La Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada finalmente por un parlamento con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), ha provocado una amplia movilización, en su contra, de los estudiantes universitarios y también de los de enseñanza secundaria, secundados por profesorado universitario y personal no docente de las universidades; incluso los rectores se oponían a la citada ley, aunque sus razones estén más relaciones con un enfrentamiento con el gobierno del Partido Popular (PP) por el control del gobierno de las universidades.

El seguimiento de los distintos paros, manifestaciones y encierros fue masivo en toda España. El miércoles 14 de noviembre de 2001 más de 250.000 estudiantes se manifestaron en las principales ciudades españolas. El sábado 1 de diciembre una gran manifestación reunió en Madrid a 350.000 estudiantes contra la ley. Convocada por los sindicatos CC.OO, UGT y diversos sindicatos estudiantiles, en la manifestación participaron los rectores de las universidades y contó con la presencia del dirigente socialista Rodríguez Zapatero, buscando su foto. Su lema era "Por una Universidad Pública y de calidad. No a la LOU". No fue la única que ese día se celebró en Madrid también contra la LOU.

Esta ley es vista por los estudiantes como un ataque a la enseñanza pública. En líneas generales introduce importantes elementos de gestión privada en las universidades públicas, las subordina a los intereses de las empresas privadas y aumenta la precariedad laboral del profesorado. Por otro lado, deja sin resolver los grandes problemas de la enseñanza como la falta de recursos económicos, la insuficiencia de becas, la masificación y falta de medios. La protesta de los estudiantes es completamente justa.

La ley provocaría la desaparición o disminución drástica de la representación de los estudiantes y de los trabajadores de administración y servicios en los órganos de gobierno, ya hoy pequeña, a favor de un poder casi absoluto para las altas jerarquías, como los rectores o decanos de facultad. Incluso introduce en este aspecto de la representación diferencias entre el profesorado laboral y funcionario.

La LOU favorece la implantación y el desarrollo de las universidades privadas y de la Iglesia, a las que, por otra parte, se les concede una mayor participación en los asuntos generales que afectan a la enseñanza universitaria. Pero también en la enseñanza pública se tiende a reforzar la existencia de universidades de elite y universidades de segunda clase, en la medida que se crea un ranking de universidades en función de su "calidad". Esta segregación se ve reforzada por dos hechos. Primero cada facultad puede establecer sus propios criterios de admisión de alumnos, creando desigualdades y arbitrariedades, y seleccionando a aquellos que les convenga. Segundo, el creciente incremento del precio de los estudios universitarios y la insuficiencia de becas, que afectan principalmente a los estudiantes procedentes de las capas populares. En el aspecto de las becas introduce la posibilidad de préstamos bancarios para pagar los estudios. Pero no solo la patronal de la enseñanza privada sale beneficiada. La patronal en general tendrá una amplia influencia en los Consejos de Gobierno de las universidades, y la investigación universitaria se orientará más claramente aún hacia los intereses de las empresas, ofreciendo las universidades a estas sus grupos de investigación. Dinero público y conocimientos trasvasados al sector privado, investigación en función del beneficio privado.

En el plano laboral la ley amplia hasta un 45% el número de profesores que podrán ser eventuales, y potencia la movilidad geográfica. Esta situación condena a la inestabilidad y a la desigualdad salarial y de derechos a buen número de profesores. Situación de precariedad y eventualidad que por otra parte afecta ya sobremanera al conjunto de la clase trabajadora española.

Pero la ley no dice nada respecto a la necesidad de más inversiones que acaben con los problemas de masificación, falta de espacio e infraestructuras, y medios tan elementales como bibliotecas. España es el antepenúltimo país de la Unión Europea (UE) en el gasto dedicado a las enseñanzas superiores, un 0,86% del PIB frente a un 1,36% de la media de la UE.

También el continuo recorte del gasto público en la enseñanza afecta de forma escandalosa a la educación Primaria, Secundaria y a la Formación Profesional, aquellas que cubren la educación de los sectores obreros y populares. Cada año los colegios e institutos ven recortado el dinero para su mantenimiento, faltan profesores, personal de servicio, las bajas de unos y otros apenas se cubren, y los colegios y centros de los barrios populares cada vez están más degradados. En estos tramos de la enseñanza el personal interino es alrededor de un 20%.

Mientras esto ocurre la Iglesia recibe cuantiosas partidas del Estado para sus colegios: ¡420.000 millones de ptas. al año!, sin contar los 100.000 millones para los salarios de los profesores de religión en los centros públicos, y crece el número de los llamados colegios concertados, que son privados, en su mayoría de la Iglesia, pero costeados íntegramente, incluido sueldo de profesores, por el Estado. Privilegios estos recogidos expresamente en la Constitución de 1978 (consensuada entre la derecha de origen franquista y PSOE, PCE), y garantizados por todos los gobiernos: durante los seis primeros años de gobierno socialista la ayuda a la enseñanza privada aumentó en un 112%.

De esta política son responsables también los gobiernos de las Comunidades Autónomas, algunas gobernadas por el PSOE, que aplicó en sus años al frente del gobierno central similares medidas de recortes en la enseñanza pública, y hoy utiliza la protesta estudiantil como medio para desgastar al Partido Popular. Por citar un ejemplo, en Andalucía, gobernada por el PSOE, las plazas convocadas en educación para este año, apenas si cubren las vacantes por jubilación.

Educación y clases sociales

Los sistemas educativos cumplen la función de adecuar a la población infantil y juvenil al sistema productivo capitalista, son por tanto un instrumento de reproducción de la división del trabajo; permiten establecer entre la población la división que permitirá a cada cual ocupar su puesto en la sociedad. Además son transmisores de los valores e ideas dominantes, más que a través de los libros de textos, a través de la socialización de los individuos en los distintos niveles de enseñanza. Los sistemas de enseñanza son la manera de preparar a la gente para el trabajo de una manera sistemática, a lo largo de su vida juvenil, socializando a los jóvenes para adaptarlos al sistema empresarial vigente.

Esto no siempre ha sido así. Sólo desde el desarrollo de la revolución industrial el Estado fue imponiendo la obligatoriedad de la educación para toda la población, dependiendo, en ocasiones, del grado de desarrollo de cada país. Se crearon entonces sistemas educativos que preparaban a la sociedad y a las personas para su puesto en la sociedad de clases. El maquinismo exigía una mano preparada que pudiera utilizar las máquinas. Por otra parte, la necesidad de desarrollar incesantemente la industria y abaratar los productos en una competencia salvaje hace necesario la aplicación de la ciencia a la producción de una manera sistemática. Para ello las distintas empresas tienen que invertir en nuevas tecnologías que permitan una explotación mayor del proletariado, al aumentar los ritmos de trabajo produciendo más con las nuevas aplicaciones técnicas. Los científicos y técnicos que trabajan y que investigan para las empresas han salido de la universidad.

La titulación es por tanto una valoración de la fuerza de trabajo que permite al empresario garantizar una mínima o máxima preparación para su explotación. Por eso las titulaciones, aún obedeciendo a una necesidad cultural o científica, tienen su valor en el sistema productivo, y por eso, por ejemplo, un estudiante de telecomunicaciones, tiene una mayor salida laboral que un maestro.

En España la primera ley que trata de ordenar el sistema educativo, y establece al menos en teoría la obligatoriedad de la enseñanza primaria, aparece con el alborear de la revolución industrial española. Se trata de la Ley de Instrucción Pública de 1857 o Ley Moyano. Más que nada pretendía asegurar una enseñanza secundaria y universitaria para los hijos de la burguesía. Las cifras son elocuentes a este respecto: hacia 1860 el número de estudiantes universitarios no sobrepasaba los quince mil, mientras que todavía en 1900 había un 63% de analfabetos.

España era un país con fuertes pervivencias semifeudales y un enorme peso de los uniformes y las sotanas. Una burguesía débil y desarrollada solo en las regiones periféricas, tiene que hacer frente a un proletariado muy combativo. Frente al peligro de revolución social esa burguesía se echaría en brazos de los terratenientes, y de los poderes tradicionales: el ejercito el clero y la monarquía. El interior del país era el dominio de los grandes latifundios que empleaban una numerosa masa de jornaleros hambrientos. No es extraño que la opinión más extendida entre las clases dominantes fuera que el analfabetismo era algo deseable. Pero incluso en Barcelona, la ciudad burguesa por antonomasia, en 1928 solo existía un Instituto Oficial de Enseñanza Media (Pere Darder y otros). Es la Iglesia la que va a controlar la enseñanza en España con un carácter marcadamente reaccionario.

Si la educación media y superior es reservada a las elites burguesas, para la clase obrera la enseñanza se limitaba a la adquisición del "habito del trabajo" y muchos principios religiosos y morales, encaminados a hacer "aceptar sin quejarse las privaciones a las que se verá expuesto; dándole valor para las grandes y perseverantes esfuerzos que tendrá que hacer... enseñándole por último a vivir contento con su propia suerte en medio de personas, a su parecer más favorecidos por la fortuna, y a buscar los únicos medios legítimos de mejorarla" (Barón de Gerando, en José B. Seoane).

Como resultado, al filo de proclamarse la II República (1931), en la enseñanza primaria la escolarización solo era del 40%, y a la enseñanza media solo accedía el 2% de los alumnos. Se podría pensar que en educación, como en otros terrenos, los gobernantes de la II República, entre los cuales se encontraron dirigentes del PSOE, emprenderían al menos las reformas democráticas pendientes en España. Pero pusieron más empeño en demostrar a los ojos de las clases dominantes que la República era algo respetable, que no pondría en cuestión el orden burgués. El hecho de que se calculara como necesarias 27.000 nuevas escuelas y los créditos aprobados solo dieran para 8000, no es solo un problema de presupuesto (nunca lo es), sino de una elección social, ya que las clases acomodadas tenían garantizada la enseñanza no así la población trabajadora y, por ejemplo, la reforma del ejercito, para contentar a la jerarquía militar absorbió más dinero que lo dedicado a una reforma agraria, que tampoco llevarían a cabo.

La derrota de la revolución española iniciada en 1936 y el triunfo de Franco significaron una salvaje represión y el aniquilamiento físico de toda una generación de militantes obreros. La clase obrera tenía que pagar su atrevimiento. La reconstrucción del país y la acumulación de capital se hicieron sobre la base de una brutal explotación de los trabajadores. En medio de la miseria de la población trabajadora se cerraron numerosos centros públicos y la Iglesia vio reforzado su monopolio sobre la enseñanza. En 1942 el presupuesto para el ejército y ministerio de Gobernación (la policía) llegaba al 46% del total frente al 5,5% dedicado a Educación.

La represión provocó una depuración del 80% del total de maestros, según datos del propio Ministerio de Educación de 1970. En cuanto a lo que se enseñaba, un tal Maillo, inspector de Primera Enseñanza, se vanagloriaba que la educación se inspirase en principios netamente medievales. Nuestro inspector argumentaba también que la educación secundaria era perjudicial para las mujeres "obligadas a un trabajo mental para ellas excesivo, que roba riego sanguíneo a regiones orgánicas fundamentales para su porvenir como mujeres". Se prohibió la enseñanza mixta, pero Ruiz Jiménez, Defensor del Pueblo con la democracia y por entonces ministro de Educación, fue más lejos y en 1952 prohibió que incluso coincidieran niñas y niños a la hora de la matriculación o por cualquier otro motivo. Y hablando de demócratas de toda la vida, Martín Villa, conocido militante del PP, ex ministro de Interior con la UCD y presidente de Endesa, llegó a presidir a finales de los 50, el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), la organización de corte fascista que controlaba la universidad. La actual ministra, militante del PCE en su juventud, puede tener en él un buen consejero sobre la endogamia universitaria.

Reformas al servicio de la patronal

Pero sobre todo ha habido dos leyes fundamentales que cambiaron los sistemas educativos vigentes para adecuarlos al sistema capitalista del momento.

La primera fue la Ley General de Educación de 1970, por la cual se creaba una Formación Profesional (FP), que respondía básicamente a la expansión industrial del momento, y potenciaba las universidades para la dirección científico y técnica de las empresas y de la sociedad. El punto de partida de la industrialización de los años 60 es el plan de Estabilización de 1959 que marca el fin del periodo autárquico del franquismo y la apertura del capitalismo español al exterior. Pero esa política económica se hizo sobre las espaldas de los trabajadores. El Plan significó una drástica reducción del gasto público, la congelación de salarios y la devaluación de la peseta. El paro generado por el reajuste se desvió hacia la emigración a Europa (más de un millón trabajadores en toda la década), mientras aquellos que se quedaron vieron aumentar las horas extras y disminuir sus salarios (entre 1958 y 1965 la renta salarial disminuyó un 17% sobre el conjunto de la renta nacional). La imposición de bajos salarios en el campo provocó una masiva emigración a las ciudades, proporcionando una mano de obra barata que se concentró en la periferia de las ciudades.

Esta es la base del desarrollismo de los 60 que se simbolizaría en los famosos Planes de Desarrollo, impulsados por un nuevo equipo dirigente de tecnócratas procedentes del Opus Dei. La industrialización requería técnicos, directivos y administradores de empresas, funcionarios y una cierta mano obra para las nuevas instalaciones industriales, con una mayor cualificación que la requerida en la economía más cerrada y primitiva de la autarquía. Por lo tanto había que adaptar el sistema de enseñanza a las nuevas necesidades del capital. Si tomamos como ejemplo la Formación Profesional y miramos las estadísticas, los alumnos matriculados pasan de 115.000 en el curso 1964-1965 a 204.000 en el curso 1973-1974 y los centros de FP de 400 a 1002 en el mismo periodo (Instituto Nacional de Estadística, 1975).

La falta de profesorado que atienda, en general, el crecimiento del sistema educativo se refleja en los estudios y documentos oficiales de la época. Un estudio titulado "Problemática de la Enseñanza de Grado Medio", realizado poco antes de la reforma del 70 y financiado por la "Fundación Juan March" (banquero que financió el golpe militar en el 36), manifestaba al respecto "La revolución tecnológica, momento en que vivimos, provoca unas reacciones en cadena, una de las cuales es que se produzcan desfases entre el número de alumnos y profesores. La industrialización absorbe cada día más a titulados que, o iniciaron su preparación para dedicarse a la función docente o que, sin decisión previa, en el momento de su habilitación legal para el ejercicio de una profesión, son atraídos por el señuelo de un puesto de trabajo, muy distinto de la profesión docente." Vemos como junto a la ya mencionada demanda de cuadros técnicos para las empresas, el mayor interés del estado por la universidad responde, igualmente, a la necesidad de un mayor número de profesorado que atienda mínimamente la extensión del sistema educativo.

Se puede decir que la Ley General de Educación es el primer sistema público generalizado que aparece en España y no es casualidad que se desarrolle con la industrialización del país. Pero, evidentemente, se hace sobre la base de una enorme desigualdad social. Si es el estado quien financia una educación puesta al servicio de los intereses empresariales, ese dinero saldrá del bolsillo de los trabajadores y la población humilde. Entre el 50% y el 60% de los ingresos presupuestarios procedían de los impuestos indirectos, que gravan especialmente a las rentas salariales. Por ejemplo, en 1966 los impuestos indirectos habían aumentado un 21% respecto al año anterior, frente al 19% de los directos (Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, 1996). Si cierto número de hijos de trabajadores accedería a la Universidad, sobre todo en los años 70, la mayoría queda fuera, mientras que el sistema educativo es financiado con los impuestos pagados por los trabajadores. Y a pesar de todo España seguía siendo uno de los países que menos invertía de sus presupuestos en Educación. Un escrito de Procuradores en Cortes franquistas ponía de manifiesto, en 1968, que más de un millón de niños de 6 a 14 años carecían de escuelas. Todavía a mediados de los años 70, si volvemos al caso de la FP, el peso de los centros privados es mayor que el de los públicos y la existencia de una Formación Profesional Superior implicaba una fuerte selección.

Ni que decir tiene que la enseñanza era fuertemente autoritaria y reaccionaria.

La otra ley sería la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), desarrollada por el PSOE y aprobada en 1990. A parte de todo lo discutible de sus orientaciones pedagógicas, hay especialistas que subrayan en ese aspecto que es una reforma hecha a la medida de las clases medias (Encarna Rodríguez), se ve claramente la adecuación al sistema productivo de un capitalismo en crisis, incapaz no solo ya de crear puestos de trabajo al ritmo de décadas anteriores, sino que lleva a un brutal aumento del paro, con la mayoría de las ramas productivas estancadas y los beneficios alimentando el sistema financiero.

Durante los años 80, periodo del desarrollo experimental de la LOGSE, la reconversión industrial llevaría a la pérdida de más del 25% de los puestos de trabajo, y el paro juvenil alcanzaría niveles del 57%. A partir de 1990 el paro llegó a situarse en el 24% de la población activa. En torno a 1996 un 96% de los contratos eran temporales, y de estos la mitad tenían una duración inferior a un mes. En 1994 el PSOE impuso una reforma laboral que aumentaba la flexibilidad del mercado laboral, mediante los famosos "contratos basura", como el de aprendizaje que golpeaba, sobre todo, a los jóvenes, privados, por este contrato, incluso de cobrar el desempleo.

Paro y precariedad que tienen su reflejo en dos aspectos de la LOGSE: la necesidad de aumentar la edad de escolarización y la Formación Profesional (FP). En el primer caso, sin apenas dotaciones y medios, con continuos recortes presupuestarios, las escuelas parecen más bien "centros de acogida" de adolescentes. De hecho la aplicación de la LOGSE se ha llevado a cabo con un presupuesto claramente inferior al mínimo necesario. Los jóvenes víctimas del llamado fracaso escolar, procedentes de la población humilde, siguen encontrando en la escuela la misma barrera infranqueable de antes.

Mientras que en la Ley del 70 se creaba una red pública de institutos, ahora la nueva FP se hace mediante ciclos formativos de grado medio y superior, cuyos futuros técnicos, especialmente los del ciclo superior, tendrán una formación más cualificada pero su número será menor. Las barreras selectivas actúan en ese sentido; para acceder al ciclo de grado medio se necesita el titulo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, que ya excluye a muchos jóvenes dado las elevadas cifras de fracaso escolar, para el ciclo superior el filtro es mayor al exigirse el título de bachillerato. Además no se puede acceder directamente del ciclo medio al superior sino mediante un examen.

Mientras tanto los adolescentes que se quedarán fuera del sistema por que no quieran seguir estudiando y quieran colocarse con su graduado, o los que salen sin título, y esto es un problema social que afecta a los estudiante de procedencia obrera y de la población más humilde, solo tendrán acceso a los Programas de Garantía Social, de baja cualificación, o a la Formación Ocupacional privada, impartida por sindicatos o empresas. Así la mano de obra menos especializada se formará dependiendo de las necesidades de la patronal con subvenciones del estado. Antes el peso de la formación recaía sobre la FP oficial, ahora, cada vez más sobre entidades privadas. Pero en ambos casos la formación se ajusta a los intereses de la patronal, y la financiación es del Estado. Esos intereses también están presentes en los ciclos formativos oficiales, como la incorporación de un representante empresarial en los consejos escolares de los centros de FP, o que la implantación o duración de un determinado ciclo pueda depender de la demanda del mercado.

Ahora con la LOU, se quiere hacer para la enseñanza superior lo que se hizo con la LOGSE, apretando más las clavijas, si queremos usar la expresión. Es decir que la elite técnica y científica se haga de acuerdo a las necesidades empresariales, dejando universidades selectas, privadas o no, introduciendo un factor más de competencia que permitirá abaratar los costes para la patronal. Pero hay que señalar que esto siempre ha sido así, el puesto de trabajo lo definía el sistema productivo, ahora lo hará con menos "rigidez." Y desde luego las más afectadas negativamente serán las facultades que generan el personal de enseñanza general pues ya no se necesitan tantos profesores, con solo unas pocas es suficiente.

En definitiva la LOU no hace más que adecuar al sistema capitalista en crisis el sistema público de enseñanza para hacerlo más rentable a los capitalistas y gastar menos en los sectores que no se necesitan. Nada nuevo, porque en definitiva es siempre el sistema capitalista el que realiza su división del trabajo, y el eje del problema es siempre el mismo: los intereses de la patronal.

Febrero de 2002