Durante todo el verano en España los jueces han estado emitiendo sentencias condenatorias contra sindicalistas, activistas y trabajadores por ejercer su derecho a protestar o ponerse en huelga. Y es que en nuestro país con la Ley Mordaza hacer huelga, concentrarse o simplemente protestar por un despido, por las malas condiciones laborales, por los abusos generalizados de la patronal… puede ser castigado. La represión policial, las multas y penas de cárcel están a la orden del día. El gobierno no derogará la Ley Mordaza porque le sirve para meter miedo a los trabajadores y controlarlos, al igual que a sus organizaciones. Por eso es necesario un partido obrero que sea verdaderamente de la clase trabajadora y defienda sus intereses.
En muchos casos las multas o los años de cárcel impuestas son desmesuradas y sin sentido, por ejemplo los tres años y medio a las seis de la Suiza por actuar en un piquete de huelga o los cuatro años y nueve meses y 11.000 euros de multa a los seis de Zaragoza, lo que se busca con ello es meter miedo para que la gente no proteste y se aguante con lo que hay. Los jueces están decidiendo lo que podemos o no hacer en la calle y mientras el gobierno de “progreso” comandado por Psoe y Sumar prefieren mantener la Ley Mordaza como forma de represión contra los trabajadores. En el fondo defienden el aparato de estado heredado del franquismo, un aparato dispuesto con su policía, sus jueces y sus leyes para salvaguardar los intereses de la burguesía y sus negocios privados y capital.
Los medios han publicado muchas sentencias desde este pasado Junio pero vamos a retroceder al año 2021 cuando en Cádiz los trabajadores del metal iniciaron una huelga indefinida por mejorar los salarios y contra el acuerdo de convenio firmado entre los sindicatos CCOO y UGT y la patronal del metal gaditano FEMCA. Durante esa huelga el gobierno de “progreso” respondió con el envío de una tanqueta y fuertes cargas policiales contra los trabajadores, continuó con detenciones arbitrarias de trabajadores en sus propios domicilios.
El año pasado el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz calificaba de ilegal la huelga llevada a cabo por la Confederación de Trabajadores del Metal de Cádiz (CTM) a instancias de la denuncia interpuesta por la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA).
Aunque más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó esa sentencia y terminó declarando legal la huelga de la CTM esto demuestra que el uso de la fuerza y del aparato del Estado para reprimir a los trabajadores es la primera opción de este Gobierno y de todas formas la última palabra la tiene el juez que en última instancia interprete las leyes. La Ley Mordaza es sobre todo hacer el trabajo a la patronal para que la burguesía siga explotando y manteniendo sus beneficios.
En 2022 dos trabajadores fueron despedidos de la Panificadora Butrón en Chiclana, Cádiz por reclamar a la empresa mejoras laborales y salariales. Tras 10 meses de huelga un juez condenó finalmente a la empresa a indemnizar o readmitir a los trabajadores.
Otra más que reciente sentencia del Tribunal Supremo condenaba a tres años y medio de prisión a seis mujeres sindicalistas de la CNT por defender a una trabajadora que denunció acoso sexual por parte de la empresa para la que trabajaba, la pastelería La Suiza, en Gijón (Asturias). El presunto caso de abusos fue archivado pero no así la denuncia de los propietarios de La Suiza contra las sindicalistas. Esta condena ha provocado entre los medios de izquierda un fuerte rechazo contra la Ley Mordaza y numerosos sindicatos llevaron a cabo actos de protesta y en solidaridad con las acusadas.
El caso llamado “Los 6 de Zaragoza” tuvo mucha repercusión en los medios. Seis jóvenes en 2019 en Zaragoza fueron detenidos en una manifestación antifascista. La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó a los seis jóvenes y, en enero de 2021, dictó una condena de seis años de cárcel para los cuatro mayores de edad, junto con una multa de 11.000 euros y un año de libertad vigilada para los dos menores. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que finalmente, en febrero de 2024, dictó una sentencia de cuatro años y nueve meses de prisión para los cuatro jóvenes, junto con condenas económicas.
Se está persiguiendo también la protesta vecinal. El portavoz de la Plataforma Vecinal Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla ha sido detenido hasta en dos ocasiones y ha sufrido maltrato físico. Esta agrupación aglutina a vecinos de las barriadas más desfavorecidas de Sevilla, Palmete, Padre Pío, Su Eminencia, Juan XXIII, Cerro del Águila, Bellavista, Bachillera, Pino Montano, llevan años sufriendo cortes de luz. La inacción de Endesa y de las propias instituciones que dicen servir a la población ha llevado a los vecinos a manifestarse en innumerables ocasiones. Y así podríamos seguir porque muchos casos ni siquiera salen a la luz. Según el medio El Salto Diario, un artículo titulado “España no es un país para quejarse…” expone cifras de vulneraciones de derechos en numerosas protestas entre 2022 y 2023. En el mismo explica que las acciones ecologistas y las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda son los casos de protestas más perseguidos y criminalizados en los últimos años, según recoge un informe de la plataforma Defender a quien Defiende.
La patronal, en todas sus formas, denuncia y el aparato de estado reprime. Ya a estas alturas nadie duda que la justicia no es igual para todos. El simple hecho de protestar por un despido, por exigir mejorar las condiciones laborales o para impedir un desahucio es respondido con la violencia, la cárcel y las multas.
Y es que en el fondo se busca escarmentar con el ejemplo a los disidentes, hacer callar a la clase trabajadora perseguir y paralizar las luchas y criminalizando la actividad sindical que responde ante los ataques de la patronal. Y esta política contra los trabajadores se está llevando a cabo con la connivencia del actual gobierno “de progreso”.
Seguimos inmersos en una crisis que continúa agudizándose, en la que la patronal para mantener sus niveles de beneficios sigue presionando para mantener bajos salarios y condiciones laborales cada vez más precarias, como la temporalidad, mientras por otro lado continúan los despidos y los ERE y por otra parte la subida de los precios es la otra pata que mantiene los beneficios empresariales.
Ante esta perspectiva de aumento de la precariedad y la miseria o contra la pérdida del puesto de trabajo solo queda la protesta y estas se volverán más importantes porque la crisis lejos de solucionarse continúa golpeando a los más débiles, es a eso a lo que la patronal le teme, que los trabajadores se unan, se organicen y planten cara a sus numerosos ataques. En cualquier momento esa rabia colectiva puede tomar forma y la clase trabajadora tendrá que estar preparada y organizarse y tomar en sus manos la economía.