Estos días la nueva ley educativa ha hecho salir a la calle a la patronal y asociaciones de los colegios concertados y la derecha al completo -PP, Ciudadanos y Vox-. Dicen que esta ley quiere acabar con “la libertad de enseñanza”. Nada más lejos de la realidad. La nueva ley educativa sólo limita ciertas prerrogativas. Fundamentalmente: elimina las notas religión en el expediente académico, prohíbe cobrar extras, obliga a no discriminar al alumnado seleccionándolo por sexo o condición, proyecta una progresiva inclusión del alumnado discapacitado y limita la “donación” de suelo público.

Que quede bien claro: el negocio y control de la patronal educativa – la mayoría religiosa católica- no está en peligro: de hecho ha recibido mucho dinero. Concretamente su presupuesto en 10 años, subió un 25%, frente a los recortes en la pública. 6.179 millones de euros destinados en 2017 y que no van a verse reducidos con la nueva ley. Al contrario, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé un aumento de la financiación del 5%.

Entonces, ¿a qué vienen tantos aspavientos? La razón es que en nuestro país hay una “cultura” de discriminación educativa. Tradicionalmente la educación en manos de la iglesia católica era de “calidad” porque nunca ha habido enseñanza pública e igualitaria: la educación ha sido siempre monopolio de las clases altas y medias. No es hasta los años 80 que las clases populares han tenido más oportunidades de acceder a la enseñanza pública gratuita. La educación “privada”, “concertada” era para las familias que pagaban; la pública era “de pobres”. Así la derecha y la iglesia mantenían su privilegio de educar y de trasmitir su ideario porque tenían el “prestigio” y los medios.

La derecha y la patronal católica siguen apretando para mantener sus máximos privilegios ideológicos y por eso hablan de “libertad” para ellos, de elegir con qué cura o monja quieres estudiar, a costa -claro está- del dinero de todos y de la escuela pública.