En España, el presidente socialista Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas tras el batacazo de su partido en las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, con el objetivo de frenar la “remontada” de la derecha.
Con más de 8 millones de votos y 136 diputados (47 más que en las últimas generales), el Partido Popular (PP), de derecha, sale vencedor de las urnas. En frente, el Partido Socialista (PSOE), que lidera el gobierno en funciones, tiene 7,8 millones de votos y 122 diputados (+2). La derecha recupera parte de lo perdido en 2019, cuando una moción de censura en pleno caso de corrupción la había echado del poder. Sin embargo, el PP se queda lejos de la mayoría necesaria para gobernar, incluso si se le suman los 33 escaños de Vox, su aliado de extrema derecha.
Vox, este partido nostálgico del franquismo y fruto de una escisión en el PP, se mantiene como tercera fuerza política pero pierde 19 escaños, mientras que el movimiento Sumar, que agrupa a Podemos, al Partido Comunista y algunos partidos de la izquierda radical, pierde 700.000 votos. En esta situación sin una mayoría clara, la coalición alrededor del PSOE y de Sumar procura mantenerse en el poder.
La gran ventaja de Sánchez para la investidura es su capacidad de lograr el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Aunque no todos sean de izquierdas, como el PNV o Junts, están en conflicto con el PP sobre sus competencias locales. El sistema electoral otorga un bonus a estos partidos locales que pueden, con trescientos o cuatrocientos mil votos, formar y romper mayorías apoyadas en varios millones de votantes imponiendo sus condiciones políticas. Por lo que la derecha no ha dudado, durante cuatro años, en acusar a Sánchez de ser el rehén de unos independentistas que quieren romper la unidad de España. También es posible que las negociaciones no lleven sino a un bloqueo, y que se repitan las elecciones, como pasó en 2015 y en 2019.
Muchos trabajadores han experimentado cierto alivio al enterarse de los resultados y ver que no iba a haber una mayoría absoluta del PP con Vox. La fuerte participación, más del 70% en periodo de vacaciones, refleja la preocupación de votantes de izquierdas decepcionados, que se habían abstenido en las pasadas elecciones. Esta vez temieron ver a Abascal, el líder de Vox, como vicepresidente del gobierno. Este sentimiento es muy comprensible, más aún si se tiene en cuenta que, en las ciudades y regiones donde Vox lleva unas semanas gobernando junto al PP, los concejales y diputados de ambos ya acumulan las declaraciones reaccionarias y las medidas simbólicas sexistas y homófobas.
No obstante, sería peligroso creer que los votantes han “frenado el fascismo” o la extrema derecha, digan lo que digan Sánchez y sus aliados, quienes han utilizado el peligro facha para movilizar a sus votantes y ahora parece que están para tirar cohetes. Pero toda su política al servicio de las clases poseedoras produce asco entre las clases populares y contribuye a la subida de la extrema derecha. Tampoco ha dudado el gobierno de coalición en alimentar los prejuicios reaccionarios. Sánchez y sus aliados de Podemos y del PC, que por muy aspavientos que den se han quedado en el gobierno, han asumido la masacre de decenas de migrantes en Melilla, en junio de 2022; luego, el presidente se fue a Italia a demostrar su “sintonía” con Meloni, la primera ministra ultraderechista, en el tema migratorio.
Lejos de proteger a las clases populares contra la extrema derecha, la izquierda de gobierno agrava el peligro al desmovilizar a los trabajadores. Sobre el programa del próximo gobierno, sea cual sea su signo, no cabe la menor duda: le hará pagar a la clase trabajadora la subida del gasto militar y las medidas mal llamadas anticrisis, que por cierto les han beneficiado a las grandes empresas ante todo, al tiempo que diferían el choque social. Seguirá persiguiendo a los migrantes. Mantendrá una política exterior imperialista y otanista, apoyando la guerra en Ucrania y participando al rearme global.
Laura Samos