A finales de septiembre, la compañía de telefonía Vodafone había anunciado un ERE, al que ahora suma el cierre de todas sus tiendas propias en España.
La empresa había previsto inicialmente la salida de 515 trabajadores, rebajando finalmente esa cifra a 509. Junto al ERE también ha anunciado el cierre de sus 34 tiendas, implicando a 237 trabajadores.
Vodafone gastó mucho dinero en remodelar todas sus tiendas hace dos años aproximadamente. Ahora aplica un ERE solo a esa parte de la plantilla, la comercial, el resto de secciones de la empresa no se ha visto afectada.
Según la empresa, el ERE “en las áreas comerciales supone un paso más en el proceso de transformación de la compañía…”. Vodafone ya realizó un ERE en 2019 con el que despidió a 916 trabajadores. Anteriormente, en 2015, en otro ERE fueron despedidos más de 1.000 trabajadores. Vodafone lleva despidiendo a trabajadores mediante desde 2002, a razón de un ERE cada 2 años aproximadamente.
El grupo Vodafone ganó 536 millones de euros al cierre de su año fiscal. Vodafone España tan solo ha ingresado un 3% menos, hasta 4.166 millones, o eso dicen. El aumento de los beneficios va al ritmo de los ERE. Beneficios obtenidos, sobre todo, como resultado del ahorro de costes por los sucesivos despidos de trabajadores a lo largo de años. Y, además, es ese sector, el comercial, el que se está llevando el grueso de los despidos con cada ERE que lleva a cabo la compañía.
Ya se trate de Vodafone, o de cualquier otra empresa, el ERE es un medio de conseguir sacar más dinero que por otros medios la empresa no podría obtener en tiempos de crisis. El ERE es aprovechado para, despidiendo a los trabajadores más antiguos, contratar luego a trabajadores con menos experiencia, en peores condiciones y cobrando mucho menos; son la forma de esas empresas de aumentar sus beneficios, a costa de sacrificar puestos de trabajo y de precarizar el empleo.
Ante los despidos, solo cabe la unión y la lucha de todos los trabajadores contra la patronal para empezar imponiendo una ley que prohíba los despidos y que las verdaderas cuentas los trabajadores las hagan públicas.