Este mes de Julio y a 25 años del desastre ecológico más grave de Andalucía, dio comienzo el proceso judicial contra la empresa minera sueca Boliden por los daños causados en Aznalcollar. La Junta de Andalucía le reclama 90 millones por los trabajos de limpieza. Un desastre que no fue sólo ecológico, sino también económico y de destrucción de empleo que ya ni siquiera se menciona. Un ejemplo más de que subvencionar puestos de trabajo con dinero público solo beneficia a empresas privadas.

Boliden es parte del conglomerado industrial sueco Trelleborg que en 1987 adquirió la compañía española Apirsa S.L. que en 1987 inició la extracción de zinc de la mina a cielo abierto de Aznalcóllar, 45 km al oeste de Sevilla. Para el almacenaje de los vertidos tóxicos la empresa construyó una balsa que poco después se rompió.

Boliden huye de España sin responsabilizarse de los daños causados

La madrugada del 25 de abril de 1998 reventó la presa de la balsa con vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) que llegaron al río Guadiamar. Los costos que Boliden debía pagar por los daños de limpieza ascendieron a unos 90 millones de euros, además todos los trabajos de restauración en Aznalcollar se estimaron en unos 240 millones de euros, hasta la fecha no ha asumido ninguna parte de ello. Cuando en 2002 la Junta y el Gobierno iniciaron los trámites para que Boliden pagara ésta ya se había marchado cerrando su filial Apirsa clausurando la mina. Como consecuencia en la comarca se vieron afectados unos 400 puestos de trabajo.

Durante tres años a partir del suceso el Gobierno central, del PP, y de la Junta, del PSOE, se dedicaron a enfrentarse abiertamente, en la búsqueda de un culpable por lo sucedido. Pero ese culpable no es otro que la propia multinacional y tuvo como cómplices las políticas que regulan la propiedad privada de los medios de producción, las leyes capitalistas. Porque bajo el capitalismo quien tiene el dinero es quien decide y no los políticos y sus leyes.

Tras el cierre de la mina, en un plan diseñado por la Junta, unos 75 ex mineros comenzaron a trabajar en el Plan de Abandono y Restauración que llevó a cabo la empresa pública Egmasa, hasta su recolocación definitiva en diciembre de 2008.
Y así tras pasar por ese plan la Junta recolocó a los trabajadores en distintas empresas en 2008. Pero lo peor es que la falta de actividad minera destruyó muchos más empleos en la comarca de Aznalcollar, afectando a la economía y deteriorando el nivel de vida de la población, que tenía en la mina su medio de vida. Aún hoy la población de Aznalcollar espera que la sentencia sirva para poder reactivar la minería y recuperar la economía en la comarca.

¿Por qué no se paralizaron las cuentas y los activos de la empresa en España? De haberse hecho la empresa habría sufragado las labores de limpieza y acondicionamiento medioambiental y sobre todo habría supuesto un destino distinto para el futuro de los puestos de trabajo. Esto viene a demostrar que ante la pérdida de puestos de trabajo y ante los desastres ecológicos, primero están las leyes que protegen la propiedad privada de los medios de producción y el dinero.

Hay que acabar con el engaño que supone que se pueden mantener empleos poniendo dinero público en manos privadas, cuando solo se mantienen los beneficios empresariales. Solo eliminando el beneficio privado, controlando las cuentas públicamente y prohibiendo los despidos se podrá garantizar el empleo. Para crear empleos hay que exigir en la creación de empresas públicas repartiendo el trabajo entre todos los trabajadores sin bajar los salarios.