El Gobierno presentó en enero pasado un real decreto en materia de vivienda, en él se adoptaban medidas sobre las prórrogas de los alquileres, la garantía en las fianzas, en fin, más de lo mismo y ninguna novedad. Dicho decreto fue rechazado por los grupos PP, Ciudadanos, ERC y Podemos, ya que no incluía las medidas pactadas con el Ejecutivo para apoyar los Presupuestos de 2019. El pasado 19 de febrero, el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura informó que se presentaría otro decreto más acabado, antes que se disuelvan las Cortes.

Este nuevo decreto ley sobre vivienda incluye la limitación de los precios del alquiler o bien, que los precios sean regulados por el Gobierno.

Otro punto de este nuevo decreto se formula en torno al parque de viviendas sociales. Según Saura habría que pasar del actual parque de 2,5% a un 8% en 2030.

Por último, un punto muy importante, es la lacra de los desahucios, que siguen acosando y dejando en la calle a muchas familias sin recursos. Aquí, la iniciativa del Gobierno pasa por sensibilizar a las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos. Todo un “lujo” de compromiso social.

Como vemos, todos son simples parches, decisiones que no tienen la voluntad de arreglar el verdadero problema de la vivienda. Y aun así, en el Congreso, el citado decreto ley a sido “tumbado” en cuatro ocasiones, a pesar de los escasos objetivos que plantea. Es claro que las administraciones se decantan por seguir haciendo negocio con el suelo público, beneficiando a las empresas privadas, a las constructoras e inmobiliarias y por supuesto a la banca. Así pues, la población trabajadora deberá seguir manteniendo el nivel de vida de un puñado de capitalistas.

En 2018 los desahucios rondaron los 70 mil, todo un récord. Recordemos el desahucio ocurrido este mes de febrero en Madrid, en el que cuatro familias fueron expulsadas de sus viviendas, con un dispositivo policial “sin precedentes”; mientras Carmena se encogía de hombros y prometía ‘una alternativa’ y Pedro Sánchez miraba hacia otro lado.

Es necesario acabar con el negocio de unos pocos a costa de una necesidad social como es la vivienda. Para ello, las viviendas en manos de los bancos, de los especuladores, deben ser expropiadas sin indemnización y puestas al servicio de las clases trabajadoras, cuyos precios deben ser regulados y controlados en todo momento por la población. Sólo así se evitará la rapiña capitalista que sirve de alimento a vividores sin escrúpulos.