Tras un final de año calificado de “mes negro” con 12 crímenes, que elevaron a 49 el número de mujeres asesinadas, empezó enero con otros 5, 3 cometidos en menos de 24 horas. Y todo esto ocurre en medio de una gran polémica con la ley del Ministerio de Igualdad, del Sí es Sí, de Irene Montero, pues la derecha ha emprendido una gran campaña de desprestigio contra dicha ley oliendo ya las próximas elecciones. Ésta, con una andadura ya de dos meses y medio, está rebajando la condena a algunos presos, parece que ya rondan los 400, pues estos se amparan en el derecho que les otorga la ley de que se les aplique la normativa más favorable, algo que Irene Montero aseguró que no ocurriría. Y no solo ocurrió, sino que se han encarcelado ya a más de 30 presos, con lo cual las críticas también se hacen desde la izquierda.
Según parece una mujer maltratada tarda unos 8 años en decidirse a presentar denuncia, por muchos motivos y porque entonces se multiplican los riesgos para su vida. Con estas polémicas y estos cálculos electoralistas, la situación de muchas de estas mujeres se agrava.
Podemos justifica la cuestión por el hecho de aunar dos delitos (abusos y agresiones) en uno sólo, que ha supuesto que la horquilla de penas variara. Si se mira sólo este aspecto, algunas penas mínimas son más bajas que antes (para los delitos menos graves), y en algunos casos se ha rebajado la pena máxima de algunos delitos. Según Podemos la ley es buena, lo que ocurre es que algunos jueces, machistas y retrógrados, están haciendo una interpretación patriarcal de la ley. ¡Vaya novedad!
La ministra saca pecho, la derecha ataca y ahora los socialistas se van a colgar la “medallita” pues van a corregir –dicen- los aspectos negativos de la aplicación de la ley, la reducción de penas, se entiende. A Unidas Podemos no le queda otra que aceptar, aunque sea a regañadientes, aunque hacen ver que no van a consentir que el tema de consentimiento, sea tocado. Este ha sido uno de los ejes de lucha del movimiento feminista en los últimos años, pues significaba que la víctima tenía que demostrar que se resistió a la agresión sexual.
Una ley no es mejor ni peor por el hecho de lo punitiva que sea; no vamos a acabar con la violencia contra las mujeres a golpe de código penal. Pero es evidente que no se pueden impedir estos crímenes con recortes y con una dotación económica insuficiente. No se puede acabar con la precariedad que sufren en sus vidas muchas mujeres, sin acabar antes con la reforma laboral, por ejemplo, o con las leyes de extranjería que son las que las hacen vulnerables. Sin buenos trabajos, sin viviendas dignas, sin una verdadera prevención y sin verdaderos cuidados colectivos… esta lacra social va a persistir por buena o mala que sea la actual ley, porque la violencia machista tiene causas estructurales en la sociedad capitalista y ninguno de los partidos actuales en el marco institucional quiere combatirlo de raíz.