Este artículo proviene de nuestros camaradas de Internazionale (Italia - UCI)

El coronavirus requeriría, dada su difusión global, la puesta en común de conocimientos y recursos de laboratorios en todos los países del mundo. Esta declaración no es especialmente original, se basa en el sentido común. ¿Qué lo impide? Dos pilares del orden social mundial: los estados nacionales y una economía lucrativa en la que las grandes empresas, incluidas las del sector farmacéutico, están ocupadas librando una guerra entre ellas.

Es cierto que la búsqueda de una vacuna ha puesto en marcha centros de investigación en todo el mundo. Pero este gran trabajo esencial, en el que participan los mejores científicos, se ve obstaculizado por los límites de los medios que cada Estado, por rico que sea, puedan dedicarle. Según el fondo de gestión AB Bernstein, cuatro grandes compañías multinacionales comparten el 85% del mercado mundial de vacunas. El desarrollo de una vacuna, como Gardasil para el virus del papiloma, por el grupo germano-estadounidense Merck, le genera más de mil millones de dólares al año. Por lo tanto, se comprende que para proteger sus patentes, los gigantes farmacéuticos mantienen lo más posible la reserva con respecto al progreso real de sus laboratorios de investigación.

Por su parte, los gobernantes y las clases dominantes en general están preocupados por los trastornos que podría causar la expansión de la epidemia. Además, el virus les puede afectar también a ellos, lo perciben como una amenaza que les concierne directamente. Como ante todos los desastres naturales, también buscan crear un clima de unidad nacional para fortalecer el poder del gobierno y silenciar las dificultades sociales que varios años de crisis económica han creado para los trabajadores y los estratos más pobres de diferentes países.

Este llamamiento a la solidaridad nacional va cada vez más acompañado de ataques contra "los otros". En Italia, algunos atacan a otros países europeos, como Francia y Alemania, pero enfrentemos la realidad. En Italia, los recortes presupuestarios de 37 mil millones en diez años en el sector de la salud representaron 70.000 camas eliminadas, 359 secciones cerradas y muchos hospitales pequeños y medianos cerrados. Como dijo el especialista en enfermedades infecciosas Massimo Galli en una entrevista televisiva: "No puede negarse a comprar un paraguas porque no llueve porque, tarde o temprano, lloverá ".

Periodistas bien pagados ahora están tratando de explicar que los recortes en salud son el resultado de medidas tomadas por diferentes gobiernos para aliviar la pobreza: desde los ochenta euros del gobierno de Renzi hasta el ingreso de la ciudadanía y la posibilidad de retirarse a los 60 años con 40 anualidades del gobierno de la Liga de 5 estrellas. Pero eso representa solo unas pocas migajas en comparación con las enormes ganancias y la acumulación desproporcionada de riqueza por parte de la minoría privilegiada del país. Pero, como siempre, y siempre gracias a la colaboración activa de los "editorialistas", las ganancias y las rentas se excluyen de todos los análisis y razonamientos, mientras se nos dice hasta la náusea que "todos deben poner de su parte ".

El último decreto del Consejo de Ministros extendió a toda Italia las medidas restrictivas originalmente limitadas a Lombardía y las regiones del norte. Muchas voces se alzan desde todos los lados para exigir el bloqueo completo de las actividades económicas y comerciales, con la excepción de las relacionadas con los alimentos y el sector farmacéutico y de salud. El daño económico ya es enorme y el gobierno promete diferentes formas de "apoyo" a quienes permanecen sin ingresos.

Los trabajadores, especialmente los de las pequeñas empresas, deben exigir el cumplimiento de estas promesas. La prohibición de reuniones del decreto del gobierno no debe impedir la organización y vigilancia de los trabajadores. Durante algunas semanas, no será posible reunirse u organizar reuniones generales. Pero la tecnología nos da los medios para encontrarnos e intercambiar información.

Debemos impedir que preparen una "post-epidemia" pagada por los trabajadores, con más trabajadores despedidos y derechos aún más recortados para quienes mantengan su puesto de trabajo.