Cientos de miles de personas están protestando en Cataluña en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha condenado a penas de cárcel a los principales encausados por el procés catalán. Al abuso injusto de la sentencia se añade la brutalidad policial contra los manifestantes. Las protestas están organizadas a través del llamado Tsunami Democratic, una plataforma ciudadana que a través de Telegram y redes de internet agrupa a todo el movimiento independentista. Su objetivo es la paralización de la vida catalana a través de marchas, cortes de carreteras y huelgas – como la prevista para el viernes 18 de octubre. Las acciones no serán puntuales sino que se realizarán, dicen, hasta conseguir la libertad de los políticos presos y la república catalana. La represión se ha abatido contra cientos de manifestantes con resultados luctuosos. Un joven ha perdido un ojo y otras muchas personas han resultado heridas por la violencia policial tanto de la Policía y Guardia Civil como de los Mossos de D´Esquadra de la Generalitat. Además se habla de una centena de detenidos.
Las condenas abarcan desde 13 años para Oriol Junqueras a 9 para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y las menos graves por desobediencia a 10 meses. Han sido condenados bajo la acusación de sedición, malversación y desobediencia y no de rebelión como exigía la fiscalía que hubiera supuesto condenas más altas, aproximadamente el doble. La diferencia estriba jurídicamente en el uso de la violencia por parte de los acusados. Los cuales podrán pedir el tercer grado inmediatamente y sólo ir a dormir a la cárcel. La sedición es solamente la organización de “tumultos” de masas contra el orden legal establecido. Esto significa que la masiva movilización de la población puede ser catalogada de sedición y por tanto encarcelar a aquellos que la instiguen o participen a penas de cárcel de 13 años. Esto supone que la libertad de manifestación y expresión queda en suspenso para cuando el Estado y sus instituciones lo vean conveniente.
La condena a estos políticos es un abuso, una brutalidad desproporcionada. Pues, ¿cómo podemos encarcelar a personas simplemente por organizar desde una institución estatal, la Generalitat, un referéndum por muy ilegal que fuera? O, ¿simplemente por manifestarse exigiendo el derecho a decidir o la república catalana? Tan desproporcionada como son las sentencias en contra de raperos, tuiteros o simplemente peleas de bar en el que hay guardias civiles implicados como son los casos de Valtonyc, Hasel, La Insurgencia, Strawberry, Altsasu y otra treintena de condenas por enaltecimiento del terrorismo desde 2016. El caso del Coño Insumiso que por hacer una procesión con un paso y una representación del sexo femenino en favor del aborto el fiscal pedía una multa de 3.000 €… y finalmente los casos contra los piquetes de huelga como fueron “los 8 de Airbús” y otros 300 sindicalistas acusados por la fiscalía de agredir a las fuerzas de orden público e impedir “el derecho al trabajo”.
Es la naturaleza del Estado capitalista –Generalitat incluida- y sus políticos
En la opinión de la prensa y juristas progresistas existe una deriva autoritaria del régimen monárquico, o de un neofranquismo, o simplemente hablan del régimen del 78 como expresión de un Estado posfranquista y su entramado de leyes seudodemocráticas.
En realidad todas estas manifestaciones de la violencia del Estado no son más que la naturaleza propia de éste, que necesita de esa brutalidad, cuando lo exige la situación. No podemos olvidar que el Estado es el monopolio de la violencia de las clases dominantes -la clase capitalista-, contra las clases trabajadoras. No podemos olvidar que todo el entramado de leyes y administración del Estado, sea central, autonómico o municipal, se encuentra organizado para preservar la explotación económica y social del mundo del trabajo a través de las leyes y su aplicación judicial y policial, que permiten -como las reformas laborales-, pensiones de miseria, privatizaciones, despidos y ERE, precariedad… por expresar las consecuencias más conocidas; para beneficio de las grandes empresas y bancos.
El caso del procés catalán tiene implicaciones que marcan algunas diferencias con el resto de casos de violencia del Estado. En primer lugar es el Estado central que juzga y condena -el Tribunal Constitucional- a autoridades políticas de la Generalitat, por simplemente desobedecer sus leyes. Y hay que recordar que es esta misma autoridad política catalana, con un independentista a la cabeza, la que utiliza la represión contra sectores que actualmente se manifiestan precisamente por la independencia.
Esta aparente contradicción muestra cómo el Estado y sus políticos utilizan sus distintos aparatos estatales y administrativos legales para imponer sus intereses y los de la clase que representan, la burguesía. Porque ésta, sea españolista o catalanista defiende sus intereses en contra del pueblo trabajador. El procés lo dirigen políticos burgueses catalanistas y por ello la independencia de Cataluña no es más que el señuelo para obtener y mantener sus privilegios. Al igual que hoy los Mossos utilizan la violencia contra manifestantes -tal como la utilizaron otras veces-, volverán a utilizarla contra los oprimidos que exijan sus reivindicaciones en una Catalunya independiente.
Sólo la clase trabajadora puede resolver la situación
Fuera del justo derecho a decidir, la autodeterminación, que los más de 2,5 millones de catalanes desean y deberían ejercer libremente, la clase trabajadora en Cataluña y sus organizaciones deben reflexionar y expresar sus reivindicaciones propias e independientes de los políticos capitalistas “catalanistas”, porque tanto en el Estado español como en un Estado catalán independiente la opresión sería la misma: la violencia que ejercen los capitalistas sobre el mundo del trabajo y las clases populares. Por ello la lucha debe tener los contenidos que resuelvan los problemas del paro, la pobreza, la precariedad y elimine la explotación social a la que están sometidas las clases populares y trabajadoras. Eso sólo puede resolverse si las clases populares y trabajadoras tienen el poder para que prohíban los despidos, repartan el trabajo sin bajar los salarios, expropie la banca y abra la contabilidad de las empresas y haya un control obrero de la economía… Porque entonces, ¿para qué servirían las luchas si no resuelven estos problemas?
Y si luchamos por el voto para decidir, ¿por qué no hacerlo sobre los verdaderos problemas que tienen las clases trabajadoras en todas partes y por una sociedad donde sean los trabajadores quiénes tengan el poder?