El pasado mes de marzo, un compañero del Colectivo de Trabajadores por el Pan, el Trabajo y la Vivienda, fue denunciado en La Rinconada por organizar una asamblea de trabajadores. El paro, los recortes sociales, el clientelismo, el enchufismo y la explotación laboral forzaron a los compañeros de este pueblo a organizarse y pedir justicia. Pedían el reparto del trabajo entre todos sin bajar los salarios, que se pusieran en marcha bolsas de empleo en el Ayuntamiento y que estas fueran controladas por los trabajadores para acabar con el clientelismo existente en este pueblo gobernado por el PSOE.

La respuesta ante la indignación y las reivindicaciones que proponían, fue la represión, la intención de cortar de raíz la movilización. A este trabajador se le imputa una falta grave, sancionada con multa de 300 hasta 600.000 euros. La Guardia Civil (que es la denunciante) y la Delegación del Gobierno, siguen adelante con la sanción.

No dan marcha atrás ni tan siquiera cuando la misma Guardia Civil reconoce en su denuncia que nunca hubo ningún riesgo de altercado y que la asamblea se desarrolló de forma pacífica. A este compañero se le juzga por la Ley Corcuera, aprobada por el gobierno de Felipe González que, como vemos, es bastante dura contra los militantes obreros; pero el gobierno reaccionario del PP pretende endurecer, aun más, las medidas represivas contra la movilización, con la reforma de la Ley de Seguridad (Ley mordaza).

Como vemos, todos los gobiernos hasta el momento (tengan las siglas que tengan), han coincidido en la forma de acallar las protestas: ¡mano dura con los obreros en lucha!