El martes 25 de septiembre, en Argentina, las confederaciones sindicales CGT y CTA convocaron una nueva jornada de huelga general, tres meses después de la huelga del 25 de junio, contra la política de austeridad del gobierno del presidente Mauricio Macri, que acaba de renovar sus vínculos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El día fue seguido con mayor intensidad a medida que la situación se degrada rápidamente. 800.000 personas perdieron sus empleos en la primera mitad del año. El 30% de los argentinos viven en la pobreza. Como después del krack de diciembre de 2001, reapareció el trueque en lugares públicos, donde los objetos se intercambiaban por alimentos. Los comedores populares se multiplican y todo el mundo se pregunta: ¿está el país al borde de una nueva crisis?

La inflación se aceleró en agosto. Oficialmente el 25% ese mes, se espera que aumente un 30% en octubre y un 40% en diciembre. Macri ha hecho explotar las tarifas públicas de agua, gas y electricidad, multiplicadas por 5 ó 10. Ahora es el turno de las necesidades básicas. En este granero del mundo, en tres meses, el precio de la harina se ha duplicado y, al subir el precio del pan, su consumo ha caído un 30%. Los huevos aumentaron un 56%, el aceite un 40% y las compras de medicamentos han caído un 7%.

A cambio de un préstamo de 50.000 millones de dólares, el Gobierno se ha comprometido con el FMI a acelerar los recortes del gasto público. Esta purga, estimada en 700 millones de euros, amenaza a los sectores de la energía, la salud, el trabajo y la cultura, pero no al poder judicial, la policía y el ejército. El uso del capital del FMI, presentado por Macri como remedio, empeorará aún más la situación de un país que sufre por la especulación financiera.

Mientras estaba en Nueva York, Macri trató de tranquilizar a los especuladores. Pero les dijo a los argentinos que la situación empeoraría aún más. El director del Banco Central, la misma persona que había organizado al principio de la legislatura el pago de la deuda detentada por fondos especulativos, los “fondos buitres”, acaba de dimitir. Ha sido reemplazada por la que acaba de poner a Argentina bajo las garras del FMI.

Macri acaba de vetar un proyecto de ley que proponía subir los salarios según los aumentos del gas y la electricidad. Y está dando largas a las confederaciones sindicales que piden reabrir las negociaciones salariales, la última de las cuales tuvo lugar antes de que el peso perdiera el 30% de su valor.

El año que viene serán las elecciones presidenciales y, por supuesto, Macri es candidato para su sucesión, lo que despierta a la oposición peronista. Ésta lo que propone es votar el año que viene, contando con el apoyo de parte de la burocracia sindical. Movilizar las energías que aparecen en las calles en cada día de huelga nacional no es su problema. Por otro lado, muchos de los trabajadores que estos días están movilizándose no quieren esperar a las elecciones y piden que las confederaciones tengan un plan de lucha para evitar que los trabajadores paguen por esta bancarrota.