compradores, la llamada IRPH o Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios, otro engendro más creado por la banca, cuya finalidad es poder sortear las bajadas del Euribor.

La cuestión podría llegar a decidirse en el tribunal europeo. Pero no hay garantias que esto llegue siquiera a prosperar.

Si finalmente la Justicia de la UE se pronuncia a favor de los clientes, la banca deberá devolver unos 25.000 millones de euros cobrados de más por la aplicación del IRPH a las familias.

Los banqueros pusieron entre las cuerdas a los jueces. No es la primera vez ni será la última. La justicia funciona en función del poder y el dinero, actuando arbitrariamente. También según los vaivenes políticos, siguendo sus sus propios intereses. Por ello no vamos a ver nunca que intercedan o defiendan a las familias trabajadoras, ni cuando sufren injusticias laborales ni en ningún otro caso. La clase trabajadora ni tiene ningún aliado de la justicia burguesa.

Por eso la clase trabajadora solo podrá confiar en sus propias fuerzas. En su número y en su organización, para defender sus intereses frente a los ataques que sufre del lado del capital.