El gobierno congela las pensiones durante seis meses, ahorrando casi 4.000 millones de euros; sube la tasa sobre la electricidad en 3.000 millones de euros; recorta los presupuestos de las administraciones locales en 5.000 millones de euros; reduce el reembolso de las consultas médicas en 1.500 millones de euros; recorta las dietas; suprime 4.000 puestos de enseñanza... el gobierno ataca lo más vital para todos.
Millones de trabajadores, pensionistas y jóvenes no tienen 1.000 euros al mes para vivir. Ya renuncian a una alimentación adecuada. Reducen la calefacción al mínimo. Aplazan la visita al médico, al oftalmólogo o al dentista. ¿Y tenemos que aceptar que mañana sea peor?
El gobierno Barnier habla de «presupuesto de crisis». Pero para las clases trabajadoras, ¡el presupuesto de crisis es cada mes! Las clases trabajadoras pagan muy cara la inflación. A menudo, el salario de un obrero o de un empleado ya no basta para llenar el carrito de la compra y pagar todas las facturas, incluidas las cada vez más elevadas primas del seguro de enfermedad y de los seguros.
Todos estamos pagando el llamado déficit de las pensiones al vernos obligados a trabajar dos años más. Todos tenemos que hacer frente a hospitales y escuelas infradotados, residencias de ancianos, guarderías y transportes públicos saturados: hay que poner fin a estos retrocesos.
Y que el Gobierno no nos hable de «esfuerzos compartidos». Se supone que la sobretasa prevista para los ultrarricos aportará 2.000 millones de euros. Pero el año pasado, las empresas del CAC 40 les pagaron 70.000 millones en dividendos. Si siempre falta dinero para pagar las pensiones, al personal de los hospitales o a los profesores, nunca falta para las dinastías de accionistas, que no son más que parásitos.
El sistema capitalista funciona como una enorme bomba de succión de la riqueza producida por los trabajadores. Pero no para que su trabajo les compense, sino para que el dinero vaya a parar al dinero. Para que el capital rinda siempre más capital.
Además de enriquecerse mediante la explotación, los capitalistas también tienen que saquear el erario público. Esto explica la magnitud de la deuda. Porque el Estado no se endeudó para hacer regalos a los asalariados, a los pensionistas o a los parados, sino para hacer regalos a la burguesía y a los grupos capitalistas.
Pretendiendo «hacer más atractivo el país», como dice Macron, el gobierno ha suprimido el impuesto sobre el patrimonio. Ha bajado los impuestos sobre el capital y los beneficios. Al final, ¡el tipo impositivo de un panadero es superior al de un accionista millonario!
Y por si fuera poco, el Estado, así como regiones, provincias y ayuntamientos dirigidos por equipos políticos de todos los colores, colman de dinero a las grandes empresas con el pretexto de ayudarlas a invertir, a descarbonizar...
El Gobierno ha modificado, por ejemplo, el cálculo del impuesto para los armadores, «Por el empleo en la industria marítima francesa». En dos años, el Estado ha sufrido una pérdida de ingresos de casi 10.000 millones de euros, casi exclusivamente en beneficio de un grupo, ya que las tres cuartas partes del comercio marítimo francés están controladas por el grupo CMA CGM.
10.000 millones desaparecidos, pues, para un grupo capitalista que ha obtenido un beneficio de 23.400 millones de euros en 2023 y un multimillonario, Rodolphe Saadé, a la cabeza de una fortuna de 32.000 millones. Este último es ahora conocido por haber comprado el diario La Provence y el canal de televisión BFM. Y eso es sólo un ejemplo.
Sanofi, forrada de dinero público gracias a la desgravación fiscal a la investigación, se deshace de sus investigadores, e incluso de la producción de Doliprane, que ha sido vendida en un lucrativo acuerdo financiero.
Se vacían las arcas públicas para llenar las de las multinacionales y la gran burguesía: son vasos comunicantes. Así que esta deuda no es nuestra, es de la gran burguesía, y a ellos les corresponde pagarla hasta el último céntimo. Sólo suprimiendo los regalos a los capitalistas, echando mano de los 1.200.000 millones acumulados por las 500 mayores fortunas y requisando buena parte de los 180.000 millones de beneficios de las empresas del CAC 40, sobra dinero.
Debemos oponer este programa al gobierno Barnier y a todos los políticos que dicen estar en la oposición pero que en realidad lo apoyan, empezando por Le Pen.
Hacer pagar a la gran burguesía sería una primera medida de utilidad pública. Pero expropiarla y privarla de su poder de hacer daño seguirá siendo la única vía para acabar con una sociedad tan injusta, desigual y bárbara.
Nathalie Arthaud
Editorial de los boletines de empresas del 14 de octubre de 2024