A principios de mes, se producirá presumiblemente la investidura como candidato a la presidencia de España a Pedro Sánchez, tras agotarse el plazo en el cual Feijoo y el PP ha intentado lo imposible: gobernar España sin mayoría suficiente. Aún así, al estilo del ex presidente norteamericano Trump, Feijoo sigue lanzando indirectas que han impactado en algunos medios por sus tintes “golpistas”, pues no solo ha alentado el transfuguismo, sino que desde sus filas ha habido diversos mensajes que levantaban dudas sobre la legalidad de que el partido que “ha ganado” las elecciones no pudiese gobernar, así como de la necesidad actual de defender la Constitución pues España se está “rompiendo”. Para completar la opereta las declaraciones de Aznar han venido a avivar el fuego pues llamó a “una rebelión nacional contra la amnistía”.
Aún así, el engranaje seguirá y el rey -según dicta la Constitución- debe proponer al siguiente candidato, Pedro Sánchez. Los socialistas a la hora en que esto escribimos siguen negociando como es habitual: sin luz ni taquígrafos. Eso de la transparencia -con la que tanto se llenan la boca los partidos parlamentarios- es un concepto muy flexible, de usar y tirar. Por supuesto los socialistas gobernarán con Sumar, e iniciarán las rondas de contactos con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, para formar un gobierno de coalición; más o menos las cuentas le saldrán a Pedro Sánchez pues cuenta con 121 votos favorables de su formación, a los que espera añadir los de Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1) y Coalición Canaria (1).
Para ser investido presidente Pedro Sánchez debe contar con el apoyo de los nacionalistas catalanes y ha estado muy presente en los medios de forma insistente, el tema de la amnistía para los políticos presos por la cuestión del referéndum catalán y las votaciones “ilegales” por el “derecho a decidir” realizadas por parte del entonces gobierno catalán en 2017, proceso por el cual hay unos 3000 procesados según datos del periódico “El Público”, aunque solo se mencione a Puigdemont o Junqueras.
La amnistía moneda de cambio
En el juego “politiquero”, ahora por necesidad, Pedro Sánchez dice estar dispuesto a la amnistía, aunque no con el derecho a la autodeterminación; actitud muy contestada por la derecha, que pronto se rasga las vestiduras y anuncia más movilizaciones -como la de Barcelona del día 8 de octubre-, sin recordar todos los acercamientos de presos, amnistías fiscales, negociaciones con Herri Batasuna a finales de los años 90, etc., realizados por ellos mismos. Ahora incluso llaman a la población a una especie de “insumisión” al gobierno, que no explican mucho, pero que retratan lo que verdaderamente son, nostálgicos del régimen franquista.
Un gobierno de Sánchez con Sumar y el apoyo de Junts que, es la gran burguesía catalana, sería un gobierno incapaz de realizar las medidas necesarias para que los y las trabajadoras se puedan defender. Porque detrás de los gobiernos manejando los hilos está la burguesía y la gran patronal, que impedirán cualquier reivindicación obrera que no sea arrancada por la movilización y esa incapacidad traerá la decepción y favorecerá la llegada de la derecha y la extrema derecha. El “gobierno de progreso”, pacte lo que pacte, pronto olvidará sus promesas cuando la burguesía lo mande, y la supuesta amnistía no afectará a quiénes principalmente debía afectar: activistas, sindicalistas, raperos, periodistas, trabajadores -como los del metal en Cádiz- , migrantes que han sido enjuiciados, penalizados, encarcelados o deportados por movilizarse, por delitos de opinión, o por el simple hecho de intentar mejorar sus vidas en otros países. Si llegan a pactar la tan traída y llevada amnistía esta será más que parcial y favorecerá principalmente a los líderes independentistas, que en su mayor parte, no lo olvidemos, pertenecen a la derecha y a la burguesía catalana.
La clase trabajadora no tiene otro camino más que la lucha por sus reivindicaciones
El problema para toda la clase trabajadora en Cataluña o en el resto del territorio, es la situación económica y social de explotación de la patronal, la precariedad laboral, los salarios cada vez más bajos, los recortes en la sanidad y educación públicas, la vivienda… En Cataluña, con o sin la amnistía que ahora se baraja y que no va a afectar a los y las que verdaderamente luchan, ni a los trabajadores, nativos o extranjeros, las cosas van a seguir igual para la población y la clase trabajadora: desempleo y precariedad crecientes, una crisis habitacional gigante de la mano de la gran especulación existente y una gran explotación patronal.
Las maniobras políticas de Pedro Sánchez pueden salvar su cargo y el de los políticos nacionalistas que, hay que recordarlo, son los mismos que han hecho recortes a mansalva en Cataluña y precarizado a la población a todos los niveles. La política de recortes en Cataluña, privatizaciones y reformas, no solo fue apoyada por CiU, sino que incluso fue más dura que en otras Comunidades Autónomas y las han mantenido los propios gobiernos que se dicen catalanistas y progresistas actuales. La política de Artur Mas de CyU, origen de Junts, por poner solo un ejemplo, tenía su centro en la privatización intensiva de la sanidad y la educación.
Así pues, la población catalana no tiene nada que ganar con la independencia y con esta amnistía pactada desde arriba que no afectará a TODOS Y TODAS los represaliados y encarcelados por delitos de opinión y huelga en toda España. La burguesía catalanista e “indepe” puede soñar y decir “querer” una república catalana, siempre que les llene los bolsillos, y será el “canut” quien en última instancia decida los pactos con los políticos de la burguesía en el Estado. De más está decir que la amnistía de los activistas, sindicalistas en Cataluña y en el resto del Estado, tendría que afectar a todos los delitos de opinión y contra el orden público, como los manifestantes y huelguistas de Cádiz o los raperos como José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtòny etc., o sea, la gente que, fuera de dudas, están condenados por hechos que no debían constituir delitos penales.
Para parar a la extrema derecha y las derechas en general, así como los planes de la burguesía para salvar sus beneficios se necesita luchar en la calle, en las fábricas y empresas con un programa reivindicativo y político que recoja y unifique las aspiraciones de la clase trabajadora en todo el territorio. La unidad obrera es la llave para frenar los ataques que están por llegar.