Los silbidos que recibieron a Macron y las refriegas en el Salón de la Agricultura demostraron que el enfado de los agricultores sigue intacto. Bajo la presión de los manifestantes, Macron se vio obligado a anunciar nuevas medidas.

Prometió un año en blanco para el reembolso de los préstamos a las explotaciones con dificultades. Esta medida, reclamada por los agricultores, nunca será ofrecida por el Estado a los hogares populares endeudados.

Ha anunciado un precio mínimo para cada producto, basado en los costes reales de los agricultores. Pero los trabajadores que cobran el salario mínimo saben muy bien que un ingreso mínimo no es una forma de salir de la pobreza. Garantizar un precio mínimo ya era el objetivo de la ley Egalim, aprobada en 2018 y revisada en 2021. Pero fracasó, porque en la jungla de la economía capitalista, los precios son el resultado de luchas de poder globales entre grupos agroalimentarios y minoristas.

El grupo Lactalis desangra a los productores de leche para que la familia Besnier se mantenga en el top 10 de las fortunas francesas. Los pequeños ganaderos mueren para que Danone, Bigard, Carrefour y otros puedan repartir dividendos récord a sus accionistas.

Los agricultores, apoyados por los políticos en campaña, denuncian las importaciones extranjeras. Pero las empresas que estrangulan a los pequeños agricultores son francesas. Francia exporta más productos lácteos y vino de lo que importa frutas y verduras. El grupo Avril (aceite Lesieur, etc.), dirigido por Arnaud Rousseau, quien preside también la FNSEA, el principal sindicato de agricultores, realiza la mitad de sus negocios en el extranjero.

Los productores de cereales y aves de corral de Francia y Polonia denuncian la competencia desleal ucraniana. Pero detrás de las exportaciones ucranianas de pollo y trigo hay enormes empresas agrícolas en las que han invertido financieros occidentales, entre ellos los bancos franceses BNP y Natixis.

En la agricultura, como en todos los sectores, hay dos bandos. Por un lado, están los que producen y viven de su trabajo, los pequeños agricultores, pero también los más numerosos trabajadores agrícolas (a los que nunca se les da voz), por no hablar de los empleados de lecherías, mataderos o transportes. Por otro lado, están los que obtienen los beneficios porque poseen el capital.

El papel del Estado es siempre defender los intereses de los capitalistas más poderosos, nunca los de los trabajadores que desgastan su salud en el trabajo. Macron no impondrá restricciones a Lactalis para que pague a los agricultores un precio justo, como tampoco ha sido capaz de gravar los beneficios de Total u obligarla a limitar los precios de la energía.

En cuanto a Le Pen y Bardella (líderes del partido de extrema derecha RN), coquetean con los agricultores hablando de soberanía nacional. Varios dirigentes de la Coordination rurale muestran su apoyo a la RN. Pero si Le Pen llega al poder, ella, como los demás, se someterá a las exigencias de los capitalistas y financieros, olvidando las promesas hechas a los agricultores y trabajadores que se dejarían engañar.

Este romance entre la RN y ciertos agricultores debería ser una advertencia para los trabajadores. En un momento en que la economía capitalista se hunde en la crisis, las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores, comerciantes y artesanos sólo pueden empeorar y alimentar su rabia.

Rodeados de demagogos de extrema derecha, estos pequeños empresarios podrían atacar a los empleados que trabajan "sólo 35 horas"; a los parados, acusados de no acudir a recoger sus manzanas; a los habitantes de barrios pobres, acusados de ser beneficiarios de ayudas sociales. Atacar a los trabajadores no salvará a los pequeños empresarios de la quiebra, sino que servirá a los intereses de los capitalistas.

Para evitar esta trampa, es vital que también nosotros, trabajadores asalariados, nos hagamos respetar. A nosotros también nos estrangulan los precios desorbitados de la gasolina, la electricidad y los alimentos. Nosotros también trabajamos duro por salarios que no nos permiten vivir. Nosotros también somos esenciales para el funcionamiento de la sociedad.

Los responsables de nuestras dificultades son los capitalistas que engordan a costa de nuestro trabajo. Es su dictadura la que hay que derrocar. Esa lucha, sólo la clase obrera puede librarla hasta el final, porque los trabajadores no tenemos ni tierra ni fondo de comercio que perder. Tiene que atraer a las demás categorías sociales víctimas del sistema y no limitarse a mirar con simpatía la lucha de los campesinos.

Acabar con la dictadura del capital beneficiará a todos cuantos se ven aplastados por esta ley del más fuerte y abrirá nuevas perspectivas a la humanidad.

Nathalie Arthaud

Editorial de los boletines de empresas del 26 de febrero de 2024