Un nuevo acuerdo entre empresarios, gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, se firmó el lunes 11. El pacto social firmado carga, una vez más, sobre los hombros de las clases trabajadoras y populares, las consecuencias de la crisis.
Tras el título “defensa del empleo” se esconde la dura realidad: facilita los despidos temporales, los ERTE y exonera, hasta el 85% según casos, a la patronal de las contribuciones a la seguridad social. ¿Habrá que recordar que los ERTE, el desempleo temporal, se paga con las cotizaciones colectivas de años trabajados, mientras la patronal guarda sus beneficios a buen recaudo? La patronal con este acuerdo se ahorra el pago de salarios, que lo paga el Estado y parte o todas, de las cotizaciones sociales.
Y los beneficios del capital se guardan en las cajas fuertes de los bancos y en los paraísos fiscales, como lo hace el monarca emérito. El pacto social ni siquiera anula la Reforma Laboral, ni prohíbe el despido, ni los ERE y ERTE.
A eso Yolanda Díaz, ministra de trabajo, le llama “acuerdo equilibrado” que “beneficia a los empresarios”, “pero también a los trabajadores”. Quizás diga eso porque los que crean la riqueza social, los y las trabajadoras, la mayoría social, pueden cobrar el salario del paro y no tienen que ir a las colas del “hambre”, por un pedazo de pan. Este acuerdo lo han presentado como “el camino para la reconstrucción de nuestro país”. ¿Es este el nuevo “Bienvenido mister Marshall”, que “no va dejar a nadie atrás”?
La verdad es otra: quienes pagan la factura del acuerdo es el pueblo trabajador, en vidas, por estar en primera fila de la pandemia, por la situación degradada de los servicios públicos y sanitarios en especial – miren lo que ha pasado en las residencias de ancianos- y en dinero público que es trabajo acumulado en las arcas del Estado.
Este gobierno de “progreso” desgraciadamente está haciendo el trabajo sucio al capital. El trabajo que el PP, Ciudadanos y Vox no podrían hacer. Y este trabajo es simplemente garantizar el funcionamiento de las grandes empresas y bancos, y sus plusvalías, y si hay que dar migajas, como una renta mínima, que la defiende ya hasta Pablo Casado y Luis de Guindos, se dan, ¡y a callar las bocas y estómagos!, para salvar los beneficios de la burguesía.
El pacto social firmado tiene además una letra pequeña que muestra que tras la palabrería “progresista” solo se esconde la trampa del capital. Algunos ejemplos: en el texto se dice que las empresas con domicilios fiscales en países o territorios llamados “paraísos fiscales” no podrán acogerse a los ERTE, salvo que abonen “la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social”. Se podrá despedir definitivamente y sin coste si hay “un riesgo de concurso de acreedores”. Ya vimos lo que pasó con Alestis y sabemos que son formas, “los concursos de acreedores”, donde se esconden la especulación empresarial, la compra, venta de empresas a precio de saldo. Se podrá despedir, sin devolver las exenciones de impuestos, en los contratos temporales, los despidos procedentes, disciplinarios -como los 8 compañeros de Aerotecnic, ¿pero no se había prohibido el despido? – con el fin de contratos fijos-discontinuos que tampoco estarán sujetos al “mantenimiento del empleo”.
En definitiva, se está demostrando que el camino de la “reconstrucción económica” en España, se hace a costa de las y los trabajadores y bajo un gobierno que hace asumir a las clases populares la crisis diciendo “no dejar a nadie atrás”.
La realidad es terca, sin embargo. En nuestro país, como en el mundo entero, la crisis del Covid19 está demostrando que es la clase trabajadora la que asume la responsabilidad, incluso con su vida, de mantener la sociedad y que la propiedad privada del capital con todos sus voceros y defensores, no puede sostener, ni siquiera, una salud pública decente. Para sobrevivir la clase trabajadora tendrá que luchar sin remedio. Hay que preparar las barricadas.