La vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias está usando una parte de los beneficios empresariales para financiar a las ONG’s, que están desarrollando labores asistenciales durante la pandemia.

La normativa establece como aportación a ese fondo el «0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades» de los contribuyentes «que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido» y limita el destino de las subvenciones a «proyectos de entidades de ámbito estatal». Resulta ridícula la aportación empresarial, algo más de 35 millones de euros en 2018.

La cuestión no es cuanto pagarán, ni siquiera si marcarán la casilla los empresarios. La cuestión es que no se ataca a los beneficios empresariales y que éstos no se utilizan para satisfacer las enormes carencias que existen, por ejemplo, en la sanidad pública, o en servicios sociales o en dependencia. En realidad, esta medida es una medida pobre y sin ambiciones.

La empresa que decida marcarla no aportará un extra de más de sus propios beneficios empresariales para esos fines sociales, sino que lo hará detrayéndolo de la hucha común de los impuestos que les corresponda pagar. O sea, el empresario ni se le obliga a contribuir ni se espera que lo haga.

A la vista está que este gobierno no quiere meterse con los grandes empresarios, con las grandes fortunas. Prefiere que sea la propia clase trabajadora la que sufra las consecuencias de un sistema injusto que beneficia a los que tienen dinero.
El Impuesto de Sociedades: No pagan más los que más tienen.

La participación del impuesto sobre sociedades en el conjunto de ingresos fiscales en los países pertenecientes a la OCDE alcanzó un 10%, frente al 26% correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si se siguen sin tocar los beneficios empresariales, no pagan más los que más tienen.

En 2019 los ingresos por IRPF ascendieron a 86.892 millones, un 4,9% por encima de lo recaudado en 2018.
Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades en 2019 fueron de 23.733 millones, un 4,4% menos que en 2018.

El gobierno podría haber aumentado la participación de los beneficios empresariales, en los gastos sociales, amentando así los niveles de financiación. Habría posibilitado una gran mejoría a la respuesta médica y social ante el COVID-19 para toda la población y que ha tenido graves consecuencias para los sectores más débiles, como los mayores.

En lugar de ello ha permitido que los trabajadores en la sanidad pública se vean desbordados, trabajando día y noche muchos de ellos, sin medios y expuestos al contagio. Están dando todo lo que pueden para salvar vidas. A lo más que la clase política ha podido llegar es, como demuestra Ayuso en Madrid, a despedir a miles de sanitarios sin esperar siquiera a cumplir sus contratos.

Los beneficios empresariales tienen su origen en la explotación laboral, que deteriora condiciones laborales y de vida a la mayoría trabajadora. Al imponer a la burguesía empresarial sobre un porcentaje de sus beneficios, no se pone en duda el que los propietarios burgueses actúen como lo hacen. Se está haciendo valer las leyes de la propiedad privada, que protegen a los dueños de las empresas y a todo lo que éstos producen en ellas, incluyendo los beneficios. Y son esas mismas leyes las que permiten que los propietarios de los medios de producción se queden con la parte excedente del trabajo que realiza la clase trabajadora. Esto es algo que este gobierno no piensa si quiera en poner en duda. Porque con las reformas laborales, que siguen sin derogarse, esas empresas siguen teniendo en sus manos todo el poder.

No se puede pretender hacer justicia fiscal ni social gravando la acumulación de beneficios en momentos de crisis como el actual. Lo urgente es disponer de todos los recursos, públicos y privados necesarios para contribuir a la solución. Este gobierno sigue pregonando que nadie se va a quedar atrás, pero no lleva adelante medidas serias en ese sentido.

Esas medidas solo las podrá llevar adelante la clase trabajadora, sometiendo el actual sistema económico bajo su dirección. Puede empezar a aplicarse llevando a cabo, en primer lugar, la expropiación de los beneficios empresariales. Abolir la propiedad privada de los medios de producción, controlar la banca y las cuentas empresariales, sacando a la luz sus negocios. En suma, controlar la economía para servir a la sociedad en su conjunto.